12 de Diciembre del 2011... no se olvidará...
Imposible que mediante el uso abusivo de la fuerza pública y de las armas de fuego se intente disipar el espíritu de lucha legado por los profesores Lucio Cabañas Barrientos y el líder sindical del magisterio guerrerense, Genaro Vázquez Rojas, ambos egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, Gro....
---
Los cadáveres de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, yacen en la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo, luego que corporaciones policiacas emprendieran un violento desalojo a tiros contra alrededor de 500 manifestantes, quienes respondieron lanzando piedras, cohetones y bombas molotov. Legisladores, maestros y organizaciones de derechos humanos reprobaron el
uso irracional de la fuerzacontra estudiantes Foto Óscar Alvarado
A tiros, la policía desalojó un plantón en la Autopista del Sol
Sergio Ocampo Arista, corresponsal
"Represión en Guerrero
Más de 200 ONG condenan
ejecución extrajudicialde los dos normalistas
La CNDH inicia queja de oficio y envía visitadores al estado para realizar pesquisa
Policías resguardan el sitio después de la refriegaFoto Notimex
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 13 de diciembre de 2011, p. 4
Más de 200 organizaciones civiles y en particular de defensa de los derechos humanos de todo el país condenaron el asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Criticaron la brutalidad policiaca y exigieron una pesquisa inmediata, así como castigo a los responsables. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que inició una queja de oficio y envió visitadores para realizar la investigación correspondiente.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) prácticamente de todo el país exigieron “una investigación expedita, imparcial y efectiva de la violencia policial que culminó con la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes, y el pleno respeto al derecho a protestar de los normalistas de Ayotzinapa, de la sociedad guerrerense y la mexicana en su conjunto”.
La CNDH sostuvo que
permanecerá atenta a la actuación de servidores públicos encargados de cumplir y hacer cumplir la ley, de las investigaciones que emprendan para el esclarecimiento de estos hechos, lamentables y condenables, que por ningún motivo deben quedar impunes.
La comisión agregó que,
en el marco de la reforma constitucional promulgada en junio pasado, es muy importante que la actuación de toda autoridad se realice con absoluto respeto a los derechos humanos.
El presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el sacerdote Miguel Concha Malo, manifestó que
faltó sensibilidada los gobiernos del estado y federal “para atender las demandas de los estudiantes. Según las notas periodísticas que he leído, participaron policías federales, estatales y municipales, y hasta militares. Es grave que participen en estas tareas los militares, pues no están preparados para estos operativos.
La situación es muy preocupante; seguimos padeciendo asesinatos, desapariciones, lesiones, amenazas contra defensores y militantes de organizaciones. Hubo uso excesivo de la fuerza contra los estudiantes, desproporcionado. ¿Cómo envían policías y militares armados contra estudiantes? Es inadmisible.
Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, condenó el asesinato y aseveró que
es gravísimo que el gobierno haya decidido atacar a un movimiento estudiantil en lugar del diálogo y la atención de sus demandas. Son señales de intolerancia y una violación a los derechos humanos, porque los estudiantes normalistas son defensores del derecho a la educación.
Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, sostuvo que
esto habla mal de un gobierno que se niega a abrir espacios de diálogo. Siempre es cuestionable que el gobierno recurra a la represión antes que a la solución de los problemas; además, está atentando contra el derecho a la protesta y es condenable el uso excesivo de la fuerza.
Los hechos fueron condendos por más de 200 ONG de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Guerrero, Jalisco, Distrito Federal, estado de México, Colima, Puebla, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Chihuahua, Tlaxcala, Coahuila, Hidalgo, Tamaulipas y Baja California, entre otras entidades."
"Represión en Guerrero
Matan policías a dos estudiantes al desalojar un bloqueo carretero
Eran alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa
Los inconformes demandan audiencia con el gobernador Ángel Aguirre
Reportan heridos y desaparecidos
Policías federales durante la embestidaFoto Lenin Ocampo
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 13 de diciembre de 2011, p. 2
Chilpancingo, Gro., 12 de diciembre. Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, murieron al ser impactados por disparos de policías federales y estatales, así como agentes ministeriales, durante el violento desalojo de un grupo de alumnos de ese plantel que bloqueaba la Autopista del Sol México-Acapulco y la carretera federal, a la altura de Chilpancingo.
Alrededor de las 11:45 horas de este lunes, unos 500 normalistas llegaron al sitio en camiones, apoyados por 26 indígenas de la Organización Campesina del Municipio de Tecoanapa, y otros 20 de la organización Xanii Tsavvi (sueño mixteco), y cerraron los carriles de dichas vialidades.
Su demanda principal es una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien acusan de haberlos dejado plantados en cuatro ocasiones. Piden también el reinicio de clases en la normal, suspendidas desde el 2 de noviembre, debido a que los maestros
pretenden imponercomo director a Eugenio Hernández García, a quien los alumnos señalan de represor.
Otras peticiones son el aumento de la matrícula escolar de 140 a 170 plazas para el ciclo 2011-2012 y que los aspirantes que tengan promedio de siete de calificación puedan realizar el examen de admisión.
Apenas había comenzado el bloqueo cuando llegaron al menos 300 efectivos de las policías federal y estatal, estos últimos encabezados por el general Ramón Arreola Ibarría, subsecretario de Seguridad en Guerrero; más tarde arribaron agentes ministeriales.
Trabajadores de la gasolinera Servicio Centro Comercial narraron que minutos antes del mediodía, los agentes federales intentaron desalojar a los normalistas, quienes repelieron a los policías lanzando piedras, cohetones y bombas molotov.
En esos momentos, en la misma gasolinera, uno de los estudiantes de Ayotzinapa prendió fuego a una bomba despachadora de combustible; fue entonces cuando los federales realizaron disparos al aire.
A unos 50 metros de distancia, en el puente del río Huacapa, cerca de la tienda Liverpool, estaban apostados decenas de policías estatales, encabezados por el general Arreola.
Varios elementos policiacos vestían de civil.
Órale cabrones, los arengó el subsecretario de Seguridad para que enfrentaran a los normalistas. Varios agentes accionaron sus armas.
Ataque por dos flancos
Los estudiantes fueron atacados por dos flancos, de norte a sur, por ambos carriles de la Autopista del Sol, y por el puente del río Huacapa.
Un grupo de alumnos intentó resguardarse en uno de los camiones, y otro trató de repeler a los policías con cohetones y piedras, pero no lo logró.
Por el contrario, los balazos se intensificaron. Los cristales de los autobuses quedaron destrozados y las carrocerías con impactos de bala.
Atónitos y nerviosos, choferes de automóviles particulares, autobuses y tráileres, que atestiguaban los hechos en ambos carriles, huían para protegerse de los disparos.
Ahí, el chofer del tráiler con placas 249-DC-5 del servicio público recibió un rozón de bala en la cara, y un anciano que se protegía en el tráiler fue detenido por los elementos policiacos; hasta ahora se desconoce su paradero.
Los uniformados también detuvieron al reportero Éric Escobar, del semanario Trinchera, que se publica en Chilpancingo, a quien propinaron golpes en cara y cuerpo. Luego lo dejaron libre.
A las 12:10 horas las detonaciones de armas de fuego se incrementaron y fue cuando cayó muerto el estudiante Gabriel Echeverría de Jesús.
Casi al mismo tiempo fue abatido Jorge Alexis Herrera. Sus compañeros, pensando que sólo estaban heridos, trataron de subirlos a los camiones para resguardarlos, pero al percatarse de que habían muerto optaron por dejarlos en el suelo.
La balacera continuó durante unos 20 minutos más en ambos carriles; los policías correteaban pistola en mano a los normalistas, quienes lanzaban piedras a los agentes.
Varios estudiantes se refugiaron en los cerros ubicados en ambos lados de la carretera y de ahí se trasladaron a la normal. Otros se dirigieron rumbo al poblado de Petaquillas, a unos cinco kilómetros de distancia del lugar del desalojo.
Algunos huyeron hacia el municipio de Tierra Colorada, a unos 45 kilómetros de distancia. Según versiones de los propios estudiantes, dos de sus compañeros iban heridos.
En el suelo quedaron piedras, tubos, bombas molotov y decenas de casquillos de bala percutidos de armas de distintos calibres utilizadas por los policías.
Alrededor de las 12:35 cesaron los disparos. Minutos después llegaron tres vehículos del Ejército, los que permanecieron allí media hora y luego se retiraron rumbo al poblado de Petaquillas.
Más tarde llegó el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, Juan Alarcón Hernández, y decenas de dirigentes sociales, así como de organizaciones no gubernamentales. También arribaron los padres de varios normalistas.
Por más de dos horas privó la confusión. Los choferes de los vehículos varados bajaban de las unidades pero regresaban a ellas temerosos.
A las 14:35 horas se reanudó la circulación en ambas vialidades. La persecución de estudiantes no cesó, pues los policías buscaron en los cerros a los normalistas hasta después de las 16 horas.
