DOBLE DISCURSO DEL ACTUAL GOBIERNO E INCONSTITUCIONALES POR RETRÓGRADAS, ANTIDEMÓCRATICAS Y ETNOFÓBICAS (sic), LAS PRETENDIDAS REFORMAS A LA CPEUM EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN: FLAGRANTE ATRACO EN DESPOBLADO A LOS MÁS DESPROTEGIDOS, EN AGRAVIO DE LA IGUALDAD DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES... OSAN DENOSTAR LA CONCIENCIA DE SU IDENTIDAD INDÍGENA Y EL ESPÍRITU INCLUYENTE DE LOS AUTÉNTICOS (sic) ACUERDOS DE SAN ANDRÉS LARRÁINZAR...
Acto seguido al falso discurso, ruedan máscaras en el Congreso de la Unión...
Galopante injusticia de tracto sucesivo en total agravio de los descendientes de los elementos humanos integrantes de los pueblos originarios, a quienes la oligarquía de perfil innegablemente xenofóbica, por conducto de sus esbirros-matraqueros, cínica, hipócrita y veladamente les discrimina, negándoles cabal acceso a dichos cauces del rubro de la Comunicación, con el mezquino, doloso e inconstitucional ánimo de obstaculizar entre otros derechos fundamentales de igualdad, el inmanente a la difusión de sus usos, valores y principios, obstruyendo así, su desarrollo socio-económico-político y cultural pleno...
Lejos de que el Estado en sus tres esferas de gobierno: Federal, Local o estatal y Municipal, procuren allegarles a quienes integran los pueblos indígenas, la infraestructura necesaria para que al menos tengan acceso al agua potable, les persiguen para desarraigarles, criminalizándoles sin previa indagatoria, tornándoles nugatorio el Principio constitucional de inocencia y del debido proceso, entre otras garantías que prevé nuestro Código Fundamental...
@CONAPRED #CNDH #UNESCO ◄ Denuncia pública de discriminación en agravio de las etnias de los de los EE.UU.MM.: http://fideiius.blogspot.com/2013/03/doble-discurso-del-actual-gobierno-e.html …
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http://www.wired.com/threatlevel/2013/02/scotus-surveillance-challenge/
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)*, en sus artículos 1ro., 2do., y conducentes, a la fecha, textualmente ordena:
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En construcción...
http://www.youtube.com/watch?v=stutWBY35yw
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Observemos como se expresa en lo conducente, en el mes de Mayo de 1998, el actual C. Ministro JOSE RAMON COSSIO DIAZ, adscrito a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su ensayo intitulado: "Análisis jurídico de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar"; a saber:
"Las propuestas de modificación del EZLN consisten en el señalamiento de una falta de solución al grave problema, agrario nacional y en la necesidad de reformar el artículo 27 constitucional; en la necesidad de desarrollar una política de sustentabilidad que permita preservar las tierras, territorios y recursos naturales de los "pueblos indígenas"; en la necesidad de mejorar la situación jurídica de la mujer y evitar que continúe siendo oprimida por ser mujer, indígena y pobre; en la necesidad de calendarizar el modo en que los Acuerdos deben ser llevados a la práctica; en lograr que en materia de acceso a la justicia se nombrarán intérpretes para los indígenas que deberían conocer las lenguas y las costumbres de estos últimos; en la necesidad de legislar para que se protejan los derechos de los migrantes indígenas y no indígenas; en fortalecer al municipio a través de su acceso a infraestructura, capacitación y recursos adecuados; en lograr que en materia de medios de comunicación se garantice el acceso a información veraz proveniente del gobierno, y que los indígenas accedan a los medios de comunicación existentes y a los suyos propios.
[...]
i) En primer lugar están aquellas políticas que tiendan al "reconocimiento y ampliación de los espacios de los pueblos indígenas para la producción, recreación y difusión de sus culturas". Aquí el problema se presenta en la determinación de la expression "espacios" pues tiene un sentido multívoco, y, nuevamente, en el sujeto de las propias políticas. En el primer punto, a lo que parece aludir el texto es al otorgamiento de un mayor número de posibilidades de comunicación como prensa, radio y televisión. Sobre el sujeto es cierto que se habla de los pueblos, pero esa expresión tiene que reconducirse a una forma juridical pues hasta esta parte de los ASL parece difícil hacer de los pueblos sujetos de derecho (esta posibilidad va a cambiar en las "Propuestas", pues allí se consideran de modo distinto los pueblos indígenas y sí resulta factible atribuirles ciertas competencias). Hasta esta parte del texto, si los pueblos indígenas habrán de ser ordenes jurídicos, éstos deberán encontrar medios de apoyo para que por las vías señaladas puedan difundir sus culturas. La cuestión a resolver aquí es si esos medios de apoyo (o espacios) asignados a tales órdenes deberán estar bajo lo que genéricamente podemos llamar el patrimonio de esos órdenes, o si los mismos deberán ser de la Federación y los estados, y ser éstos los que permitan su uso por parte de las comunidades (al analizar las "Propuestas" veremos de qué modo se precisa este problema). Sobre este punto de vista, parece que son factibles ambas posibilidades pues nada se opone a que, conforme lo establezcan la Constitución y las leyes, las comunidades puedan llegar a "adquirir" (por compra, concesión o autorización) algunos de los medios de comunicación que estimen adecuados y que, además estén en posibilidad de que en las legislaciones federal y locales se les confieran también "espacios" de difusión. Se trata de que la difusión de la cultura indígena se pueda llevar a cabo en los espacios con que cuenta el Estado por determinación legal; sin embargo, también se podría dar una interpretación de corte más social, en virtud de la cual se podría aceptar que el Estado (Federación y estados) adquiera o promueva el otorgamiento adicional de "espacios" para la difusión de los propios programas.
[...]
xii) El último punto del apartado III se refiere a los medios de comunicación. Estos se mencionaron en el "Acuerdo" (stricto sensu) por ser una de las "propuestas de agregados y de sustituciones o eliminaciones" formulados por el EZLN en la sesión del 14 de febrero de 1996. Como se recordará, las propuestas señalaban la necesidad de garantizar a los indígenas el acceso a la información sobre las actividades del Estado, de permitir el acceso a los pueblos indígenas a los medios de comunicación existentes y de contar con sus propios medios de comunicación. En el punto III.8 de las "Propuestas", la consideración al tema de los medios de comunicación es sobre todo a la última de las tres garantías acabadas de mencionar. Para desarrollarla, se comienza haciendo una consideración general acerca de la necesidad de propiciar un diálogo intercultural desde (nuevamente) el nivel comunitario hasta el nacional, de ahí que se estime indispensable que los pueblos cuenten con sus propios medios de comunicación, lo que por otra parte se considera clave para el desarrollo de sus culturas. A partir de tal supuesto, se propone la elaboración de una nueva ley de comunicación (que no reforma constitucional)"que permita a los pueblos indígenas adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación".
(http://estepais.com/inicio/historicos/86/25_folios_analisis_cossio.pdf)
NOTA de este ocioso tecleador: las negritas y el subrayado son de la cosecha de su servidor
http://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8
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1. Registro No. 163 528
2. Registro No. 183 560
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http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/03/22/1962233-niegan-pri-an-pvem-y-panal-a-indigenas-acceso-a-concesiones-de-radio-y-tv/
Acto seguido al falso discurso, ruedan máscaras en el Congreso de la Unión...
Galopante injusticia de tracto sucesivo en total agravio de los descendientes de los elementos humanos integrantes de los pueblos originarios, a quienes la oligarquía de perfil innegablemente xenofóbica, por conducto de sus esbirros-matraqueros, cínica, hipócrita y veladamente les discrimina, negándoles cabal acceso a dichos cauces del rubro de la Comunicación, con el mezquino, doloso e inconstitucional ánimo de obstaculizar entre otros derechos fundamentales de igualdad, el inmanente a la difusión de sus usos, valores y principios, obstruyendo así, su desarrollo socio-económico-político y cultural pleno...
Lejos de que el Estado en sus tres esferas de gobierno: Federal, Local o estatal y Municipal, procuren allegarles a quienes integran los pueblos indígenas, la infraestructura necesaria para que al menos tengan acceso al agua potable, les persiguen para desarraigarles, criminalizándoles sin previa indagatoria, tornándoles nugatorio el Principio constitucional de inocencia y del debido proceso, entre otras garantías que prevé nuestro Código Fundamental...
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)*, en sus artículos 1ro., 2do., y conducentes, a la fecha, textualmente ordena:
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."
“Artículo 2°.- La Nación Mexicana es única e indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generals establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales,
a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad,
al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especifi cidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.
B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas,dichas autoridades, tienen la obligación de:
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipals determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fi nes específicos.
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipals determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fi nes específicos.
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior.
Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Defi nir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva,así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado,la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específi cas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.”
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En construcción...
http://www.youtube.com/watch?v=stutWBY35yw
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Observemos como se expresa en lo conducente, en el mes de Mayo de 1998, el actual C. Ministro JOSE RAMON COSSIO DIAZ, adscrito a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su ensayo intitulado: "Análisis jurídico de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar"; a saber:
"Las propuestas de modificación del EZLN consisten en el señalamiento de una falta de solución al grave problema, agrario nacional y en la necesidad de reformar el artículo 27 constitucional; en la necesidad de desarrollar una política de sustentabilidad que permita preservar las tierras, territorios y recursos naturales de los "pueblos indígenas"; en la necesidad de mejorar la situación jurídica de la mujer y evitar que continúe siendo oprimida por ser mujer, indígena y pobre; en la necesidad de calendarizar el modo en que los Acuerdos deben ser llevados a la práctica; en lograr que en materia de acceso a la justicia se nombrarán intérpretes para los indígenas que deberían conocer las lenguas y las costumbres de estos últimos; en la necesidad de legislar para que se protejan los derechos de los migrantes indígenas y no indígenas; en fortalecer al municipio a través de su acceso a infraestructura, capacitación y recursos adecuados; en lograr que en materia de medios de comunicación se garantice el acceso a información veraz proveniente del gobierno, y que los indígenas accedan a los medios de comunicación existentes y a los suyos propios.
[...]
Definidos los "derechos de los pueblos indígenas" como competencias, la pregunta a responder es si de los ASL se desprende la existencia efectiva de derechos (en sentido técnico) en favor de los pueblos indígenas, a lo cual puede responderse que sí. Como los pueblos indígenas darán lugar a los órdenes jurídicos que luego apuntaremos, debemos recordar que los propios órdenes pueden llegar a ser titulares de derechos y obligaciones, con lo cual queda por determinar en qué materias se establecerán estos últimos. En los términos apuntados, los pueblos indígenas podrán tener, por ejemplo, derecho a las concesiones que se les den para la explotación de recursos naturales,' o a la utilización de los medios de comunicación que se alude en la parte final del documento llamado Informe, o a los bienes que tenga o adquiera el orden indígena. A la vez, los pueblos tendrán las obligaciones jurídicas que se establezcan recíprocamente con los derechos que adquieran, y respecto a éstas tendrán que llevar a cabo las conductas a que se hubieran comprometido. Los derechos sí podrían tener el carácter de colectivos, como seria en los casos en que al orden indígena, y no a uno de sus integrantes en particular, se le otorgaran las concesiones de explotación o los permisos para la utilización de los medios de comunicación.”
[...]i) En primer lugar están aquellas políticas que tiendan al "reconocimiento y ampliación de los espacios de los pueblos indígenas para la producción, recreación y difusión de sus culturas". Aquí el problema se presenta en la determinación de la expression "espacios" pues tiene un sentido multívoco, y, nuevamente, en el sujeto de las propias políticas. En el primer punto, a lo que parece aludir el texto es al otorgamiento de un mayor número de posibilidades de comunicación como prensa, radio y televisión. Sobre el sujeto es cierto que se habla de los pueblos, pero esa expresión tiene que reconducirse a una forma juridical pues hasta esta parte de los ASL parece difícil hacer de los pueblos sujetos de derecho (esta posibilidad va a cambiar en las "Propuestas", pues allí se consideran de modo distinto los pueblos indígenas y sí resulta factible atribuirles ciertas competencias). Hasta esta parte del texto, si los pueblos indígenas habrán de ser ordenes jurídicos, éstos deberán encontrar medios de apoyo para que por las vías señaladas puedan difundir sus culturas. La cuestión a resolver aquí es si esos medios de apoyo (o espacios) asignados a tales órdenes deberán estar bajo lo que genéricamente podemos llamar el patrimonio de esos órdenes, o si los mismos deberán ser de la Federación y los estados, y ser éstos los que permitan su uso por parte de las comunidades (al analizar las "Propuestas" veremos de qué modo se precisa este problema). Sobre este punto de vista, parece que son factibles ambas posibilidades pues nada se opone a que, conforme lo establezcan la Constitución y las leyes, las comunidades puedan llegar a "adquirir" (por compra, concesión o autorización) algunos de los medios de comunicación que estimen adecuados y que, además estén en posibilidad de que en las legislaciones federal y locales se les confieran también "espacios" de difusión. Se trata de que la difusión de la cultura indígena se pueda llevar a cabo en los espacios con que cuenta el Estado por determinación legal; sin embargo, también se podría dar una interpretación de corte más social, en virtud de la cual se podría aceptar que el Estado (Federación y estados) adquiera o promueva el otorgamiento adicional de "espacios" para la difusión de los propios programas.
[...]
xii) El último punto del apartado III se refiere a los medios de comunicación. Estos se mencionaron en el "Acuerdo" (stricto sensu) por ser una de las "propuestas de agregados y de sustituciones o eliminaciones" formulados por el EZLN en la sesión del 14 de febrero de 1996. Como se recordará, las propuestas señalaban la necesidad de garantizar a los indígenas el acceso a la información sobre las actividades del Estado, de permitir el acceso a los pueblos indígenas a los medios de comunicación existentes y de contar con sus propios medios de comunicación. En el punto III.8 de las "Propuestas", la consideración al tema de los medios de comunicación es sobre todo a la última de las tres garantías acabadas de mencionar. Para desarrollarla, se comienza haciendo una consideración general acerca de la necesidad de propiciar un diálogo intercultural desde (nuevamente) el nivel comunitario hasta el nacional, de ahí que se estime indispensable que los pueblos cuenten con sus propios medios de comunicación, lo que por otra parte se considera clave para el desarrollo de sus culturas. A partir de tal supuesto, se propone la elaboración de una nueva ley de comunicación (que no reforma constitucional)"que permita a los pueblos indígenas adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación".
Del conjunto de temas contenidos en el párrafo anterior, el más relevante consiste en precisar quién o quiénes serán los sujetos de las concesiones o permisos mediante los cuales se puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación. En primer lugar, nos parece que no existe problema alguno en estimar que las comunidades y los municipios indígenas podrán serlo, pues jurídicamente no existe ningún problema para que a tales órdenes normativos se les confieran tales concesiones o permisos. En segundo lugar, y habiendo señalado la posibilidad de que los pueblos indios como tales sean susceptibles de ejercer algún tipo de competencias, cabe preguntarse si también respecto a ellos es factible el otorgamiento de las concesiones o permisos. No se trata de responder esta pregunta aludiendo a lo dispuesto por la Ley de Vías Generales de Comunicación, en tanto la misma está siendo sujeta a revisión, sino más bien a la posibilidad en abstracto de lograrlo, pues sí ella es posible entonces también lo es la de reformar a la Ley acabada de mencionar. Sobre este punto nos parece que sí es posible, siempre que se encuentre el modo de darle a los pueblos el carácter de sujetos jurídicos. A su vez, esta última cuestión es realizable en todos aquellos casos en los que sea factible identificar a los integrantes del pueblo mismo, lograr que éstos designen a las autoridades que habrán de representarlos, y lograr que esas autoridades satisfagan los requisitos formales y otorguen las garantías necesarias que, seguramente, serán exigibles en las concesiones o permisos de que venimos hablando.
Para facilitar el acuerdo anterior, en las "Propuestas" se tomaron dos medidas concretas: que los gobiernos federal y estatales promoverían que ante la demanda de los pueblos y las comunidades, los medios de comunicación indigenistas pasaran a ser medios de comunicación indígenas; que el Gobierno Federal recomendaría a las instancias correspondientes, que las 17 radiodifusoras del INI fueran entregadas a las comunidades indígenas de sus respectivas regiones y previa solicitud de ellas mismas, "con la transferencia de permisos, infraestructura y recursos".
De los dos párrafos anteriores parece factible afirmar que los acuerdos en materia de medios de comunicación para los indígenas son los siguientes: que los tres sujetos mencionados (comunidades, municipios y pueblos pueden estar en posibilidad de "recibir" concesiones en materia de medios de comunicación; que esos sujetos podrán recibir los medios de carácter indigenista ya existentes y, al parecer, en condiciones de gratuidad, y que en los casos en que quieran adquirir otros medios, en los ASL no se preveé que deban serlo en condiciones de gratuidad. Es evidente que si estos son los acuerdos, entonces es necesario resolver problemas tales como las condiciones de adquisición de cada uno de los tres sujetos (y particularmente de los pueblos), el modo como habrán de asignarse entre todos los sujetos los 17 medios de comunicación ya existentes, los alcances de la transferencia en condiciones de gratuidad.
La última cuestión a tratar en materia de medios de comunicación tiene que ver con los compromisos asumidos para establecer "un nuevo marco jurídico en materia de medios de comunicación" que considere los siguientes aspectos: la pluriculturalidad nacional; el derecho al uso de lenguas indígenas en los medios; el derecho de réplica; garantías a los derechos de expresión, información y comunicación, y la participación democrática de las comunidades y pueblos ante las instancias de decisión en materia de comunicación. De estos contenidos, únicamente el tercero se incluye por vez primera en los ASL, y el mismo tiene un carácter que, al parecer, rebasa con mucho el ámbito de discusión de los indígenas para constituirse en una reivindicación de tipo nacional. En este punto, los derechos a la información y a la expresión ya se encuentran constitucionalizados, de manera tal que solo se estaría asumiendo un compromiso por parte del Gobierno Federal para hacer más eficiente el ejercicio de ambos derechos; el derecho a la comunicación no se encuentra constitucionalizado, pero tampoco parece que se está tratando de elevarlo a esa jerarquía (ni tampoco a la legal), así que nuevamente parece estarse haciendo una excitativa al gobierno para facilitar el ejercicio de los derechos que tengan que ver con los medios de comunicación en general.
Finalmente, el Gobierno Federal asume el compromiso de crear un "Ombudsman de la comunicación" o un "Consejo ciudadano de la comunicación", a fin de lograr que los interesados participen en la ciudadanización de las instancias de decisión en materia de comunicación.
d) El apartado IV de las "Propuestas" se denomina "La adopción de los siguientes principios, que deben normar la nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado y el resto de la sociedad". Como se recordará, al analizar las "Propuestas" nos referimos a cinco "Principios de la nueva relación" entre el Estado y los pueblos indígenas (pluralismo, sustentabilidad, integralidad, participación y libre determinación), algunos de los cuales (pluralismo, libre determinación y sustentabilidad) son considerados de manera prácticamente igual en las "Propuestas". Pero en estas últimas se incluyen dos nuevos "principios" que es preciso estudiar por incorporar nuevos contenidos.
[…]
vii) Finalmente, en los incisos h) e i), se habla de la necesidad de legislar para que "no se ejerza ninguna forma de coacción en contra de las garantías individuales y los derechos y libertades específicas de los pueblos indígenas", y para que los pueblos indígenas puedan ejercer libremente el desarrollo de sus culturas y acceder a los medios de comunicación.
Con independencia de los equívocos técnicos que implica hablar de coacción de garantías, en estos incisos no se incorporan modificaciones a los contenidos de los
"Pronunciamientos" ya antes analizados.