Herrera Pino era originario de Atoyac de Álvarez, y Echeverría de Jesús era oriundo del municipio de Tixtla. Alrededor de sus cuerpos quedaron casquillos de balas calibre 7.62 para rifle G-3.
Entrevistado después del violento desalojo, el general Arreola, con manchas de sangre en la cara, comentó:
debíamos desalojar a esta gente, nosotros tenemos personal antimotines, y nos recibieron a golpes, con fuego, y el personal de la Policía Federal intervino.
–Señor, ¡hay dos jóvenes muertos que están ahí tirados! –se le dijo.
–No tengo conocimiento. No sé quien disparó, nosotros no traemos armas.
–¿Fue orden del gobernador (Ángel Aguirre) el desalojo?
–La orden del gobernador es que se restableciera la paz aquí. El personal de la policía estatal trae equipo antimotines y viene desarmado completamente.
–¿Restablecer la paz con dos estudiantes muertos?
–Establecer la paz con 800 seudoestudiantes que están tapando el paso –respondió molesto."
"Represión en Guerrero
Agentes
ministeriales, posibles autores de disparos: procurador
López Rosas incurre en contradicciones sobre si policías estatales iban armados
Otro aspecto del operativo policiacoFoto Lenin Ocampo
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 13 de diciembre de 2011, p. 3
Chilpancingo, Gro., 12 de diciembre. El procurador general de Justicia del estado, Alberto López Rosas, afirmó que
podrían ser (agentes) ministerialeslos hombres vestidos de civil que –de acuerdo con videos difundidos tras el asesinato de dos estudiantes– dispararon durante el desalojo de normalistas que bloqueaban la Autopista del Sol y la carretera federal.
Aunque en fotografías y videos difundidos se aprecia la embestida de los elementos policiacos, el funcionario aseguró que “no fue una acción de desalojo. Había la necesidad de estar en el lugar, categóricamente puedo decir que nuestros elementos fueron desarmados.
Podemos determinar de antemano que las armas o el arma empleada (para abatir a los dos normalistas) no es de las que rutinariamente se utilizan por parte de la autoridad, agregó.
López Rosas incurrió en contradicciones, pues después de haber dicho que
nuestros elementos fueron desarmados, declaró: “vamos a someter a investigación pericial las armas de los elementos usadas en el lugar de los hechos.
No quiero que nos enjuicien, sino que den la oportunidad de profundizar en las investigaciones. Fue una manifestación atípica en un día inhábil y hubo gente ajena a los estudiantes.
En conferencia de prensa en la sede de la Policía Ministerial, acompañado del secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, y de Arturo Martínez Núñez, vocero del Operativo Guerrero Seguro, dijo que el desalojo se realizó en atención a una denuncia presentada por el representante legal de una gasolinera.
Señaló que los trabajadores del expendio de combustible señalaron que algunas personas,
que no quiero reconocer como estudiantes de la normal, de la forma agresiva en que llegaron, arrojando artefactos con gasolina, se llevaron siete extintores y quemaron dos bombas despachadoras; un empleado está internado en Acapulco con quemaduras graves.
Recalcó que
la instrucción fue ir desarmados; posteriormente, ya cuando habían ocurrido los hechos para acordonar la zona, llegaron otros elementos; queremos llegar a la investigación más profunda.
El procurador informó que luego del desalojo, 24 personas fueron detenidas, entre ellas Gerardo Santiago Peña, de 19 años, quien tenía un cargador y posteriormente llevó a los agentes ministeriales a un lugar donde tenía oculto un rifle AK 47.
No tenemos elementos para considerar que sea estudiante de la Normal de Ayotzinapa; tenemos en custodia del Ejército ocho granadas recogidas en ese momento y el cargador del detenido, señaló. Además de los dos normalistas muertos, López Rosas reportó dos heridos, entre ellos Nicolás Rodríguez Salgado, empleado de una gasolinera, con quemaduras graves.
La primera reacción del gobierno de Guerrero tras el asesinato de los estudiantes fue emitir un comunicado en el que nunca se refiere al desalojo como tal, y señala que
en lo que va del gobierno nunca se ha impedido la manifestación pública de las ideas que consagra la Constitución federal, mucho menos se han limitado las expresiones públicas de protesta.
Agrega que con la base estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa se ha propiciado por parte del gobierno estatal una total voluntad de diálogo para la solución de los problemas que plantean."
"Injustificable
El mediodía de ayer, en un tramo de la Autopista del Sol cercano a Chilpancingo, dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, que participaban en un bloqueo carretero fueron asesinados a balazos por elementos policiales o parapoliciales, cuya adscripción no ha sido establecida. Lo que se sabe hasta ahora es que desde mediados de octubre ese plantel se encuentra acéfalo y que los cerca de 500 jóvenes inscritos en él no han tenido clases.
A finales del mes antepasado, el gobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero se comprometió con ellos a incrementar la matrícula escolar, a disminuir los promedios de ingreso y a otorgar plazas de docentes a los egresados de la generación 2012. Como no cumplió, el pasado 13 de noviembre los estudiantes realizaron un primer bloqueo, que fue rápidamente disuelto por la Policía Federal (PF).
Hace una semana, y ante la falta de respuesta de las autoridades, los estudiantes ocuparon momentáneamente varias radiodifusoras de la capital estatal. Ayer volvieron a bloquear la Autopista del Sol; contingentes de policías municipales, estatales y federales fueron enviados a desalojarlos.
Ni las autoridades de Guerrero ni las federales han sido capaces de informar de manera clara y puntual sobre lo ocurrido. Unas y otras incurren en contradicciones y desmienten que los disparos homicidas hayan procedido de sus respectivas fuerzas y prometen investigar lo sucedido.
Urge que así sea, que el esclarecimiento llegue hasta sus últimas consecuencias y que se castigue conforme a derecho a los autores materiales e intelectuales de los homicidios. Pero más allá de esto, este injustificable acto represivo muestra hasta qué punto se ha erosionado el respeto a la vida humana en el país, cuán amenazados se encuentran disidentes, opositores, activistas y manifestantes, y hasta dónde han llegado las autoridades en su abandono de las formas correctas de gobernar.
Si el gobierno local hubiese atendido –o cuando menos escuchado– las demandas estudiantiles, las protestas no habrían tenido lugar. Por otra parte, se ha afirmado que los estudiantes pretendieron incendiar una gasolinera en el curso de su protesta y que impidieron el tránsito en la autopista en la que tuvo lugar la refriega, circunstancias que, ciertamente, habrían ameritado el uso de la fuerza pública para desalojar a los manifestantes. Pero ésta debe recurrir a los numerosos recursos de disuasión no letales con los que cuenta, desde los escudos y toletes hasta los gases lacrimógenos y los chorros de agua a presión. En cambio, el uso de armas de fuego contra jóvenes que exigen montos adicionales para su presupuesto y mejores condiciones para la educación, retrata en forma descarnada a un poder que ha perdido el rumbo.
El asunto resulta doblemente exasperante si se considera que ese poder, en todos sus niveles y con todos sus recursos de fuerza, ha sido incapaz de poner un alto al sostenido deterioro de la seguridad pública y de la ilegalidad, y que el pregonado empeño contra la delincuencia organizada ha dado lugar a incontables atropellos contra la población.
Los gobernantes y la sociedad deben hacer conciencia sobre la intrínseca inmoralidad de un modelo que por un lado,genera profundos y extendidos descontentos sociales y que, acto seguido, pretende suprimirlos mediante el abuso de la fuerza. Ese camino desemboca, a la larga, en la desintegración nacional."
"Ayotzinapa, otra vez
Luis Hernández Navarro
Angel Aguirre Rivero y el gobierno federal se vistieron de gloria. A las 12 horas del 12 de diciembre estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa organizaron un bloqueo en la salida de la autopista de Chilpancingo a Acapulco. Pedían una audiencia con el gobernador. La policía lo rompió a balazos. El saldo provisional es de dos muchachos muertos, Gabriel Echeverría de Jesús, de 20 años, y Jorge Alexis Herrera, de 21, varios heridos graves, otros más desaparecidos y, al menos, 50 detenidos.
Los jóvenes estudiantes campesinos de Ayotzinapa exigían la solución a un pliego petitorio que presentan cada año. Sus demandas son relativamente sencillas de resolver. Piden que los 35 pesos diarios por muchacho que se asignan cada día para que realicen las tres comidas, se incrementen. Demandan que se reparen los baños, los dormitorios y las instalaciones de la escuela, que tienen ocho años sin mantenimiento. Solicitan que la matrícula anual de 140 alumnos de nuevo ingreso aumente a 170. Exigen que el promedio mínimo aprobatorio para los alumnos que recién entran sea de siete. Requieren becas para los egresados.
Por pedir una entrevista con el mandatario Ángel Aguirre Rivero para solucionar estas demandas los balacearon, golpearon, persiguieron, asesinaron, hirieron, detuvieron y torturaron. El gobernador Ángel Aguirre y el gobierno federal pueden sentirse orgullosos.