[…]”(http://estepais.com/inicio/historicos/86/25_folios_analisis_cossio.pdf)
NOTA de este ocioso tecleador: las negritas y el subrayado son de la cosecha de su servidor
http://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8
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1. Registro No. 163 528
2. Registro No. 183 560
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"Niega reforma de Telecom acceso de indígenas a concesiones de radio y tv
Bloque PRI, PAN, Panal y PVEM consideró que esos medios podrían ser fuente de subversión en pueblos étnicos.
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Publicado: 22/03/2013 19:06
Publicado: 22/03/2013 19:06
México, DF. La mayoría del pleno cameral en San Lázaro, compuesta por el PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, obstaculizaron la propuesta de modificación a los artículos sexto y vigésimo octavo de la Constitución para dar acceso a los pueblos y comunidades indígenas a concesiones de radio y televisión con objeto de fomentar el respeto, el pluriculturalismo y la multietnicidad en el país.
Prevaleció el criterio de negar a ese amplio sector de la población la posibilidad de participar en el terreno de la radiodifusión porque el bloque de partidos políticos citados considera que esos instrumentos de comunicación podrían ser fuente de subversión o rebeldía.
Anoche, esos partidos desoyeron la propuesta de un sector del PRD y de la bancada de Movimiento Ciudadano para que las comunidades y pueblos indígenas tengan la opción de proponer ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) el otorgamiento de concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
Así se negó una vez más a ese amplio segmento de la población la posibilidad de reconocérsele como sujeto pleno de derecho en la materia de comunicación. Con ello, la democratización de los medios, tan llevada y traída en los últimos años se cerró de facto al desarrollo y florecimiento de las culturas indígenas.
Los argumentos para modificar el contenido de los dos artículos constitucionales se sustentaron en acceder, sin reservas, al derecho a establecer propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de comunicación no indígenas.
La propuesta pretendía, en la redacción de artículo sexto de la Constitución, que la radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento “y respeto” de los valores del pluriculturalismo, plurilingüismo y multietnicidad”, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo tercero de esta Constitución.
También se, señala el actual ordenamiento: la Ley establecerá un organismo público con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan “la diversidad nacional”, la formación educativa, cultural y cívica, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.
Específicamente, la propuesta de reforma al artículo 28 de la Constitución que pretendía garantizar el derecho a las comunidades y pueblos indígenas, y fue rechazada, hubiese permanecido de la siguiente forma: “Corresponde al Instituto (Federal de Telecomunicaciones), el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de concesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, “de los pueblos y comunidades indígenas”, social, y privado y se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2º. 3º., 6º. Y 7º. de esta Constitución. Las concesiones serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico…”
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/03/22/1962233-niegan-pri-an-pvem-y-panal-a-indigenas-acceso-a-concesiones-de-radio-y-tv/
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9:44 AM - 5 Jan 11 · Details
9:45 AM - 5 Jan 11 · Details
9:47 AM - 5 Jan 11 · Details
12:46 AM - 6 Jan 11 · Details
2:37 AM - 8 Jan 11 · Details
7:32 PM - 11 Jan 11 · Details
8:37 PM - 11 Jan 11 · Details
8:55 PM - 11 Jan 11 · Details
10:06 PM - 22 Mar 13 · Details
10:07 PM - 22 Mar 13 · Details
10:18 PM - 22 Mar 13 · Details
10:23 PM - 22 Mar 13 · Details
12:26 PM - 22 Mar 13 · Details
12:19 PM - 23 Mar 13 · Details
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"Reactivar el diálogo con el EZLN, meta de Martínez Veloz
Acuerdos de San Andrés, una ley impostergable
Blanche Petrich
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de enero de 2013, p. 7
Miércoles 16 de enero de 2013, p. 7
Jaime Martínez Veloz, ex priísta de cepa colosista, dos veces miembro de la comisión legislativa para la negociación con los zapatistas (Cocopa) en los años 90, asume su nuevo cargo dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto como comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas como
la decisión más complicadaque le ha tocado asumir en su carrera política, pero como
un riesgo que vale la pena correr. Su reto es generar condiciones para reactivar la interlocución con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y hacer realidad el primer acuerdo de las fallidas negociaciones de San Andrés Larráinzar, firmadas en 1997: una ley de cultura y derecho para los pueblos indios.
Reconoce que su punto de partida es un escenario
sin puentes de comunicacióncon el EZLN. Disiente de quienes piensan que es a los rebeldes chiapanecos a quienes corresponde dar el primer paso y sentarse
yaa negociar. Hoy es el turno del Estado, afirma.
Es desde aquí donde se debe dar el primer paso.
–El gobierno, haciendo eco de la descalificación de los acuerdos de San Andrés en su momento, anuló todo ese esfuerzo colectivo que significaron las negociaciones de Larráinzar (de 1995 a 1997). Faltó a su palabra. Creo que hoy es posible que el Estado haga eco de lo que un día se firmó.
Hablar con todos
Sin saber siquiera dónde va a despachar, formando apenas un grupo compacto de colaboradores, Martínez Veloz dedica estos días a hablar y concertar ideas con todo tipo de interlocutores –que van desde los partidos políticos, incluido al aún en formación Morena, movimientos sociales, entre ellos el que encabeza Javier Sicilia, y todo un abanico de agrupaciones indígenas, académicos y legisladores, incluyendo a los antiguos integrantes de la extinta Conai (Comisión Nacional de Intermediación), que en su momento encabezó el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García.
Martínez Veloz, bajacaliforniano, considera que sin la movilización de los zapatistas el 21 de diciembre pasado en Chiapas,
el tema indígena no hubiera vuelto al centro del debate nacional. El EZLN, una organización a la que admiro por su proceder, fue determinante.
El PRI, que en 1997 faltó a su palabra...
–¿Quiere decir que es posible que el Congreso actual, con mayoría priísta, apruebe aquella ley que en 1997 fue desdeñada por todos los partidos políticos? ¿Que ahora sí es posible la ley, el acuerdo de derechos y cultura indígena?
–Exactamente.
–Pero fue un gobierno priísta, el de Ernesto Zedillo, el que faltó a su palabra. Hoy es otro gobierno priísta, el de Peña Nieto. No son otros, son los mismos personajes.
–Es el mismo partido. Hay personalidades que estuvieron en aquel tiempo y que están ahora. Pero hay una diferencia. En 18 años yo hice un esfuerzo para que los funcionarios en el poder escucharan nuestras opiniones en este tema. Yo nunca me alejé de las comunidades, siempre seguí involucrado, atento a sus necesidades.
Nos escucharon, a veces, sin hacernos caso. Mi presencia molestaba. Omito nombres. Ahora, en cambio, es la primera vez que me manda llamar un secretario de Gobernación. Miguel Ángel Osorio Chong lo hizo el 11 de enero. Pidió mi opinión: dije que tenía que haber acciones unilaterales, que tenía que activarse en la legislatura la Cocopa, como un instrumento importantísimo; que había que darle relevancia a la figura del comisionado... nunca pensé que iba a ser yo. Plantee la necesidad de revisar los procesos para excarcelar a los presos zapatistas Francisco Santiz y Alberto Patishtán y la reposición del proceso legislativo de la ley indígena original.
–Esta comisión no se denomina para el Diálogo en Chiapas, sino para los Pueblos Indígenas. ¿Quiere decir que también va a abordar otros conflictos en otras regiones, como Ostula y Cherán, en Michoacán; Atenco, en el estado de México; las comunidades de la Costa Chica de Guerrero y la seguridad nacional; el Istmo o los triquis en Oaxaca; Wirikuta, en San Luis Potosí... tantos otros focos rojos encendidos?
El bajacaliforniano agrega a la lista –incompleta– uno que le resulta más cercano: los pescadores cucapás y responde.
–Esta comisión reconoce que lo que está pasando en Chiapas tiene repercusiones de carácter nacional y que no puede haber una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas sin una nueva ley. En el fondo... esto no es un problema de cuatro municipios, como muchos lo quisieron ver. Lo que vamos a hacer es un trabajo interinstitucional, intragubernamental, para que las dependencias atiendan los asuntos que les conciernen. Estos compromisos están en el Pacto por México.
La década de expoliación panista
Martínez Veloz llega a la entrevista con varias carpetas y copiosa información sobre lo que ocurrió en la
década perdida, después de que la clase política desdeñara la ley indígena pactada. “Mentirosamente se dijo que lo que se pretendía era balcanizar al país, que el garantizar que los pueblos indios de México pudieran gozar el uso y disfrute de las riquezas en sus territorios significaba dejarlos que acapararan esos recursos. ¿Y qué ha pasado en la docena gobernada por el PAN?”
Jaime Martínez Veloz, durante la entrevistaFoto Prometeo Lucero
Muestra cuadros estadísticos que ilustran que hoy la situación de pobreza y explotación en las comunidades indígenas de todo el país son más extremas que en 1997: “De 2000 a 2010 se le entregaron a las empresas mineras 56 millones de hectáreas, una cuarta parte del país. Más de lo que se apropió la colonia española en más de 300 años de dominio. De 1521 a 1830, España extrajo del subsuelo mexicano 192 toneladas de oro. De 2000 a 2010, en 10 años del siglo XXI, se extrajo más del doble... 419 toneladas. Más de 70 por ciento de estas empresas son extranjeras. Y la mayor parte de estas compañías mineras están en terrenos indígenas o ejidales.
Y frente a estos datos, la pobreza en territorios indígenas contrasta brutalmente. Yo pediría, precisamente a quienes denostaron el trabajo realizado por la Cocopa y satanizaron los acuerdos de San Andrés Larráinzar que nos expliquen esta realidad histórica.
–Es decir, hace 18 años los partidos negaron a las comunidades indígenas una ley que protegiera sus derechos sobre esos recursos. Luego llegó el PAN y se produjo esta enorme expoliación de riquezas en los territorios indígenas que describe. Las corporaciones llegaron, ahí están... y parece ser que para quedarse. ¿Cómo van a cumplir esa ley si hoy la realidad es mucho peor de la que era en 1997?
–No estoy en contra de la inversión privada, pero no puede haber un país donde se genere una enorme riqueza y ésta no se quede en una parte proporcional en la nación que se origina.