El requisito más importante para ingresar a Ayotzinapa es la falta de recursos económicos. Cada año, se organiza una selección en que participan tanto las autoridades educativas como los estudiantes. Ellos vigilan que los alumnos de nuevo ingreso sean hijos de campesinos pobres y que sepan trabajar el campo. Cada muchacho que entra a la escuela tiene el consentimiento de la sociedad alumnos.
En Guerrero hay nueve escuelas normales públicas. Ayotzinapa es la única rural. Fue fundada hace 83 años. Allí comenzaron sus estudios de normalismo Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Othón Salazar. La matrícula escolar es de cerca de 500 alumnos, todos de extracción humilde. Son hijos de campesinos pobres de la Montaña, Sierra y Costa Chica de Guerrero, y de comunidades rurales de Chiapas, Puebla, Morelos, Veracruz y Sonora.
El rezago educativo en la entidad es enorme. Según el Censo de Población de 2010, de los 3.4 millones pobladores que tiene Guerrero, 680 mil no están alfabetizados y 1.3 millones no concluyeron la primaria o la secundaria. Es tan grave el problema que el noveno considerando de la Ley Educativa de la entidad reconoce:
estamos rezagados en alfabetización, en educación prescolar, en primaria y en secundaria.
Las normas rurales son una de las pocas vías de movilidad social al alcance de los jóvenes en el mundo campesino. En ellas se tiene acceso a educación, hospedaje, alimentación y, posteriormente, con suerte, trabajo calificado. Los niveles de escolaridad y de vida existentes en estas escuelas son muy precarios. La contradicción entre escasez de medios materiales y pujanza juvenil y espíritu de superación provoca que dentro de estas instituciones prosperen las actitudes y posiciones políticas radicales. Las expectativas de ascenso social no son solamente un hecho individual, sino que involucran a las familias de los estudiantes y con frecuencia, a sus poblados de origen. El destino que tengan los muchachos con sus estudios afecta la vida de sus comunidades. Lo que sucede con sus escuelas no es un hecho ajeno a ellas.
Las normales rurales son una herencia de la escuela rural mexicana y del cardenismo. De las 36 instalaciones que funcionaron en el país hoy sólo sobreviven 16. Muchas de ellas fueron cerradas a raíz del movimiento estudiantil de 1968. Otras, como resultado de la huelga general que protagonizaron entre julio y agosto de 1969.
Los estudiantes están organizados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Sus objetivos originales pueden resumirse en: proporcionar una educación democrática; participar en la vida económica de las escuelas, sobre todo en el manejo correcto de los dineros destinados a la alimentación; mejorar la salud, vestuario y alimentación; respetar, conservar y usar adecuadamente los edificios, talleres, equipos de dormitorio, comedor y bienes destinados por el gobierno federal para uso de los alumnos; respetar el funcionamiento de las sociedades de alumnos, y, la selección del personal, especialmente de los catedráticos.
Gobernadores, autoridades educativas de todos los niveles y dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se han propuesto acabar con las normales rurales. Especialmente, Elba Esther Gordillo las detesta. El 5 de agosto de 2010, al participar en el seminario La nueva sociedad: una nueva educación y una nueva política, sentenció: “Hemos planteado muchas veces a las autoridades –dijo– que si se cierran algunas de las normales rurales va haber mucho alboroto de los jóvenes. No se olviden que las normales rurales han sido semilleros de guerrilleros, pero si no hacemos esto van a seguir con lo mismo”.
Formalmente, durante dos sexenios Guerrero ha estado gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que declara defender la educación pública. Sin embargo, su mandatario hasta 2011, Zeferino Torreblanca, quiso reducir la matrícula escolar de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y acabar con la
alumnocraciay el
desorden, que, según él, privan en la institución escolar. Se negó a dar empleo a alumnos egresados de esa institución porque –dijo– son
vándalos.
El gobernador actual, Ángel Aguirre, visitó la escuela en septiembre de este año, se tomó la foto y se comprometió a resolver las demandas estudiantiles. Allí dijo que el recurso para la dieta, que es utilizado para la elaboración de los alimentos diarios,
hoy se los incrementamos a 50 pesos porque no era posible que comieran con 10 pesos al día. Pero no cumplió sus promesas y los jóvenes comenzaron a movilizarse nuevamente a comienzos de noviembre.
Cansados de que no se les hiciera caso, los normalistas tomaron la carretera, como han hecho tantos otros grupos sociales a los que el gobierno no escucha. Como respuesta fueron baleados. Esa es la democracia guerrerense, así es la democracia mexicana."
“Personas ajenas”, asesinan a estudiantes: procurador; fueron policías: testigos
Asesina la Policía Federal a dos estudiantes en Guerrero por protestar contra el gobierno.
Foto: José Luis de la Cruz
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobierno estatal deslindó a policías ministeriales y agentes federales de abrir fuego contra un grupo de normalistas que protestaban al sur de esta capital, hechos en que dos estudiantes fueron asesinados a tiros.
En rueda de prensa, el procurador Alberto López Rosas atribuyó el doble homicidio a “personas ajenas” a las autoridades y los inconformes.
No obstante, el vocero del gobierno estatal, Arturo Martínez, aseguró que la Policía Federal (PF) estuvo al mando de la operación de desalojo, debido a que los manifestantes estaban bloqueando una vía federal, y que las policías estatal y ministerial acudieron simplemente “a prestar auxilio”.
Pese a las decenas de testimonios gráficos y verbales difundidos, donde se aprecia a miembros de las corporaciones policiacas portar armas largas y realizar disparos durante el desalojo, López Rosas aseguró que los uniformados “llegaron desarmados” al lugar y que el presunto responsable de disparar contra los manifestantes fue un hombre “ajeno al conflicto”.
El sujeto fue identificado como Gerardo Santiago Peña, de 19 años, originario de Acapulco, quien portaba un rifle AK-47 y el que ya se encuentra detenido y sujeto a investigación para determinar qué hacía en el lugar portando el arma; mientras que el Ejército decomisó ocho granadas que se “encontraban en el lugar”, indicó el titular de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE).
En la conferencia de prensa realizada por la noche en el auditorio de la Policía Ministerial Estatal (PME), al sur de esta capital, el titular de la PGJE atribuyó estos hechos a “una manifestación atípica en día inhábil, donde participaron agentes ajenos a los estudiantes y al gobierno”.
Luego abundó: “Podemos determinar de antemano que las armas o el arma empleada (en el doble homicidio) no son de las que utilizan o de las que se utilizan por parte de la autoridad; el arma utilizada en el crimen de los normalistas no corresponde a las armas que usan los efectivos policiacos”.
Y agregó: “Nuestros policías fueron desarmados, hay una fotografía que corresponde a otro momento cuando se tenía que acordonar el lugar a fin de evitar consecuencias mayores. Deslindamos categóricamente a las instancias de gobierno, porque la instrucción fue ir desarmados. Posterior (a la balacera), llegaron diversos elementos sin disparar y de manera pasiva”.
Ello a pesar de que el director de Gobernación estatal, Moisés Alcaraz Jiménez, durante la misma conferencia, dijo que la balacera duró entre 15 o 20 minutos.
López Rosas informó que el saldo de este hecho de violencia es de dos “estudiantes o participantes en esta movilización” muertos, dos más heridos y 24 detenidos, incluyendo al joven que portaba el fusil AK-47.
En el mismo acto, el vocero del gobierno estatal Arturo Martínez lamentó los hechos y dijo que las autoridades han propiciado “una voluntad de diálogo” para la solución de la problemática planteada por los normalistas.
El funcionario estatal dijo que investigarán este hecho y se actuará contra quien resulte responsable del doble homicidio.
Mientras, en un comunicado, el gobierno estatal se deslindó de esas acciones y argumentó que la vocación del gobierno de Ángel Aguirre “no es reprimir” y que, por el contrario, ha mantenido un diálogo permanente con los inconformes para tratar de desactivar esta problemática que lleva algunas semanas.
Por su parte, diversos representantes de organizaciones sociales responsabilizaron a las autoridades estatales y federales del asesinato de los normalistas, y anunciaron protestas para el día de mañana.
En Oaxaca, el líder de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Azael Santiago Chepi, hizo un llamado a todos los normalistas del país para protestar en contra del violento desalojo de estudiantes en Guerrero y en defensa de la educación pública.
Inicia CNDH investigación
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio por la muerte de dos jóvenes luego de un violento desalojo protagonizado por policías federales y estatales en la capital de Guerrero.
La CNDH sostuvo, en un comunicado, que por instrucciones del ombudsman nacional Plascencia Villanueva “personal de la oficina regional de este organismo en esa entidad se ha dado a la tarea de hacer contacto con los familiares de las víctimas, con el fin de ofrecerles atención victimológica”.