–Pero para que las trasnacionales accedan a cambiar sus políticas y dejen algo de la riqueza que sacan a los pueblos, ¿qué se necesita? En Bolivia hubo las revoluciones del agua, del gas. En Ecuador hay una nueva constitución, en Venezuela las reinvindicaciones bolivarianas. ¿Y aquí?
–Aquí tenemos el Pacto por México, donde de manera precisa existe el compromiso de que una nueva ley minera deje beneficios en las comunidades de donde extraen sus riquezas.
–¿Acaso veremos algún día a los firmantes del pacto confrontando y exigiendo regalías a las mineras canadienses, a los corporativos internacionales, al Grupo México? Inverosímil.
–Ese es nuestro dilema. Si seguimos por esta ruta en la que la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor, no va a haber estabilidad, va a haber nuevas confrontaciones. Sólo construyendo mecanismos de equidad y de reparto justo va a haber estabilidad y prosperidad. Yo confío en que lo que pactaron los tres partidos y el gobierno se va a hacer efectivo. Y es algo que embona con los acuerdos de San Andrés. Hoy sí hay una realidad nacional más grave, más lacerante, pero también hay una serie de consensos que antes no teníamos.
–El capital trasnacional ya entró a los territorios indígenas, ya creó derechos...
–Esta ley no está regateando sus concesiones, pero tienen que tributar, pagar por sus concesiones. De 2005 a 2010 tuvieron utilidades por 52 mil millones de pesos. Y de esos solamente quedaron en México 650 millones, 1.18 por ciento. Nada más.
–Justamente. Tendría que ser muy radical el cambio del gobierno para exigir a estos poderes privados un trato menos inequitativo. Y no se ve por dónde...
–Pero eso ya está pactado. No es asunto de fe. Existe un compromiso.
–¿Cree usted que los firmantes del Pacto por México tienen la fuerza, o la voluntad, de poder exigir un reparto de utilidades más justo? Si de eso ni se habla.
–Por eso digo que hay que construir el mayor número de consensos para lograrlo.
–Hablando de consensos, ¿las comunidades indígenas, incluyendo al EZLN, serían parte del consenso?
–Claro. En la iniciativa de ley se contempla que las comunidades tendrán uso y disfrute de sus riquezas naturales. Esto pasa por el reconocimiento de estos derechos en la Constitución, por una nueva ley minera, por los derechos ejidales. Por sentido común esta brecha tiene que empezar a ser menos grande.
–¿Cómo espera que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional reciba el nombramiento que acaban de darle?
–Para mí, el EZLN es una de las organizaciones más emblemáticas, más convincentes en su proceder. Entre lo que más admiro de ellos es cómo se involucran en la actividad política a partir de sus convicciones de la construcción de un nuevo país. Ellos decidirán cómo reaccionan.
–¿No existe duplicidad de tareas entre esta comisión y la Comisión Nacional para el Desarrollo Indígena que preside Nuvia Mayorga?
–Ni chocan ni duplican funciones. Nosotros no tenemos nada que ver con la operación de programas. Tenemos que ver con las posibilidades de generación de acuerdos, de consensos, hacer política para construir las condiciones que permitan reanudar el diálogo. Esa es nuestra ruta.
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Comentó que derivado de la reforma política se podría tener ya la Constitución política de la ciudad de México, en la que quedarían plasmadas todas esas cuestiones de los derechos fundamentales de los grupos indígenas, como son el acceso a la educación, a la forma de organización, a la salud, a la vivienda, cultura y deporte.
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"San Andrés y el diálogo pendiente: Especial sobre los Acuerdos de San Andrés
Los llamados diálogos de San Andrés fueron las negociaciones que se emprendieron entre el EZLN (acompañado por la sociedad civil) y el Estado mexicano entre octubre de 1995 y febrero de 1996 con la intención de lograr una nueva relación entre el Estado y la sociedad poniendo particular atención en revertir la explotación y marginación en la que se encuentra sumida la población indígena del país. Los diálogos se llevaron a cabo en el pueblo tsotsil de San Andrés apellidado “Larráinzar” por el gobierno y rebautizado como “Sak´am Ch´en De Los Pobres” por los zapatistas con la intención de traer a la memoria la historia prehispánica y colonial de aquella comarca india.
Además del gobierno mexicano y el EZLN, en los diálogos participaron la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), una comisión de distintos activistas e intelectuales, presidida por el obispo Samuel Ruiz, la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) una comisión de legisladores de las dos cámaras federales y el Congreso local. Un sector significativo de la sociedad civil nacional e internacional estuvo involucrado tanto en los cinturones de paz como en las asesorías durante el diálogo. Del encuentro surgido en la primera mesa correspondiente a derechos y cultura indígena, el 16 febrero de 1996 se llevó a cabo la firma de los acuerdos de San Andrés.
Sin embargo es importante recalcar que en San Andrés no sólo se trataría el tema de Derechos y Cultura Indígena. Una de las estrategias del gobierno federal ha sido la de encasillar al movimiento zapatista en la “cuestión indígena” y después tiladarlo como un movimiento que pretendía la “independencia” o separación de Chiapas. Esto va en clara contraposición con los objetivos del EZLN que desde la Primera Declaración de la Selva Lacandona se reivindicó como un movimiento de Liberación Nacional que además se reconocía como heredero no sólo de los 500 años de lucha y resitencia indígena, sino también de Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero y del “pueblo trabajador en sus luchas de huelga”.
Simultaneamente, tanto la urgencia dentro de diversos sectores para parar la guerra como las simpatías que atrajo su “Ya Basta”, sirvieron para crear una confluencia de fuerzas políticas, intelectuales, organizaciones civiles y personas de “a pie”. Esta confluencia se dió cita en San Andrés para conocerse y dialogar, conjuntamente y pensar-repensar el proyecto de nación. Es decir, el puente que fue San Andrés implicó el ensayo de un nuevo proyecto de nación, un nuevo pacto social y político. Prueba de ello es las otras mesas que estaban planeadas:
1. Derechos y Cultura Indígena.
2. Democracia y Justicia.
3. Bienestar y Desarrollo.
4. Conciliación en Chiapas.
5. Derechos de la Mujer en Chiapas.
6. Cese de hostilidades
De ellas, sólo la segunda se alcanzó a comenzar. Los temas de esta segunda mesa planteaban muchos de los temas que continúan siendo no sólo vigentes, sino urgentes:
1. Democracia política e instituciones públicas.
2. Democracia social y justicia social.
3. Organizaciones sociales y participación ciudadana.
4. Justicia y derechos humanos.
5. Justicia, convivencia social y orden jurídico.
6. Democracia y medios de comunicación.
7. Democracia y soberanía nacional.
La segunda mesa se constituyó como un espacio para honrar y exigir la presentación de aquellos que han luchado precisamente por Democracia y Justicia: Dentro de la primera lista de asesores estaban no sólo los presuntos zapatistas, es decir, los presos políticos sino también los desaparecidos. Los desaparecidos que siguen siendo una llaga en la memoria histórica nacional a pesar de las distintas formas de instaurar el olvido y la desmemoria como política de estado.
Entonces, ¿qué significaba San Andrés para México y en particular esta segunda mesa?
Un espacio de encuentro, de discusión sobre la necesidad de refundar la nación a través del diálogo en el que fueron invitados a converger las distintas fuerzas políticas y sociales. El convocante era el EZLN pero era y es un convocante que planteaba una política muy otra, algo que el gobierno nunca ha entendido.
Si bien en algún momento los acuerdos de San Andrés reflejaban la aceptación del gobierno mexicano de permitir y propiciar la construcción de la autonomía de los pueblos indígenas, esa situación nunca se dio en los hechos y en cambio la vía del diálogo se fue cerrando cada vez más. Ante esto, el EZLN decidió emprender un proyecto que le hiciera ejercer la autonomía por su propia cuenta. Después de estos momentos posteriores al levantamiento, los intentos de diálogo y las necesidades de mantener viva una lucha, se vuelve evidente la situación de que el trabajo organizado, el trabajo de construcción y el trabajo organizativo a partir de las comunidades y sus propios proyectos son los que van a hacer el cambio.
Es entonces como para el movimiento zapatista el Estado dejó de ser interlocutor. La traición de los Acuerdos de San Andrés y la ruptura del proceso de diálogo, no sólo representó la negación rotunda a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, sino también la oportunidad hacia una transición dialogada con el Estado hacia la democracia. Lo que ahora vivimos en México es la agudización de las contradicciones de un Estado mafioso e ilegítimo que utiliza la violencia, la generalización de la violencia, es decir, la guerra como única forma de continuar ejerciendo el poder. El puente se quemó. Lo quemó el Estado mexicano.
La poca disposición de diálogo verdadero por parte del Estado y la implementación en cambio de una guerra de baja intensidad, forzó a transformar hacia la exigencia de construir perspectivas alternativas como la verdadera transformación de la relación con el Estado, al ir construyendo poco a poco una fuerza social capaz de convertir las demandas en logros, en construcciones propias. El proceso de conflicto y la propia experiencia de construcción de las comunidades hizo ver que el cambio verdadero no vendría del Estado, que había que conseguirlo a partir de la práctica.
En eso estamos caminando y todavía falta lo que falta…
Programa de Radio Sobre los Diálogos de San Andrés a 17 años de la firma de los acuerdos de la Mesa de Derechos y cultura indígena [2 horas]
En el que hablamos de cómo San Andrés fue un ensayo en el que la propia sociedad imaginaba y construía su nación a través de un diálogo sin precedentes entre personas tan diversas, un proceso que sigue pendiente. Con esta reflexión pensamos en la necesidad de seguir imaginando, de continuar este proceso de diálogo entre nosotr@s como sociedad, de continuar esos procesos de reflexión creativa colectiva para reinventarnos, para buscar cómo articular nuestras islas de autonomía en un proceso más amplio y fuerte, en la construcción de un mundo en el que quepamos todes.