Advirtió que a los familiares se les dará acompañamiento y apoyo jurídico y psicológico, además se verificará que reciban atención médica en caso de ser requerida.
“Esta Comisión Nacional permanecerá atenta a la actuación de servidores públicos encargados de cumplir y hacer cumplir la ley, de las investigaciones que emprendan para el esclarecimiento de estos hechos, lamentables y condenables, que por ningún motivo deben quedar impunes”.
Por su lado, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que trabaja en coordinación con las autoridades de Guerrero en las investigaciones los hechos de violencia que se suscitaron este lunes en Chilpancingo durante una manifestación de estudiantes.
En un comunicado, la Segob refirió que estará en coordinación con el gobierno guerrerense para que se deslinden responsabilidades y se lleve a la justicia al responsable de los homicidios.
La protesta
Cerca del mediodía, un contingente de unos 300 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa arribó en marcha y en autobuses del servicio público de diferentes empresas al bulevar Vicente Guerrero, donde bloquearon los cuatro carriles que enlazan a la Autopista del Sol, al sur de esta ciudad.
La medida era en protesta porque el gobierno estatal “se ha negado” a resolver diversas demandas relacionadas con beneficios económicos y académicas, indicaron los inconformes.
Luego, 15 minutos después, al lugar llegaron policías estatales de la división antimotines, quienes intentaron desalojar a los manifestantes, lo que desató un enfrentamiento a pedradas entre normalistas y uniformados.
Enseguida, una bomba despachadora de gasolina de una estación de servicio fue incendiada con gasolina, un trabajador del lugar resultó con quemaduras al tratar de detener la conflagración, que fue controlada por brigadistas de la Subsecretaría de Protección Civil sin que las llamas provocaran una catástrofe, pero sobrevino el caos.
En ese momento ya se encontraban en el lugar un grupo de policías federales que forman parte del operativo Guerrero Seguro y agentes de la PME, todos armados con fusiles AR-15 y G-3.
Según el testimonio de reporteros gráficos que cubrían la nota, fueron los agentes ministeriales quienes comenzaron a disparar contra los manifestantes y enseguida lo hicieron los federales.
En el lugar fueron alcanzados por las balas dos estudiantes normalistas, Alexis Herrera Pino, originario del municipio de Atoyac, y Gabriel Echeverría de Jesús, de 21 años, oriundo de Tixtla, municipio ubicado en la región Centro de la entidad donde se encuentra la sede de la normal rural de Ayotzinapa.
Ambos estudiantes presentan disparos en cuello y cabeza, constataron peritos de la PGJE que realizaron las diligencias preliminares.
La balacera obligó a los jóvenes a huir del lugar y mientras unos se escondieron en sitios públicos, otros corrieron por los cerros aledaños.
Fue entonces cuando los efectivos policiacos realizaron las detenciones con violencia de personas que participaron en la protesta y ciudadanos que se encontraban en el lugar por diversos motivos, la mayoría paseantes que viajaban en automóviles y que habían quedado varados ante el bloqueo de la vía.
Uno de los detenidos fue Eric Escobedo, un joven radicado en esta capital, promotor cultural y colaborador del semanario Trinchera, quien narró que fue detenido por agentes ministeriales y junto con una decena más de personas llevado a los separos de la PME, donde fueron torturados por autoridades ministeriales.
Exigen renuncia de titular de SSP
Organizaciones no gubernamentales exigieron la destitución del secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Ramón Almonte Borja.
En un comunicado, las ONG consideraron que las autoridades de seguridad pública de Guerrero incurrieron en el uso irracional y arbitrario de la fuerza, lo que habría derivado en la privación de la vida de dos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Advirtieron que las agresiones de los uniformados a los estudiantes son inadmisibles en un Estado democrático y rompen con el compromiso del gobierno de Ángel Aguirre de atender los conflictos sociales evitando el uso de la fuerza pública.
El comunicado es signado por Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Centro de Análisis e Investigación Fundar, Instituto para la Seguridad y la Democracia-Insyde y Monitor Civil de la Policía y de las Fuerzas de Seguridad de La Montaña."
"Víctimas eran buenos estudiantes”
| ||||||
"Está grave un normalista herido en el desalojo de ayer; liberan a otros 24
Los alumnos negaron haber usado armas durante los hechos, en la acción policiaca de romper plantón.
Sergio Ocampo y Hértor Briseño, corresponsales / La Jornada en línea
Publicado: 13/12/2011 10:57
Chilpancingo, Gro. La Sociedad de Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa denunció que hasta el momento el estudiante José David Espíritu, que fue herido ayer durante el desalojo realizado en esta capital en contra de alumnos ese plantel, fue intervenido quirúrgicamente y su estado se reporta como grave.
También se encuentran heridos Iván Alberto Álvarez Adame y Rubén Eduviges Cuautololo; entre tanto, hoy al mediodía, fueron liberados 24 estudiantes que se encontraban detenidos en los separos de la Procuraduría General de Justicia del estado.
De éstos, 11 son de la Normal Rural de Ayotzinapa, cinco de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Guerrero, cuatro del Tecnológico de Chilpancingo y cuatro campesinos del municipio de Coyuca de Benítez en la costa Grande de Guerrero.
Por otro lado, Manuel Olivares, de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, denunció que el estudiante Gerardo Torres Pérez, al que la procuraduría estatal pretende vincular acusándolo de haber disparado un rifle AK-47 (cuerno de chivo) declaró a las organizaciones no gubernamentales que lo visitaron que fue torturado brutalmente para que se declarara culpable de haber disparado.
El normalista refirió que los policías lo llevaron a las inmediaciones del municipio de Zumpango de Neri, ubicado a 10 kilómetros de la capital, donde lo bajaron a un terreno y le hicieron disparar durante cuatro ocasiones el arma.
También Olivares informó que hasta el momento se desconoce el paradero de unas 13 personas que venían en apoyo a los estudiantes, provenientes de los municipios de Ayutla de los Libres y de Tecoanapa.
Entre tanto, a la una de la tarde se llevará a cabo una marcha de protesta en esta capital, llevando como demanda central la exigencia de desaparición de poderes en la entidad y la salida de los funcionarios de primer nivel de gobierno de Ángel Aguirre.
Se sigue deteniendo a personas, acusan
Jersey Peñaloza dijo, en representación de los normalistas, que horas después de “la matanza” se seguía deteniendo a maestros e incluso a personas ajenas a las movilizaciones, por lo que algunos escaparon y se encuentran refugiados en los cerros.
Señaló asimismo que los estudiantes asesinados la víspera por policías estatales eran Gabriel Echeverría y Alexis Barrera Pino, quienes cursaban el segundo y tercer grado, respectivamente.
Peñaloza reiteró las demandas de los normalistas previas al acto represivo, principalmente audiencia con el gobernador Angel Aguirre Rivero.
Otro de sus compañeros dijo que los normalistas además se deslindan del incendio ocurrido en la gasolinera, y reiteró que éste no fue provocado por maestros y que ninguno de los participantes estaba armado. Los policías ministeriales eran los que portaban las armas, dijo.
Un estudiante más señaló que algunos detenidos han referido que se les está sometiendo a tortura.
Trasladan al DF a trabajador herido en gasolinera
El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero, Humberto Uribe López, informó que Gonzalo Miguel Rivas Cámara, de 48 años, trabajador de la gasolinera que fue parte del escenario de la movilización de normalistas de Ayotzinapa y la posterior muerte de dos de ellos, fue trasladado esta mañana desde el hospital Vicente Guerrero de Acapulco al hospital de Lomas Verdes, en la ciudad de México, con quemaduras de tercer grado y su estado fue reportado como delicado.
El delegado señaló que su heridas fueron provocadas probablemente por la explosión de una especie de bomba muy cerca o en el expendio de gasolina."
"Cierran oficinas de gobierno de Guerrero por normalistas"
"Cesados, el procurador y dos mandos de Seguridad Pública de Guerrero
El gobernador Ángel Aguirre separó de sus funciones al procurador general de justicia del estado, Alberto López Rosas; al secretario de Seguridad Pública local, Ramón Almonte, y a Ramón Arreola, subsecretario de Seguridad.
Sergio Ocampo, corresponsal
Publicado: 13/12/2011 15:12
Chilpancingo, Gro. Arturo Martínez Núñez, vocero del operativo Guerrero Seguro, confirmó que el gobernador Ángel Aguirre Guerrero destituyó de sus cargos al procurador general de justicia, Alberto López Rosas, quien será sustituido por el subsecretario Alejandro Paz y Puente; al secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, que será sustituido por el subsecretario Humberto Calvo Memije; al subsecretario de Seguridad, Ramón Arreola, quien será sustituido por el teniente del Ejército mexicano Leonardo Vázquez.
Martínez Núñez aclaró que dichos funcionarios fungirán como encargados de despacho."
"Está grave un normalista herido en el desalojo de ayer; liberan a otros 24 estudiantes
Los alumnos negaron haber usado armas durante los hechos, en la acción policiaca de romper plantón.