MÁS INFO SOBRE LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS
AUDIO:
Programa de Radio realizado en 2011 para explorar Los Acuerdos de San Andrés a su 15 aniversario [Duración: 33 mins]
Programa de Radio “La insurrección del fuego y la palabra”
que aborda el período historico de lucha en chiapas de 1994 a 2003, llevado a cabo en el festival de la memoria con motivo del 29 aniversario de la fundación del EZLN
TEXTO:
Resumen de los Acuerdos de San Andrés
Material informativo de apoyo a la consulta convocada por el EZLN sobre la ley elaborada por la COCOPA en materia de derechos y cultura indígena.
http://komanilel.org/BIBLIOTECA_VIRTUAL/Acuerdos_de_San_Andres-resumen.pdf
Cuadro comparativo entre los acuerdos de San Andrés y la reforma constitucional de 2001
Muestra las divergencias entre los Acuerdos de San Andrés y la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena. El cuadro fue publicado en la revista Yorail Maya del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
http://komanilel.org/BIBLIOTECA_VIRTUAL/Cuadro_comparativo.pdf
Los Acuerdos de San Andrés
edición bilingüe tsotsil-español publicado por el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena.
http://komanilel.org/BIBLIOTECA_VIRTUAL/Los_acuerdos_de_San_Andres.pdf
Documentación histórica en CEDOZ
Sobre Los Acuerdos de San Andrés en Centro de Documentación sobre Zapatismo.
http://www.cedoz.org/site/content.php?cat=6
Un historial del diálogo de paz
Recuento de los diversos momentos de diálogo entre el EZLN y el GF. Texto de Andres Aubry.
http://www.edualter.org/material/ddhh/aubry.htm
Los desacuerdos de San Andrés
Artículo de opinión de Andrés Aubry para el octavo aniversario de la firma de los acuerdos de San Andrés
http://www.chiapas.ch/print_artikel.php?print_ID=330
Los Acuerdos de San Andrés 10 años después
Boletín de CIEPAC
http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=494
San Andrés: los saldos de un incumplimiento.
Artículo de Francisco López Bárcenas en 2004
http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=402&cat=64 "
http://radiozapatista.org/
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"SIN ACUERDOS DE SAN ANDRÉS NO HABRÁ AVANCES
Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– Jaime Martínez Veloz se ve cansado. Ante la aparición de cada vez más grupos de autodefensa en diversos estados de la República, que involucran en varios casos a comunidades indígenas, no ha parado de viajar, sobre todo a Guerrero.
A mediados de enero pasado fue nombrado por el gobierno federal, titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, tras haber sido invitado a conversar con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en los primeros días de ese mes.
En ese primer encuentro, Martínez Veloz llevó al Secretario de Gobernación dos cuartillas, en donde anotó cinco puntos encaminados a reactivar el diálogo con el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), y a “reponer el procedimiento legislativo de la iniciativa de ley que contiene los Acuerdos de San Andrés”. Subrayó también la idea de que se tenían que realizar acciones unilaterales, por parte del gobierno federal, para retomar el diálogo, porque “no hay puentes con el EZLN”.
Martínez Veloz, quien fuera dos veces miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), también planteó a Osorio Chong el terrible hecho de que 80% de la población indígena viva de condiciones de pobreza, en buena parte extrema y con crisis alimentaria.
El ex Diputado federal relata sus primeras acciones con voz pausada. En varios momentos de la entrevista da sorbos a su coca de dieta. Sus ojeras son profundas. Ha dormido poco en los últimos días. De hecho, nos canceló una vez la entrevista por un viaje urgente.
En Ayutla de los Libres, Guerrero, dialogó con la Unión Popular de Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que, erigida en policía comunitaria, había retenido a 54 personas bajo acusaciones de delincuencia organizada.
Fue allá, dice, tras esgrimir “los argumentos (de que se debía) primero entender qué es lo que había detrás de esto”.
Al pensar en sus viajes y en los agotadores diálogos con diversos grupos, le preguntamos que si su prioridad no ha variado: en enero llegó a Gobernación con ideas enfocadas al EZLN, y ahora surgen como hongos, los llamados grupos de autodefensa en varios estados de la República Mexicana, que lo mantienen doblemente ocupado.
Nos dice que los temas no son excluyentes, que en el asunto de los grupos de autodefensa o policías comunitarias, adquieren vigencia los Acuerdos de San Andrés que tienen que ver con todo el país, no exclusivamente con Chiapas:
“En la iniciativa original que elaboramos quienes pertenecimos a la Cocopa, se plantea la necesidad de establecer (coherencia) entre los sistemas normativos y el marco jurisdiccional del Estado mexicano. Entonces, hay un texto muy bien elaborado, en donde reconociendo la existencia de sistemas normativos en los pueblos indígenas, respetando los derechos humanos y en particular los derechos de las mujeres, estos procedimientos podrán ser utilizados siempre y cuando sean convalidados por el Estado mexicano”.
–¿La idea es institucionalizar los grupos de autodefensa?
–Se tienen que ir generando los mecanismos que permitan, por un lado, resolver la emergencia y, por otro, meter en una dinámica institucional a todo este tipo de fenómenos tan complejos que se están presentando en el país.
En Guerrero hay un ejemplo muy significativo que tiene ya más de 17 años: se trata de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que son policías comunitarios con presencia en 15 municipios aproximadamente. Los policías son nombrados por la asamblea de cada comunidad, son gente que no recibe un salario y que hace una tarea social; la población les tiene confianza porque han sido nombrados por la propia asamblea.
En 17 años han tenido un mecanismo de interlocución con el gobierno del estado y no ha habido mayores problemas, han sido de alguna manera un garante de la estabilidad y la certidumbre de las comunidades.
Lo que se produjo a principios de este año, es que hubo un disparo de la criminalidad en algunas zonas del estado de Guerrero. La gente se organizó, detuvo a algunas personas que habían generado esta incertidumbre o habían participado en acciones delictivas. Sin embargo, ese hecho tuvo que ser reflexionado colectivamente, accedieron a entregar a las personas retenidas al Ministerio Público y hoy están en tránsito de formar una policía comunitaria, con las mismas características que la CRAC ha tenido en ese estado.
–¿No se pierde el legítimo ejercicio de la seguridad por parte del Estado?
–El Estado somos todos. Claro que no, porque son complementarios, no son excluyentes, o sea cuando hay delitos de carácter grave, la propia policía comunitaria entrega al ministerio público a las personas que incurren en un delito. Ahora, hay algunos delitos que las propias comunidades han venido resolviendo al interior de las mismas, en el sentido de que los castigos o la reeducación acerca de esos delitos se da en la propia comunidad, con tareas propias de la comunidad. Eso lo han hecho muchos pueblos incluso sin tener una policía comunitaria.
–Se habla de que se pueden convertirse en grupos paramilitares, al servicio del crimen organizado o de otros intereses…
–Para que fueran grupos paramilitares, el Ejército tendría que estar, o sea los militares tendrían que estar ofreciendo preparación militar, que no es el caso. Lo que yo he visto en la CRAC es que el armamento que usan no es del Ejército: son rifles calibre 22, fundamentalmente. Traen uniforme, están al servicio de la comunidad.
Es tan grave minimizar las cosas como satanizarlas. Hay que ubicarlas en su justa dimensión.
Sin embargo yo no puedo decir que todos los grupos tengan la misma pretensión, el mismo origen, el mismo propósito, las mismas causas…
Yo digo hay que hacer una reflexión, hay que enfrentar el problema con toda su complejidad en el terreno constitucional legal y en el terreno social, en el terreno de la equidad, de la igualdad. Se tienen que generar mejores condiciones de vida al interior de las comunidades indígenas. Yo creo que es una oportunidad para que entendamos que el fenómeno tan complejo de pueblos indígenas está ahí presente y que en lugar de satanizarlo, reflexionemos qué vamos a hacer como país ante un tema de esta naturaleza.
La oficina del arquitecto Martínez Veloz está decorada con artesanías. Bordados multicolores alegran repisas y algunas paredes. En un muro yace colgada la reproducción de una imagen de Emiliano Zapata, capturada por Agustín Casasola.
–¿Para qué retomar el diálogo con el EZLN?, ¿tiene en verdad una peligrosidad militar real?
–Más que lo militar, es la validez y la legitimidad de las causas que dieron origen al conflicto y que todavía están ahí presentes, que no han sido acordadas, que no han sido subsanadas por una relación más democrática entre el Estado y los pueblos indígenas. Más allá de las armas, la importancia es que existe un desajuste en la relación entre el Estado mexicano y sus pueblos originarios, y eso se tiene que abordar. Si no se hace ahora, se va a hacer dentro de cinco años ó 10, estoy convencido. Naturalmente, después va a costar más.
–Dicen que usted es amigo de Marcos, ¿es cierto?
–No, Marcos es una persona a la que yo respeto mucho, admiro; sus acciones son congruentes con lo que postula. Aspira a construir una nueva sociedad, más democrática, con mejores condiciones de vida y yo coincido con eso. Nunca he tenido un desencuentro con el EZLN, entiendo que porque estuve en la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en la construcción de los mismos. Entiendo su proceso y sé que en este momento, la parte sustantiva, la parte importante, la que tiene que realizar las acciones necesarias para ir regenerando las condiciones que nos permitan continuar el diálogo son el gobierno federal y el Congreso de la Unión.
De acuerdo con el comisionado, en unos días se conformará nuevamente la Cocopa, que según la ley se integraría por dos diputados y dos senadores de cada partido político, un representante del gobierno de Chiapas y un representante del Congreso de ese estado.
–Doce años de gobiernos federales panistas y no pasó nada con el EZLN, regresa el PRI y se reactiva el asunto…
–Creo que hay una cuestión que mucha gente suponía, incluso en el gobierno existía la creencia de que el EZLN era una organización prácticamente agotada, le habían apostado al desgaste y bueno, yo sabía que esto no era así… Ellos en el tiempo han logrado permanecer y fortalecerse.
Hoy se escucha con mayor fuerza su voz o incluso hasta su propio silencio. Cuando marchan en silencio 40 mil indígenas organizados, reclamando estrictamente que se cumpla con lo pactado, pues es un reclamo muy fuerte. Como país, no podemos vivir a espaldas de nuestros pueblos, no debemos, porque si no creo que las expresiones cada día pueden ser más difíciles para el país.