Sergio Ocampo y Héctor Briseño, corresponsales / La Jornada en línea
Publicado: 13/12/2011 10:57
Chilpancingo, Gro. La Sociedad de Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa denunció que hasta el momento el estudiante José David Espíritu, que fue herido ayer durante el desalojo realizado en esta capital en contra de alumnos ese plantel, fue intervenido quirúrgicamente y su estado se reporta como grave.
También se encuentran heridos Iván Alberto Álvarez Adame y Rubén Eduviges Cuautololo; entre tanto, hoy al mediodía, fueron liberados 24 estudiantes que se encontraban detenidos en los separos de la Procuraduría General de Justicia del estado.
De éstos, 11 son de la Normal Rural de Ayotzinapa, cinco de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Guerrero, cuatro del Tecnológico de Chilpancingo y cuatro campesinos del municipio de Coyuca de Benítez en la costa Grande de Guerrero.
Por otro lado, Manuel Olivares, de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, denunció que el estudiante Gerardo Torres Pérez, al que la procuraduría estatal pretende vincular acusándolo de haber disparado un rifle AK-47 (cuerno de chivo) declaró a las organizaciones no gubernamentales que lo visitaron que fue torturado brutalmente para que se declarara culpable de haber disparado.
El normalista refirió que los policías lo llevaron a las inmediaciones del municipio de Zumpango de Neri, ubicado a 10 kilómetros de la capital, donde lo bajaron a un terreno y le hicieron disparar durante cuatro ocasiones el arma.
También Olivares informó que hasta el momento se desconoce el paradero de unas 13 personas que venían en apoyo a los estudiantes, provenientes de los municipios de Ayutla de los Libres y de Tecoanapa.
Entre tanto, a la una de la tarde se llevará a cabo una marcha de protesta en esta capital, llevando como demanda central la exigencia de desaparición de poderes en la entidad y la salida de los funcionarios de primer nivel de gobierno de Ángel Aguirre.
Se sigue deteniendo a personas, acusan
Jersey Peñaloza dijo, en representación de los normalistas, que horas después de “la matanza” se seguía deteniendo a maestros e incluso a personas ajenas a las movilizaciones, por lo que algunos escaparon y se encuentran refugiados en los cerros.
Señaló asimismo que los estudiantes asesinados la víspera por policías estatales eran Gabriel Echeverría y Alexis Barrera Pino, quienes cursaban el segundo y tercer grado, respectivamente.
Peñaloza reiteró las demandas de los normalistas previas al acto represivo, principalmente audiencia con el gobernador Angel Aguirre Rivero.
Otro de sus compañeros dijo que los normalistas además se deslindan del incendio ocurrido en la gasolinera, y reiteró que éste no fue provocado por maestros y que ninguno de los participantes estaba armado. Los policías ministeriales eran los que portaban las armas, dijo.
Un estudiante más señaló que algunos detenidos han referido que se les está sometiendo a tortura.
Trasladan al DF a trabajador herido en gasolinera
El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero, Humberto Uribe López, informó que Gonzalo Miguel Rivas Cámara, de 48 años, trabajador de la gasolinera que fue parte del escenario de la movilización de normalistas de Ayotzinapa y la posterior muerte de dos de ellos, fue trasladado esta mañana desde el hospital Vicente Guerrero de Acapulco al hospital de Lomas Verdes, en la ciudad de México, con quemaduras de tercer grado y su estado fue reportado como delicado.
El delegado señaló que su heridas fueron provocadas probablemente por la explosión de una especie de bomba muy cerca o en el expendio de gasolina."
---
"Cañada Honda: la resistencia"
Érika Ramírez / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados
---
Guerrero: ¿violencia legítima o acción criminal?
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/14/edito
“Yo no ordené disparar contra normalistas”, dice gobernador de Guerrero
“Yo no ordené disparar contra normalistas”, dice gobernador de Guerrero
No meteré las manos al fuego por nadie, dice el gobernador Aguirre
"El expediente de la represión
Octavio Rodríguez Araujo
Si había duda de que con la guerra de Calderón se iba a criminalizar la protesta social y de que las
fuerzas del ordenactuarían en contra de la población civil inconforme, dicha duda ya no existe. La protesta social es sofocada por esas
fuerzas del orden, con muertos incluso.
El subsecretario de Seguridad del gobierno de Guerrero, general Ramón Arreola, declaró a este diario que la orden del gobernador era que se restableciera la paz en el lugar donde murieron dos estudiantes (para él
seudoestudiantes que están tapando el paso) en la confluencia de la carretera federal y la Autopista del Sol a la altura de Chilpancingo.
Dos son los indicadores de la política represiva de las
fuerzas del orden: el primero, que se trataba de
restablecer la paz, porque como todo mundo sabe, permítaseme la ironía, una manifestación social de protesta que detenga el tráfico es romper la paz. El segundo, que los 800 manifestantes, según el general Arreola (otras fuentes dijeron que eran 300), fueron
seudoestudiantes, es decir no estudiantes auténticos, y si no eran lo que decían ser entonces eran provocadores que había que someter; y si en el enfrentamiento murieron dos de éstos, pues son
daños colateralesdel restablecimiento de la paz. La orden era restablecer la paz y esto quiere decir reprimir y no sólo disuadir. Los intentos de diálogo con los manifestantes estuvieron totalmente ausentes.
El general Arreola dijo que su grupo de
fuerzas del ordenno llevaba armas de fuego. Pero las fotografías muestran policías armados, unos con un uniforme y otros sin éste. ¿A qué
fuerzas del ordencorrespondían los armados? No lo sé. Que se haga una investigación. Lo que todos sabemos es que murieron dos, que hubo disparos incluso contra vehículos, que hubo heridos, que muchos tuvieron que huir, que otros fueron detenidos y hasta golpeados. En suma, que hubo represión violenta de una manifestación social con demandas sociales más que justificadas, y que entre las
fuerzas del ordenhabía policía federal y no sólo estatal (ambas armadas). También hubo soldados, aunque según las crónicas llegaron después.
No hay indicio alguno de que los manifestantes tuvieran armas de fuego. El hombre de camiseta a rayas verdes que disparó con arma larga (ignoro si era un
cuerno de chivo), según los videos publicados, estaba del lado de los policías antimotines supuestamente desarmados, y era protegido por éstos. Ninguno de los policías que lo rodeaban en la esquina del puente y la autopista hizo algo contra el hombre de rayas que disparaba hacia los manifestantes. Era, obviamente, uno de ellos, vestido de civil. Había otros más, supuestamente policías ministeriales, también con armas largas.
El procurador de Guerrero, en entrevista con Carmen Aristegui, dijo que cuando llegaron los policías armados los dos jóvenes ya estaban muertos. ¿En qué quedamos? Si fueron asesinados antes de que llegaran los policías armados, ¿quién los mató? ¿Los propios manifestantes? ¿El hombre de camiseta a rayas verdes? ¿El chamuco? Alguien miente, y sospecho que es el procurador estatal, Alberto López Rosas. Uno de los estudiantes muertos, el de camiseta blanca, iba corriendo seguido por otros de su grupo hacia donde estaban los policías armados vestidos de azul oscuro. Ahí quedó. No sé si era Jorge Alexis Herrera Pino o Gabriel Echeverría de Jesús. Tal vez este último. El otro vestía una camiseta negra, el segundo en caer.
Los sucesos de Chilpancingo no son aislados, aunque así lo parezcan. Son parte de la escalada de violencia que vive el país y de la intolerancia gubernamental, tanto de los poderes locales como de los federales. Alguien del gobierno de Guerrero dijo que la manifestación era atípica, porque fue en un día de asueto, y que de lo que se trataba era de desestabilizar el estado. Calderón dice más o menos lo mismo y hasta ha lanzado la peligrosísima hipótesis de que podría no haber condiciones para que las próximas elecciones se desarrollen en orden y en paz.
Cuando se asesina a activistas sociales, además de civiles involucrados o no con el crimen organizado, el estado de derecho y la seguridad que debiera garantizar el gobierno quedan entre grandes y significativas interrogantes. Lo más grave es que Calderón no sólo no quiera aceptar su responsabilidad en esta escalada de violencia, sino que insista en mantenerla hasta el último día de su mandato. ¿Para posponer las elecciones si sus candidatos no tienen asegurado el triunfo? ¿Para ganar el Guinness por número de muertos en un país sin guerra oficialmente declarada y reconocida? ¿Para
de pasoexterminar la disidencia y la oposición social provocada por sus políticas antisociales? Difícil saberlo.