¿O a poco cree que la gente se va a organizar para hacer una policía comunitaria de motu proprio porque está muy gustosa de hacerlo? Lo hace por necesidad.
El comisionado también expresó al Secretario de Gobernación la necesidad de estimular acciones para liberar a presos que han estado ligados a la causa zapatista y cuyos procesos han sido cuestionados, como es el caso de Francisco Sántiz y del profesor Alberto Patishtán.
Francisco Sántiz, base de apoyo del EZLN, fue liberado el 25 de enero pasado, tras haber permanecido dos años en la cárcel, acusado de portación de arma de fuego, de uso exclusivo del Ejército.
Con respecto a Alberto PatisHtán, acusado de homicidio y sentenciado a 60 años de prisión, Martínez Veloz dice que ya se han concertado entrevistas con magistrados de la Corte, “para que la Corte reasuma la competencia y poder estar en condiciones de establecer un procedimiento justo para él”.
–¿Cuál es la diferencia entre ustedes y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas?
–La diferencia es que la Comisión es la encargada de aplicar los recursos que autoriza el Congreso de la Unión para las comunidades y pueblos indígenas. Nosotros no ejercemos recursos para inversión, estamos en el plano de la interlocución política.
Una de mis tareas fundamentales es construir las interlocuciones con grupos, pueblos, comunidades y personalidades, que nos permitan establecer condiciones diferentes, tanto en la incorporación de derechos pendientes que hay en materia indígena en la Constitución y en las leyes reglamentarias, como el diseño de políticas públicas y de instituciones que estén acordes con la realidad que demandan los pueblos indígenas.
En el caso de Ayutla de los libres (zona muy pobre, con altos índices de mortandad infantil y materna) por ejemplo, estamos empezando a construir el método, el procedimiento para un trabajo más a fondo, donde sean las propias organizaciones las que determinen la orientación de las políticas públicas. Ahí van a ir la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Junto con el gobierno del estado y el municipal, van a aplicar los programas que están dentro de su ámbito y competencia. Nos estamos conjuntando los tres órdenes de gobierno.
La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, no tiene presupuesto propio, depende de la Secretaría de Gobernación y cuenta con tres áreas.
“Pero creo que nuestra fuerza radica en nuestra capacidad para articular esfuerzos interinstitucionales en beneficio de las comunidades”, dice el comisionado.
–¿Qué hacer con la pobreza indígena?
–El problema indígena se ha agudizado en los últimos 10 años. Hay un boom de megaproyectos mineros, eólicos y de otro tipo (que involucran territorio indígena) La pregunta es si podemos hacer coincidir este tipo de proyectos con el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y las posibilidades de su desarrollo. Esa es la gran pregunta.
Por ejemplo, de 2000 a 2010, el Estado mexicano entregó en concesión a las empresas mineras (en su mayoría extranjeras) 56 millones de hectáreas, la mayor parte en terreno de los pueblos indígenas. En ese lapso se extrajeron 420 toneladas de oro, con métodos de extracción depredadores.
México es el único país del mundo donde las empresas mineras no dejan regalías a las comunidades y a los municipios. De 2005 a 2010, el valor de la producción minera fue de 552 mil millones de pesos y sólo dejaron de impuesto al país 6 mil 500 millones de pesos, el equivalente al 1.18 por ciento. O sea, la minería no le deja impuestos a nuestro país.
Tenemos, por un lado, comunidades inmensamente pobres con territorios inmensamente ricos. Creo que el papel del Estado mexicano es contribuir a cerrar esa brecha."
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Publicaciones anteriores de María Elena Ramos"
http://www.sinembargo.mx/13-03-2013/555845
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"Se realizarán foros de consulta para conformar marco legal, anuncia
Garantizará GDF cumplimiento de los acuerdos de San Andrés: Sederec
Raúl Llanos
Periódico La Jornada
Lunes 18 de febrero de 2013, p. 36
Lunes 18 de febrero de 2013, p. 36
El Gobierno del Distrito Federal garantizará que en la ciudad de México se cumplan los acuerdos de San Andrés Larráinzar, con lo que tendrían a salvo sus derechos fundamentales los grupos indígenas que existen en esta capital, aseguró el secretario de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), Hegel Cortés Miranda, quien destacó que en fechas próximas se realizarán al menos 15 foros de consulta con la participación de los diversos actores políticos de la sociedad, cuyos resultados coadyuven a consolidar un marco legal adecuado para ese sector de la población.
En entrevista, el funcionario expresó: lo que se busca es que todo ese avance que se ha dado ya con la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar (signados el 16 de febrero de 1996) y el compromiso de la Federación en su cumplimiento pueda quedar plasmado en la constitución política local y en la ley de asuntos indígenas y pueblos originarios, de próxima creación, o, incluso, en una ley de consulta para los asuntos indígenas.
Comentó que derivado de la reforma política se podría tener ya la Constitución política de la ciudad de México, en la que quedarían plasmadas todas esas cuestiones de los derechos fundamentales de los grupos indígenas, como son el acceso a la educación, a la forma de organización, a la salud, a la vivienda, cultura y deporte.
De ahí, dijo, la intención es comenzar todo ese proceso con un primer foro de análisis y reflexión a nivel académico, que ayudaría a saber, de entrada, en qué punto está ahorita el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, en cuanto a los derechos fundamentales de los indígenas, en el que participarán especialistas en el tema, como Gilberto López y Rivas y Pablo Yáñez. Posteriormente, se realizarían, cuando menos, 15 foros de consulta más, en los que tomarán parte autoridades locales, como la Consejería Jurídica y la misma Sederec, grupos indígenas, académicos, y demás.
Como parte de esa ruta, dijo Cortés Miranda, se habló ya con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis González Placencia, para que se recojan todas las demandas que se vienen también dando como parte de la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es un instrumento internacional que, fundamentalmente, se refiere a los derechos de trabajo de los pueblos indígenas.
Finalmente, destacó que en esta capital existen aproximadamente entre 500 mil y 800 mil integrantes de comunidades indígenas que provienen de todo el país, y comentó que para tener una cifra más exacta llevarán a cabo un diagnóstico más certero sobre su número y situación social."
http://www.jornada.unam.mx/2013/02/18/capital/036n2cap
Como parte de esa ruta, dijo Cortés Miranda, se habló ya con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis González Placencia, para que se recojan todas las demandas que se vienen también dando como parte de la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es un instrumento internacional que, fundamentalmente, se refiere a los derechos de trabajo de los pueblos indígenas.
Finalmente, destacó que en esta capital existen aproximadamente entre 500 mil y 800 mil integrantes de comunidades indígenas que provienen de todo el país, y comentó que para tener una cifra más exacta llevarán a cabo un diagnóstico más certero sobre su número y situación social."
http://www.jornada.unam.mx/2013/02/18/capital/036n2cap
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"San Andrés y el diálogo pendiente: Especial sobre los Acuerdos de San Andrés
Los llamados diálogos de San Andrés fueron las negociaciones que se emprendieron entre el EZLN (acompañado por la sociedad civil) y el Estado mexicano entre octubre de 1995 y febrero de 1996 con la intención de lograr una nueva relación entre el Estado y la sociedad poniendo particular atención en revertir la explotación y marginación en la que se encuentra sumida la población indígena del país. Los diálogos se llevaron a cabo en el pueblo tsotsil de San Andrés apellidado “Larráinzar” por el gobierno y rebautizado como “Sak´am Ch´en De Los Pobres” por los zapatistas con la intención de traer a la memoria la historia prehispánica y colonial de aquella comarca india.
Además del gobierno mexicano y el EZLN, en los diálogos participaron la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), una comisión de distintos activistas e intelectuales, presidida por el obispo Samuel Ruiz, la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) una comisión de legisladores de las dos cámaras federales y el Congreso local. Un sector significativo de la sociedad civil nacional e internacional estuvo involucrado tanto en los cinturones de paz como en las asesorías durante el diálogo. Del encuentro surgido en la primera mesa correspondiente a derechos y cultura indígena, el 16 febrero de 1996 se llevó a cabo la firma de los acuerdos de San Andrés.
Sin embargo es importante recalcar que en San Andrés no sólo se trataría el tema de Derechos y Cultura Indígena. Una de las estrategias del gobierno federal ha sido la de encasillar al movimiento zapatista en la “cuestión indígena” y después tiladarlo como un movimiento que pretendía la “independencia” o separación de Chiapas. Esto va en clara contraposición con los objetivos del EZLN que desde la Primera Declaración de la Selva Lacandona se reivindicó como un movimiento de Liberación Nacional que además se reconocía como heredero no sólo de los 500 años de lucha y resitencia indígena, sino también de Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero y del “pueblo trabajador en sus luchas de huelga”.
Simultaneamente, tanto la urgencia dentro de diversos sectores para parar la guerra como las simpatías que atrajo su “Ya Basta”, sirvieron para crear una confluencia de fuerzas políticas, intelectuales, organizaciones civiles y personas de “a pie”. Esta confluencia se dió cita en San Andrés para conocerse y dialogar, conjuntamente y pensar-repensar el proyecto de nación. Es decir, el puente que fue San Andrés implicó el ensayo de un nuevo proyecto de nación, un nuevo pacto social y político. Prueba de ello es las otras mesas que estaban planeadas:
1. Derechos y Cultura Indígena.
2. Democracia y Justicia.
3. Bienestar y Desarrollo.
4. Conciliación en Chiapas.
5. Derechos de la Mujer en Chiapas.
6. Cese de hostilidades
De ellas, sólo la segunda se alcanzó a comenzar. Los temas de esta segunda mesa planteaban muchos de los temas que continúan siendo no sólo vigentes, sino urgentes:
1. Democracia política e instituciones públicas.
2. Democracia social y justicia social.
3. Organizaciones sociales y participación ciudadana.
4. Justicia y derechos humanos.
5. Justicia, convivencia social y orden jurídico.
6. Democracia y medios de comunicación.
7. Democracia y soberanía nacional.
La segunda mesa se constituyó como un espacio para honrar y exigir la presentación de aquellos que han luchado precisamente por Democracia y Justicia: Dentro de la primera lista de asesores estaban no sólo los presuntos zapatistas, es decir, los presos políticos sino también los desaparecidos. Los desaparecidos que siguen siendo una llaga en la memoria histórica nacional a pesar de las distintas formas de instaurar el olvido y la desmemoria como política de estado.