Lo que sí sabemos es que los mexicanos vivimos atemorizados, incluso para salir a la calle. Y el miedo, como bien lo saben los especialistas, es una manera eficaz para controlar a la población, para garantizar una estabilidad ficticia pero conveniente a la gente del poder. Las lecciones del miedo inducido están a la vista y no es el miedo de finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado. En aquel entonces el miedo era a perder el empleo, a no conseguir trabajo, a no tener oportunidades para vivir con un cierto decoro. Ahora, además de las mismas razones de hace 30 años, está el miedo a perder la vida o los pocos o muchos bienes que cada quien tenga. Y así como el miedo de hace 30 años paralizó e individualizó a amplias capas de población, ahora a casi todo el país. No es la estabilidad lo que está en riesgo, es México, y a los gobernantes no parece importarles. El gobierno ha olvidado las necesidades de la sociedad, se ha vuelto deliberadamente insensible a éstas, y cuando la población se las recuerda es reprimida.
PD con Rayuela:
¿Creerá el gobernador Aguirre que cesando a cuatro funcionarios da carpetazo al doble asesinato en Guerrero?
"Represión: fracaso del Estado
Adolfo Sánchez Rebolledo
Cuando un gobierno es incapaz de atender las demandas de un pequeño sector de la población sin recurrir a la represión, estamos en el deber y en la obligación de señalar el fracaso del Estado para cumplir con el cometido que el siglo XXI le asigna. Cada vez que la fuerza pública sacrifica la vida de un ciudadano cuyo delito no es sino el de requerir, con tino o sin él, el cumplimiento de sus derechos, México retrocede al abismo y algo muy importante se quebranta en las relaciones entre la sociedad y el Estado. Hubo un tiempo en que, para imponerse como poder autónomo, el Estado ejerció sin contemplaciones la violencia
legítimacon el objetivo inmediato de suprimir las oposiciones, es decir, todos aquellos conflictos que a juicio de los gobernantes ponían en riesgo la estabilidad nacional. Mientras, la autoridad fomentaba las reformas que, en teoría, debían mejorar la situación de las clases desposeídas y repartir los manes del desarrollo. Esa era la esencia del viejo presidencialismo revolucionario, la raíz de su condición a la vez paternalista y autoritaria que, dicho sea de paso, impidió crear una sociedad y una cultura más igualitaria.
El movimiento estudiantil de 1968 puso a prueba el principio de autoridad y la validez de ese arreglo, y por ello fue aplastado sin misericordia, pero ya nada sería igual para el Estado de la Revolución institucional. El movimiento actualizó el tema de la democracia y si bien se iniciaba un nuevo ciclo histórico, tuvieron que pasar años y grandes sacrificios para alcanzar algunas metas democráticas, logradas tan despacio –y tan a modo de los intereses privilegiados– que la transición se pierde en el tiempo, como algo inacabable, que se despliega al modo larvario, dentro del cascarón autoritario donde se incuba y a veces es devorada.
La constitución de un nuevo sujeto, es decir de ciudadanos, partidos, instituciones, aunados por una misma cultura política fundada en el respeto mutuo y la tolerancia sin desmedro de la pluralidad, se llevó a cabo sin un gran acuerdo nacional, arrancando paso a paso los pequeños avances legales y dejando islotes intocados del viejo autoritarismo. Poco a poco se acepta la igualdad en las formas, pero a cambio se profundiza la desigualdad real en la sociedad. En vez de la vieja ideología en crisis, se construye una visión donde se sacraliza la ilusión modernizante, las fantasías de una clase dirigente volcada a servir como peón de brega en el tablero general de la globalización.
A la naciente democracia se le recortan las alas populares; se le impone la camisa de fuerza de una reforma del Estado excluyente que cede la iniciativa a las elites, se observa como un contrasentido la expresión directa de las mayorías, cuyos intereses quedan a la deriva, sin representación directa, mientras se estigmatiza el conflicto entre
la calley el Congreso, pero a pesar de todo ya no se puede matar estudiantes impunemente en nombre de la paz pública: casi no queda espacio político y moral para la coartada que suele lanzar contra las víctimas el peso de la prueba, la asunción de la responsabilidad final resumida en el inmisericorde
ellos se lo buscaronque puebla la mente estrecha de una franja que, en nombre de la seudomodernidad, demuestra su cínica sensibilidad y pide mano dura.
Al colapsarse los instrumentos de la mediación y la ley para resolver los problemas entramos –o no dejamos de estar– en los territorios próximos a la barbarie. Tal vez en otro país tal afirmación pudiera parecer aventurada, pero en México, con 50 mil muertos sin rostro y sin nombre, no podemos darnos el lujo de hacer como si el asesinato de estudiantes a manos de policías fuese un dato más en la ignominiosa estadística de la vergüenza. Si es insostenible la represión como recurso para
solucionarun conflicto educativo como el planteado por los normalistas de Ayotzinapa, más lo es cuando la autoridad confunde la protesta social con los hechos delictivos y, por tanto, merece un trato semejante o peor al que se le da a la delincuencia. Podrán decir lo que quieran; que si hubo una provocación, que si la responsabilidad directa es de esta o aquella policía, pero lo cierto es que hubo ineptitud para controlar la situación. Y ahora, no obstante la ausencia de profesionalismo demostrada, lo estamos viendo, habría que añadir el oportunismo ilimitado que ya busca hacer de la tragedia un elemento activo de la campaña presidencial, sin respeto alguno por las víctimas.
El fracaso del Estado mexicano (no de un gobierno o de un partido) en este punto se puede medir también por la incapacidad que se ha probado con creces para enfrentar la cuestión de fondo que subyace en esta tragedia: la pobreza, el atraso secular de una región que ve pasar programas de ayuda sin que se produzca el cambio estructural que los aleje de la violencia en cualquiera de sus formas. En lugar de ajustar a las necesidades del desarrollo humano actual las normales rurales, creadas por Cárdenas para servir de palancas del progreso social en regiones rurales olvidadas, la autoridad, alentada por la indigna dirigente del magisterio, procura asfixiarlas. ¿Porqué en lugar de gastar ingentes recursos en ayudas focalizadas no se ha desplegado en La Montaña el plan integral con el que soñaron Othón Salazar y otros luchadores sociales guerrerenses, es decir, un proyecto que de veras multiplique y potencie los esfuerzos de las comunidades para mejorar productiva y socialmente, dándole a la educación el sitio que merece y hoy, por desgracia, no tiene? ¿Por qué, pese a la atención federal Guerrero no se transforma y, por el contrario, se convierte en botín de los productores de amapola y otros cultivos ilícitos? ¿Por qué satanizar en ese contexto la abandonada enseñanza normalista rural sin ofrecerle la oportunidad de servir aprovechando lo que les queda de la tradición originaria: la fidelidad al pueblo del que surgen? Detrás de las balas asesinas está el desprecio clasista, la inquina discriminatoria, la cultura autoritaria que subyace bajo la máscara democrática. Eso es lo que debe cambiar. Pero se olvidan de la historia."
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/15/
"Ayotzinapa: esclarecimiento, ya
Casi una semana después del violento desalojo de normalistas en la Autopista del Sol, a las afueras de Chilpancingo, Guerrero, que se saldó con la muerte de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa –Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús– y con varios heridos y desaparecidos, la Organización de las Naciones Unidas condenó
El contrapunto de estos reclamos es la actitud opaca y remisa de las autoridades estatales y federales para esclarecer el asunto. Hasta ahora, la única acción concreta que han asumido las primeras ha sido la destitución de tres funcionarios del gobierno que encabeza Aguirre –el ex procurador estatal Alberto López Rosas; el ex titular de Seguridad Pública Ramón Almonte, y el ex encargado de la Policía Estatal Ramón Arreola–, destituciones del todo inútiles en la medida en que no se han acompañado de pesquisas verosímiles y transparentes y de sanciones penales concretas para los responsables. Por el contrario, desde las horas posteriores al ataque, el gobierno de Chilpancingo se ha empeñado en distorsionar y desvirtuar los hechos y en trasladar responsabilidad por los mismos a los estudiantes. En esa lógica, las autoridades guerrerenses primero señalaron al estudiante Gerardo Torres como portador de un arma larga el día de los hechos –en un afán por abonar a la versión de que hubo disparos por parte de ambos bandos–, y posteriormente tuvieron que liberarlo, al igual que al resto de los detenidos, en medio de señalamientos de que la declaración del normalista había sido obtenida bajo tortura. Tan impresentable como el intento por sembrar armas a los agredidos resulta la aseveración, formulada anteayer por Aguirre Rivero, de que había muerto el empleado de la gasolinera incendiada durante el acto represivo, lo que fue posteriormente desmentido por autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social.el excesivo uso de la fuerzapor parte de las corporaciones de seguridad, y pidió al Estado mexicano que investigue y esclarezca los hechos
diligentemente y de manera seria, completa e imparcial. Los ecos de esclarecimiento y de justicia se reprodujeron ayer en las calles de Chilpancingo, donde cientos de normalistas marcharon en protesta por el asesinato de sus compañeros, y en la ciudad de México, donde organizaciones civiles entregaron, en la Cámara de Diputados, una petición de juicio político contra el gobernador guerrerense, Ángel Aguirre Rivero.