Entonces, ¿qué significaba San Andrés para México y en particular esta segunda mesa?
Un espacio de encuentro, de discusión sobre la necesidad de refundar la nación a través del diálogo en el que fueron invitados a converger las distintas fuerzas políticas y sociales. El convocante era el EZLN pero era y es un convocante que planteaba una política muy otra, algo que el gobierno nunca ha entendido.
Si bien en algún momento los acuerdos de San Andrés reflejaban la aceptación del gobierno mexicano de permitir y propiciar la construcción de la autonomía de los pueblos indígenas, esa situación nunca se dio en los hechos y en cambio la vía del diálogo se fue cerrando cada vez más. Ante esto, el EZLN decidió emprender un proyecto que le hiciera ejercer la autonomía por su propia cuenta. Después de estos momentos posteriores al levantamiento, los intentos de diálogo y las necesidades de mantener viva una lucha, se vuelve evidente la situación de que el trabajo organizado, el trabajo de construcción y el trabajo organizativo a partir de las comunidades y sus propios proyectos son los que van a hacer el cambio.
Es entonces como para el movimiento zapatista el Estado dejó de ser interlocutor. La traición de los Acuerdos de San Andrés y la ruptura del proceso de diálogo, no sólo representó la negación rotunda a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, sino también la oportunidad hacia una transición dialogada con el Estado hacia la democracia. Lo que ahora vivimos en México es la agudización de las contradicciones de un Estado mafioso e ilegítimo que utiliza la violencia, la generalización de la violencia, es decir, la guerra como única forma de continuar ejerciendo el poder. El puente se quemó. Lo quemó el Estado mexicano.
La poca disposición de diálogo verdadero por parte del Estado y la implementación en cambio de una guerra de baja intensidad, forzó a transformar hacia la exigencia de construir perspectivas alternativas como la verdadera transformación de la relación con el Estado, al ir construyendo poco a poco una fuerza social capaz de convertir las demandas en logros, en construcciones propias. El proceso de conflicto y la propia experiencia de construcción de las comunidades hizo ver que el cambio verdadero no vendría del Estado, que había que conseguirlo a partir de la práctica.
En eso estamos caminando y todavía falta lo que falta…
Programa de Radio Sobre los Diálogos de San Andrés a 17 años de la firma de los acuerdos de la Mesa de Derechos y cultura indígena [2 horas]
En el que hablamos de cómo San Andrés fue un ensayo en el que la propia sociedad imaginaba y construía su nación a través de un diálogo sin precedentes entre personas tan diversas, un proceso que sigue pendiente. Con esta reflexión pensamos en la necesidad de seguir imaginando, de continuar este proceso de diálogo entre nosotr@s como sociedad, de continuar esos procesos de reflexión creativa colectiva para reinventarnos, para buscar cómo articular nuestras islas de autonomía en un proceso más amplio y fuerte, en la construcción de un mundo en el que quepamos todes.
MÁS INFO SOBRE LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS
AUDIO:
Programa de Radio realizado en 2011 para explorar Los Acuerdos de San Andrés a su 15 aniversario [Duración: 33 mins]
Programa de Radio “La insurrección del fuego y la palabra”
que aborda el período historico de lucha en chiapas de 1994 a 2003, llevado a cabo en el festival de la memoria con motivo del 29 aniversario de la fundación del EZLN
TEXTO:
Resumen de los Acuerdos de San Andrés
Material informativo de apoyo a la consulta convocada por el EZLN sobre la ley elaborada por la COCOPA en materia de derechos y cultura indígena.
http://komanilel.org/BIBLIOTECA_VIRTUAL/Acuerdos_de_San_Andres-resumen.pdf
Cuadro comparativo entre los acuerdos de San Andrés y la reforma constitucional de 2001
Muestra las divergencias entre los Acuerdos de San Andrés y la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena. El cuadro fue publicado en la revista Yorail Maya del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
http://komanilel.org/BIBLIOTECA_VIRTUAL/Cuadro_comparativo.pdf
Los Acuerdos de San Andrés
edición bilingüe tsotsil-español publicado por el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena.
http://komanilel.org/BIBLIOTECA_VIRTUAL/Los_acuerdos_de_San_Andres.pdf
Documentación histórica en CEDOZ
Sobre Los Acuerdos de San Andrés en Centro de Documentación sobre Zapatismo.
http://www.cedoz.org/site/content.php?cat=6
Un historial del diálogo de paz
Recuento de los diversos momentos de diálogo entre el EZLN y el GF. Texto de Andres Aubry.
http://www.edualter.org/material/ddhh/aubry.htm
Los desacuerdos de San Andrés
Artículo de opinión de Andrés Aubry para el octavo aniversario de la firma de los acuerdos de San Andrés
http://www.chiapas.ch/print_artikel.php?print_ID=330
Los Acuerdos de San Andrés 10 años después
Boletín de CIEPAC
http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=494
San Andrés: los saldos de un incumplimiento.
Artículo de Francisco López Bárcenas en 2004
http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=402&cat=64 "
http://radiozapatista.org/
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"SIN ACUERDOS DE SAN ANDRÉS NO HABRÁ AVANCES
Jaime Martínez Veloz, titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, analiza el brote de autodefensas como una oportunidad para atender la problemática indígena. Es básico reponer Acuerdos de San Andrés, dice.
Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– Jaime Martínez Veloz se ve cansado. Ante la aparición de cada vez más grupos de autodefensa en diversos estados de la República, que involucran en varios casos a comunidades indígenas, no ha parado de viajar, sobre todo a Guerrero.
A mediados de enero pasado fue nombrado por el gobierno federal, titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, tras haber sido invitado a conversar con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en los primeros días de ese mes.
En ese primer encuentro, Martínez Veloz llevó al Secretario de Gobernación dos cuartillas, en donde anotó cinco puntos encaminados a reactivar el diálogo con el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), y a “reponer el procedimiento legislativo de la iniciativa de ley que contiene los Acuerdos de San Andrés”. Subrayó también la idea de que se tenían que realizar acciones unilaterales, por parte del gobierno federal, para retomar el diálogo, porque “no hay puentes con el EZLN”.
Martínez Veloz, quien fuera dos veces miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), también planteó a Osorio Chong el terrible hecho de que 80% de la población indígena viva de condiciones de pobreza, en buena parte extrema y con crisis alimentaria.
El ex Diputado federal relata sus primeras acciones con voz pausada. En varios momentos de la entrevista da sorbos a su coca de dieta. Sus ojeras son profundas. Ha dormido poco en los últimos días. De hecho, nos canceló una vez la entrevista por un viaje urgente.
En Ayutla de los Libres, Guerrero, dialogó con la Unión Popular de Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que, erigida en policía comunitaria, había retenido a 54 personas bajo acusaciones de delincuencia organizada.
Fue allá, dice, tras esgrimir “los argumentos (de que se debía) primero entender qué es lo que había detrás de esto”.Al pensar en sus viajes y en los agotadores diálogos con diversos grupos, le preguntamos que si su prioridad no ha variado: en enero llegó a Gobernación con ideas enfocadas al EZLN, y ahora surgen como hongos, los llamados grupos de autodefensa en varios estados de la República Mexicana, que lo mantienen doblemente ocupado.
Nos dice que los temas no son excluyentes, que en el asunto de los grupos de autodefensa o policías comunitarias, adquieren vigencia los Acuerdos de San Andrés que tienen que ver con todo el país, no exclusivamente con Chiapas:
“En la iniciativa original que elaboramos quienes pertenecimos a la Cocopa, se plantea la necesidad de establecer (coherencia) entre los sistemas normativos y el marco jurisdiccional del Estado mexicano. Entonces, hay un texto muy bien elaborado, en donde reconociendo la existencia de sistemas normativos en los pueblos indígenas, respetando los derechos humanos y en particular los derechos de las mujeres, estos procedimientos podrán ser utilizados siempre y cuando sean convalidados por el Estado mexicano”.
–¿La idea es institucionalizar los grupos de autodefensa?
–Se tienen que ir generando los mecanismos que permitan, por un lado, resolver la emergencia y, por otro, meter en una dinámica institucional a todo este tipo de fenómenos tan complejos que se están presentando en el país.
En Guerrero hay un ejemplo muy significativo que tiene ya más de 17 años: se trata de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que son policías comunitarios con presencia en 15 municipios aproximadamente. Los policías son nombrados por la asamblea de cada comunidad, son gente que no recibe un salario y que hace una tarea social; la población les tiene confianza porque han sido nombrados por la propia asamblea.
En 17 años han tenido un mecanismo de interlocución con el gobierno del estado y no ha habido mayores problemas, han sido de alguna manera un garante de la estabilidad y la certidumbre de las comunidades.
Lo que se produjo a principios de este año, es que hubo un disparo de la criminalidad en algunas zonas del estado de Guerrero. La gente se organizó, detuvo a algunas personas que habían generado esta incertidumbre o habían participado en acciones delictivas. Sin embargo, ese hecho tuvo que ser reflexionado colectivamente, accedieron a entregar a las personas retenidas al Ministerio Público y hoy están en tránsito de formar una policía comunitaria, con las mismas características que la CRAC ha tenido en ese estado.
–¿No se pierde el legítimo ejercicio de la seguridad por parte del Estado?
–El Estado somos todos. Claro que no, porque son complementarios, no son excluyentes, o sea cuando hay delitos de carácter grave, la propia policía comunitaria entrega al ministerio público a las personas que incurren en un delito. Ahora, hay algunos delitos que las propias comunidades han venido resolviendo al interior de las mismas, en el sentido de que los castigos o la reeducación acerca de esos delitos se da en la propia comunidad, con tareas propias de la comunidad. Eso lo han hecho muchos pueblos incluso sin tener una policía comunitaria.