Por lo que hace al gobierno del país, éste se ha empeñado en su versión de que los disparos no provinieron de los efectivos de la Policía Federal, y ha emprendido, al igual que la administración guerrerense, una guerra de acusaciones y deslindes que de ninguna manera lo exime de responsabilidad –así sea por omisión– en los hechos del pasado lunes, pero que sí dificulta las perspectivas de esclarecimiento. Hasta ahora, sin embargo, ninguno de los videos o fotografías presentados por los gobiernos estatal o federal ha ayudado a responder a las preguntas fundamentales de quién ordenó el envío de efectivos armados a desalojar una manifestación de estudiantes y quién o quiénes abrieron fuego contra ellos.
La pretensión de demorar una respuesta a esas interrogantes es insostenible y abona la sospecha de que se pretende fabricar un escenario compatible con la versión del gobierno de Chilpancingo, o bien de que se busca sustraer de la acción de la justicia a los responsables de la muerte de los normalistas. Como quiera, para las autoridades de los dos niveles resulta perentorio esclarecer los hechos con precisión y honestidad, reconocer que el 12 de diciembre se cometió una gravísima violación a los derechos humanos de los manifestantes y que desde entonces se ha venido tratando de encubrirla, y llevar a los culpables ante las instancias correspondientes: actuar en ese sentido no sólo resulta necesario en términos de procuración e impartición de justicia, sino también porque los intentos por distorsionar lo ocurrido acabarán por llevar la falta de credibilidad de las instituciones y la exasperación de las víctimas a un punto de no retorno."
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/17/edito
"No hay más culpable que el gobernador: normalistas
Arturo Cano y Sergio Ocampo
Cuando llegan al zócalo, al filo de las cuatro de la tarde, los muchachos y muchachas toman sus lugares, se forman como pronto formarán a sus alumnos después del recreo.
Naturalmente, pasan lista. Desfilan los nombres de las poblaciones que albergan las escuelas creadas a partir del cardenismo. Tiripetío, Cañada Honda, Teteles, Atequiza, Mactumatzá, Tamazulapan, Amilcingo, Hecelchakán. La mayoría de los marchistas son jovencitos de las normales rurales. Los acompaña un grupo de padres de familia.
Vienen también, aunque en escasos números, organizaciones sociales guerrerenses agrupadas en el Frente de Masas, la versión local de la CNTE, productores de la Costa Grande, opositores a la presa La Parota e incluso algunos de los dirigentes emblemáticos de Atenco. Los sectores más radicales del movimiento social guerrerense, si se quiere, o bien los que no buscan diputaciones ni alcaldías en los comicios del año venidero.
En la mira de esas organizaciones está el secretario de Gobierno, Humberto Salgado, a quien muchos responsabilizan del operativo que derivó en el asesinato de los estudiantes.
Los estudiantes apuntan más arriba.
En el mitin frente al Congreso del estado, Manuel Olivares anuncia que abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan entregaron a la Cámara de Diputados, a las dos de la tarde, la solicitud formal de juicio político contra el gobernador.
En las filas del PRD, por lo demás, hay molestia porque el gobernador sólo entregó las cabezas del procurador, Alberto López Rosas, y del secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte, ambos con larga militancia en ese partido.
Con la investigación en manos del gobierno federal, al gobernador Aguirre le sobran frentes abiertos.
Otra petición más reciente tiene que ver con el adelgazamiento demográfico, según las autoridades, y con la intención de desaparecer las escuelas, según los normalistas. Los estudiantes exigen tener una plaza segura al egresar y las autoridades dicen que esos tiempos pasaron.
La pretensión de demorar una respuesta a esas interrogantes es insostenible y abona la sospecha de que se pretende fabricar un escenario compatible con la versión del gobierno de Chilpancingo, o bien de que se busca sustraer de la acción de la justicia a los responsables de la muerte de los normalistas. Como quiera, para las autoridades de los dos niveles resulta perentorio esclarecer los hechos con precisión y honestidad, reconocer que el 12 de diciembre se cometió una gravísima violación a los derechos humanos de los manifestantes y que desde entonces se ha venido tratando de encubrirla, y llevar a los culpables ante las instancias correspondientes: actuar en ese sentido no sólo resulta necesario en términos de procuración e impartición de justicia, sino también porque los intentos por distorsionar lo ocurrido acabarán por llevar la falta de credibilidad de las instituciones y la exasperación de las víctimas a un punto de no retorno."
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/17/edito
"No hay más culpable que el gobernador: normalistas
Enviado y corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 17 de diciembre de 2011, p. 36
Sábado 17 de diciembre de 2011, p. 36
Chilpancingo, Gro., 16 de diciembre. El grito de los normalistas rurales llega para quedarse y no es guadalupano:
La marcha de los normalistas rurales es de una disciplina casi militar. Abre una banda de guerra que no para de batir tambores y soplar cornetas mientras sube y baja las calles de la capital de Guerrero, para pasar frente a la residencia oficial del gobernador y arribar al zócalo horas más tarde. Los normalistas se detienen frente a edificios vacíos –el palacio de gobierno, el Congreso–, sin que la policía los moleste. Y retoman su andar en ordenadas filas.¡12 de diciembre, no se olvida!Arranca la marcha de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y sus compañeros de otras partes del país. En la primera parada, frente al palacio de gobierno, los normalistas estacionan el autobús que apenas a finales de septiembre les entregara el gobernador Angel Aguirre. Se lo devuelven, con algo de pintura que simula sangre sobre el logotipo del gobierno estatal, las llaves puestas y una manta:
Te lo cobraste con las vidas de dos estudiantes.
Cuando llegan al zócalo, al filo de las cuatro de la tarde, los muchachos y muchachas toman sus lugares, se forman como pronto formarán a sus alumnos después del recreo.
Naturalmente, pasan lista. Desfilan los nombres de las poblaciones que albergan las escuelas creadas a partir del cardenismo. Tiripetío, Cañada Honda, Teteles, Atequiza, Mactumatzá, Tamazulapan, Amilcingo, Hecelchakán. La mayoría de los marchistas son jovencitos de las normales rurales. Los acompaña un grupo de padres de familia.
Vienen también, aunque en escasos números, organizaciones sociales guerrerenses agrupadas en el Frente de Masas, la versión local de la CNTE, productores de la Costa Grande, opositores a la presa La Parota e incluso algunos de los dirigentes emblemáticos de Atenco. Los sectores más radicales del movimiento social guerrerense, si se quiere, o bien los que no buscan diputaciones ni alcaldías en los comicios del año venidero.
En la mira de esas organizaciones está el secretario de Gobierno, Humberto Salgado, a quien muchos responsabilizan del operativo que derivó en el asesinato de los estudiantes.
Los estudiantes apuntan más arriba.
No hay más culpable que el gobernador Aguirre, quien dio la orden de desalojo, dice Daniel Gómez Ruiz, uno de los dirigentes Ayotzinapa.
En el mitin frente al Congreso del estado, Manuel Olivares anuncia que abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan entregaron a la Cámara de Diputados, a las dos de la tarde, la solicitud formal de juicio político contra el gobernador.
En las filas del PRD, por lo demás, hay molestia porque el gobernador sólo entregó las cabezas del procurador, Alberto López Rosas, y del secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte, ambos con larga militancia en ese partido.
Con la investigación en manos del gobierno federal, al gobernador Aguirre le sobran frentes abiertos.
Las viejas demandas
Algunas de las demandas de los estudiantes eran, antes de los asesinatos de sus compañeros, tan viejas como las normales rurales. Es el caso del aumento de la matrícula y el incremento de la cuota para alimentación. Desde los años cincuenta, recuerdan aquí viejos profesores, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) exigía aumentar el cupo de las escuelas para dar cabida a algunos de los gaviotas, muchachos que sin estar inscritos asistían de oyentes a las clases con la esperanza de que pasado un tiempo les dieran un lugar. Les llamaban gaviotas porque sólo entraban al comedor cuando los alumnos regulares terminaban. A comerse lo que había sobrado, claro.
La otra demanda antigua es el aumento de la cuota para comida. Los de Ayotzinapa lograron que Aguirre aceptara pasar de 10 a 50 pesos diarios por cabeza. La exigencia antigua de la FECSM era que se les pusiera al parejo del Colegio Militar, porque decían que los caballos del Ejército comían mejor que ellos.Otra petición más reciente tiene que ver con el adelgazamiento demográfico, según las autoridades, y con la intención de desaparecer las escuelas, según los normalistas. Los estudiantes exigen tener una plaza segura al egresar y las autoridades dicen que esos tiempos pasaron.
Pero el asunto que verdaderamente tenía atorado el conflicto con los normalistas era el nombramiento del director. Los maestros de la escuela propusieron a uno de ellos, Eugenio Hernández Martínez, pero los estudiantes lo rechazan porque lo acusan de corrupción, y demandan se nombre a un externo. El gobierno de Aguirre incluso le ofreció el cargo al veterano luchador social Pablo Sandoval (93 años), reciente recipiendario de la medalla Sentimientos de la Nación, que otorga el Congreso del estado.
El caso es que el gobierno de Aguirre fue incapaz de resolver ese asunto durante dos meses, periodo durante el cual los maestros se negaron a dar clases.
El conflicto, igual, ya pasó a otro terreno y quizá por eso esta mañana la secretaria de Educación, Silvia Romero, desayunaba tranquilamente con un grupo de periodistas amigos.
–¿Y cuáles eran las demandas entonces?
–Las mismas. Comíamos puros frijoles descompuestos.
Los normalistas de generaciones anteriores aseguran que otros gobernadores visitaron Ayotzinapa.
En septiembre pasado, en cambio, Aguirre fue recibido con honores.
A unos pasos de los maduros normalistas está, sentada en el prado a la espera del arranque de la marcha, una muchacha menuda de rostro apacible y tenis morados. Se llama Anel Cruz, es maestra de telesecundaria y trabaja en una comunidad serrana. Todos los viernes viajaba seis horas hasta Ayotzinapa, para pasar el fin de semana con su novio. No lo hará más.
El lunes, Alexis Herrera Pino, El Güero, fue uno de los caídos en la Autopista del Sol.
Anel y Alexis comenzaron de novios en segundo de preparatoria. Una relación de seis años que ella cuenta así:
Anel cuenta también que Alexis era
El mayor gusto de la joven pareja era ir al cine. La última película que vieron fue Amanecer.
¿El futuro?
El alcalde forma parte de un curioso coro. A contrapelo de los juicios en los medios locales, nacionales y extranjeros, la principal fuerza política de oposición en Guerrero, el PRI, defiende al gobernador Aguirre. Astudillo dice estar seguro de que él no ordenó la represión. El alcalde de Acapulco, contendiente y primo del gobernador, también le hace caravanas. Y Rubén Figueroa en persona dice que no debe renunciar. Aguas Blancas pone a remojar las barbas de cualquiera."
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/17/sociedad/036n1soc
El caso es que el gobierno de Aguirre fue incapaz de resolver ese asunto durante dos meses, periodo durante el cual los maestros se negaron a dar clases.
El conflicto, igual, ya pasó a otro terreno y quizá por eso esta mañana la secretaria de Educación, Silvia Romero, desayunaba tranquilamente con un grupo de periodistas amigos.
La represión ayer y hoy
Un grupo de ex alumnos de Ayotzinapa marcha al lado de los estudiantes de hoy y recuerda que la historia es vieja. Macario Cruz fue a la cárcel a principios de 1998, cuando era presidente de la FECSM. Estuvo tres meses y cuatro días luego de dos violentos desalojos. Las demandas eran las mismas. Y también el gobernador, porque Aguirre fue el sustituto de Rubén Figueroa, tras la matanza de Aguas Blancas, y concluyó el periodo de El Tigre de Huitzuco en marzo de 1999.
Y también anda por aquí Ernesto Ramírez, quien 11 años atrás, en 1988, vio morir al normalista campechano Juan Manuel Huikán, en la desviación que conduce a la escuela.–¿Y cuáles eran las demandas entonces?
–Las mismas. Comíamos puros frijoles descompuestos.
Los normalistas de generaciones anteriores aseguran que otros gobernadores visitaron Ayotzinapa.
El mismo Aguirre, Figueroa, Ruiz Massieu, pero siempre fue a fuerza.
En septiembre pasado, en cambio, Aguirre fue recibido con honores.
Por eso me parece cómica su doble careta, dice Ramírez.
A unos pasos de los maduros normalistas está, sentada en el prado a la espera del arranque de la marcha, una muchacha menuda de rostro apacible y tenis morados. Se llama Anel Cruz, es maestra de telesecundaria y trabaja en una comunidad serrana. Todos los viernes viajaba seis horas hasta Ayotzinapa, para pasar el fin de semana con su novio. No lo hará más.
El lunes, Alexis Herrera Pino, El Güero, fue uno de los caídos en la Autopista del Sol.
Anel y Alexis comenzaron de novios en segundo de preparatoria. Una relación de seis años que ella cuenta así:
Estaba muy contento porque se acercaba el final de su carrera. Le desesperaba que yo ya estuviera trabajando y él no.
Anel cuenta también que Alexis era
muy trabajador, porque su papá le enseñó a hacer de todo. Y era además un gran deportista, se lo peleaban los equipos de basquetbol allá en El Papayo (Atoyac).
El mayor gusto de la joven pareja era ir al cine. La última película que vieron fue Amanecer.
¿El futuro?
Sí, teníamos planes de formar una familia en cuanto él comenzara a trabajar.
Lo que resiste apoya
El mitin de los estudiantes en el zócalo retrasa el informe del alcalde Héctor Astudillo, alguna vez candidato a la gubernatura (perdió frente a Zeferino Torreblanca).
Quince minutos antes de las nueve, ya sin estudiantes a la vista, Astudillo sale del ayuntamiento y se sube a una camioneta blanca que él mismo maneja.El alcalde forma parte de un curioso coro. A contrapelo de los juicios en los medios locales, nacionales y extranjeros, la principal fuerza política de oposición en Guerrero, el PRI, defiende al gobernador Aguirre. Astudillo dice estar seguro de que él no ordenó la represión. El alcalde de Acapulco, contendiente y primo del gobernador, también le hace caravanas. Y Rubén Figueroa en persona dice que no debe renunciar. Aguas Blancas pone a remojar las barbas de cualquiera."
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/17/sociedad/036n1soc
---------------------------------
El resistirse a lo irresistible no siempre fortalece a quienes se creen irresistibles, sí, a aquell@s que ‘no mandan obedeciendo a sus mandantes’… FIDEIIUS (Fideiius).
Centro de Alerta para la Defensa de los Pueblos Investigación, análisis, documentación y denuncias sobre la injerencia y subversión contra los pueblos de América Latina
"Noam Chomsky*: Estados Unidos es el mayor terrorista del mundo..." Institute Professor and professor emeritus of linguistics at the Massachusetts Institute of Technology*
EEUU despilfarró miles de millones de dólares del area social de Irak
“We don’t do body counts”.- General Tommy Franks
http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2010/08/03/emplazamiento-al-presidente-de-estados-unidos/
"Hey, bad guys: If it is certain that you in God trust, you should not be afraid, just let the music play…!”. FIDEIIUS (Fideiius).
ACCESO AL AGUA POTABLE, DECLARADO DERECHO FUNDAMENTAL: TRIUNFO DE LA HUMANIDAD A INSTANCIA DE EVO MORALES, C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPúBLICA DE BOLIVIA…
Perseguido por EEUU: Camarógrafo estadounidense que filmó imágenes del 11/9 enfrenta extradición
The Washington Post: Estados Unidos es el vergonzoso suministrador de armas al narcotráfico
*) "Tres generaciones se han echado a perder por mi culpa: Rius"
*) "Noam Chomsky: Los cables de WikiLeaks revelan un “profundo odio a la democracia por parte de nuestra dirigencia política” “Debemos comprender -y los Papeles del Pentágono son otro ejemplo claro- que una de las principales razones del secreto gubernamental es proteger al gobierno contra su propia población”
*) Stépahne Hessel: “No estoy aquí para testimoniar sobre lo que pasó en Chile. Estoy aquí para hablar en nombre de la evolución del derecho internacional, que siempre es demasiado lenta. Para mí este juicio representa un paso adelante porque vivimos en un mundo en el que los crímenes impunes pesan sobre la conciencia internacional” (Referida por Anne Marie Mergier en “ Sentencia implacable”
Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks"
"En una extensa entrevista con 60 minutes, Julian Assange, fundador de Wikileaks, dice: “Somos activistas por la libertad de expresión. No se trata de salvar a las ballenas, se trata de darle a la gente la información que necesita para apoyar o no la caza de ballenas. ¿Por qué? Son los ingredientes crudos que se necesitan para hacer una sociedad justa. Sin ellos, simplemente estás navegando en la oscuridad”.- Julian Assange. (Tomado de 'La Jornada')
Be Traist...!
Just let the hammock swing...!
"Once again, the cat is shaking the roof...!" *
A FREE K’
Universal Rights and Universal Values... But that is romantically substantive for those who try to ignore the Universal Jurisdiction and its procedures to evade justice... FIDEIIUS (Fideiius).
Miles de simpatizantes del movimiento Ocupa marcharon del centro de Oakland a la zona portuaria. Autoridades del lugar emitieron un comunicado en el que informaron que las operaciones
estaban detenidas, lo que provocó el júbilo de los manifestantes. En una decisión sorpresiva, la alcaldesa Jean Quan dio el día a los trabajadores municipales para que se sumaran a la protesta Foto Ap
David Brooks, Corresponsal
No comments:
Post a Comment