–Se habla de que se pueden convertirse en grupos paramilitares, al servicio del crimen organizado o de otros intereses…
–Para que fueran grupos paramilitares, el Ejército tendría que estar, o sea los militares tendrían que estar ofreciendo preparación militar, que no es el caso. Lo que yo he visto en la CRAC es que el armamento que usan no es del Ejército: son rifles calibre 22, fundamentalmente. Traen uniforme, están al servicio de la comunidad.
Es tan grave minimizar las cosas como satanizarlas. Hay que ubicarlas en su justa dimensión.
Sin embargo yo no puedo decir que todos los grupos tengan la misma pretensión, el mismo origen, el mismo propósito, las mismas causas…
Yo digo hay que hacer una reflexión, hay que enfrentar el problema con toda su complejidad en el terreno constitucional legal y en el terreno social, en el terreno de la equidad, de la igualdad. Se tienen que generar mejores condiciones de vida al interior de las comunidades indígenas. Yo creo que es una oportunidad para que entendamos que el fenómeno tan complejo de pueblos indígenas está ahí presente y que en lugar de satanizarlo, reflexionemos qué vamos a hacer como país ante un tema de esta naturaleza.
EL EZLN
La oficina del arquitecto Martínez Veloz está decorada con artesanías. Bordados multicolores alegran repisas y algunas paredes. En un muro yace colgada la reproducción de una imagen de Emiliano Zapata, capturada por Agustín Casasola.
–¿Para qué retomar el diálogo con el EZLN?, ¿tiene en verdad una peligrosidad militar real?
–Más que lo militar, es la validez y la legitimidad de las causas que dieron origen al conflicto y que todavía están ahí presentes, que no han sido acordadas, que no han sido subsanadas por una relación más democrática entre el Estado y los pueblos indígenas. Más allá de las armas, la importancia es que existe un desajuste en la relación entre el Estado mexicano y sus pueblos originarios, y eso se tiene que abordar. Si no se hace ahora, se va a hacer dentro de cinco años ó 10, estoy convencido. Naturalmente, después va a costar más.
–Dicen que usted es amigo de Marcos, ¿es cierto?
–No, Marcos es una persona a la que yo respeto mucho, admiro; sus acciones son congruentes con lo que postula. Aspira a construir una nueva sociedad, más democrática, con mejores condiciones de vida y yo coincido con eso. Nunca he tenido un desencuentro con el EZLN, entiendo que porque estuve en la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en la construcción de los mismos. Entiendo su proceso y sé que en este momento, la parte sustantiva, la parte importante, la que tiene que realizar las acciones necesarias para ir regenerando las condiciones que nos permitan continuar el diálogo son el gobierno federal y el Congreso de la Unión.
De acuerdo con el comisionado, en unos días se conformará nuevamente la Cocopa, que según la ley se integraría por dos diputados y dos senadores de cada partido político, un representante del gobierno de Chiapas y un representante del Congreso de ese estado.
–Doce años de gobiernos federales panistas y no pasó nada con el EZLN, regresa el PRI y se reactiva el asunto…
–Creo que hay una cuestión que mucha gente suponía, incluso en el gobierno existía la creencia de que el EZLN era una organización prácticamente agotada, le habían apostado al desgaste y bueno, yo sabía que esto no era así… Ellos en el tiempo han logrado permanecer y fortalecerse.Hoy se escucha con mayor fuerza su voz o incluso hasta su propio silencio. Cuando marchan en silencio 40 mil indígenas organizados, reclamando estrictamente que se cumpla con lo pactado, pues es un reclamo muy fuerte. Como país, no podemos vivir a espaldas de nuestros pueblos, no debemos, porque si no creo que las expresiones cada día pueden ser más difíciles para el país.
¿O a poco cree que la gente se va a organizar para hacer una policía comunitaria de motu proprio porque está muy gustosa de hacerlo? Lo hace por necesidad.
El comisionado también expresó al Secretario de Gobernación la necesidad de estimular acciones para liberar a presos que han estado ligados a la causa zapatista y cuyos procesos han sido cuestionados, como es el caso de Francisco Sántiz y del profesor Alberto Patishtán.
Francisco Sántiz, base de apoyo del EZLN, fue liberado el 25 de enero pasado, tras haber permanecido dos años en la cárcel, acusado de portación de arma de fuego, de uso exclusivo del Ejército.
Con respecto a Alberto PatisHtán, acusado de homicidio y sentenciado a 60 años de prisión, Martínez Veloz dice que ya se han concertado entrevistas con magistrados de la Corte, “para que la Corte reasuma la competencia y poder estar en condiciones de establecer un procedimiento justo para él”.
–¿Cuál es la diferencia entre ustedes y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas?
–La diferencia es que la Comisión es la encargada de aplicar los recursos que autoriza el Congreso de la Unión para las comunidades y pueblos indígenas. Nosotros no ejercemos recursos para inversión, estamos en el plano de la interlocución política.
Una de mis tareas fundamentales es construir las interlocuciones con grupos, pueblos, comunidades y personalidades, que nos permitan establecer condiciones diferentes, tanto en la incorporación de derechos pendientes que hay en materia indígena en la Constitución y en las leyes reglamentarias, como el diseño de políticas públicas y de instituciones que estén acordes con la realidad que demandan los pueblos indígenas.
En el caso de Ayutla de los libres (zona muy pobre, con altos índices de mortandad infantil y materna) por ejemplo, estamos empezando a construir el método, el procedimiento para un trabajo más a fondo, donde sean las propias organizaciones las que determinen la orientación de las políticas públicas. Ahí van a ir la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Junto con el gobierno del estado y el municipal, van a aplicar los programas que están dentro de su ámbito y competencia. Nos estamos conjuntando los tres órdenes de gobierno.
La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, no tiene presupuesto propio, depende de la Secretaría de Gobernación y cuenta con tres áreas.
“Pero creo que nuestra fuerza radica en nuestra capacidad para articular esfuerzos interinstitucionales en beneficio de las comunidades”, dice el comisionado.
–¿Qué hacer con la pobreza indígena?
–El problema indígena se ha agudizado en los últimos 10 años. Hay un boom de megaproyectos mineros, eólicos y de otro tipo (que involucran territorio indígena) La pregunta es si podemos hacer coincidir este tipo de proyectos con el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y las posibilidades de su desarrollo. Esa es la gran pregunta.
Por ejemplo, de 2000 a 2010, el Estado mexicano entregó en concesión a las empresas mineras (en su mayoría extranjeras) 56 millones de hectáreas, la mayor parte en terreno de los pueblos indígenas. En ese lapso se extrajeron 420 toneladas de oro, con métodos de extracción depredadores.
México es el único país del mundo donde las empresas mineras no dejan regalías a las comunidades y a los municipios. De 2005 a 2010, el valor de la producción minera fue de 552 mil millones de pesos y sólo dejaron de impuesto al país 6 mil 500 millones de pesos, el equivalente al 1.18 por ciento. O sea, la minería no le deja impuestos a nuestro país.
Tenemos, por un lado, comunidades inmensamente pobres con territorios inmensamente ricos. Creo que el papel del Estado mexicano es contribuir a cerrar esa brecha."
"Leer más sobre este autor
Publicaciones anteriores de María Elena Ramos"
http://www.sinembargo.mx/13-03-2013/555845
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"Telecomunicaciones
Tras una larga sesión que se prolongó hasta la madrugada de ayer, la Cámara de Diputados aprobó el paquete de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión elaboradas conjuntamente por la Presidencia de la República y los tres principales partidos políticos con representación en el Congreso.
Es de saludar el hecho de que en el dictamen aprobado no hayan prosperado las presiones ejercidas por las televisoras para eludir algunas de las condiciones de mayor apertura y competitividad que se derivan de la reforma. Particularmente improcedente habría sido que se aceptara la pretensión de excluir a los sistemas de televisión satelital de la obligación de retransmitir gratuitamente las señales de televisión abierta –como lo planteaba una reserva formulada por el diputado priísta Héctor Gutiérrez de la Garza–, medida que habría representado una ventaja para el grupo Televisa y sus empresas filiales frente a sus competidoras. Otro acierto de los legisladores es la inclusión de criterios para identificar actores dominantes en el ámbito de las señales radiodifundidas, habida cuenta que los incluidos en el dictamen original aplicaban exclusivamente para el terreno de las telecomunicaciones y hacían que la ley pareciera un traje a la medida para limitar a las compañías de Carlos Slim y favorecer, de esa manera, a los consorcios de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas.
No obstante esos avances, la reforma reviste aspectos criticables tanto en la forma como en el fondo. Entre los primeros, es de señalar que durante el proceso de negociación se pudo observar una suplantación de la discusión parlamentaria por el llamado Pacto por México: en efecto, la aprobación de una veintena de reservas al dictamen final fue previamente acordada por representantes de los tres principales partidos políticos, lo que hizo de su presentación en el pleno y el subsecuente debate meros formalismos. En contraste, durante la sesión legislativa fue notorio el rechazo de la mayoría integrada por priístas, panistas y perredistas a las reservas formuladas por las fuerzas políticas no pertenecientes al Pacto por México, muchas de las cuales ni siquiera fueron debatidas. Tal dinámica no es una buena señal de cara a los procesos de discusión legislativa venideros en materia energética y fiscal.
En lo sustantivo, la reforma mantiene un acento claramente mercantilista y de apertura indiscriminada de mercados, lo que no necesariamente garantiza la diversificación y la democratización de los medios de comunicación. Tal como fue aprobada, la reforma en telecomunicaciones priva de condiciones favorables para el acceso a concesiones de radio y televisión a actores no empresariales –que resultan, en consecuencia, poco competitivos en términos comerciales, pero relevantes en el ámbito social– como las universidades, los gobiernos estatales y municipales y las comunidades indígenas. En el caso de estas últimas fue particularmente manifiesta la oposición de las fuerzas partidistas a reconocer en la ley su derecho a acceder a las distintas tecnologías de radiodifusión, así como la obligación del Estado para garantizar que esas señales sean usadas para fomentar el respeto
de los valores del pluriculturalismo, plurilingüismo y multietnicidad.
No menos grave es que en el dictamen avalado en San Lázaro se haya eliminado el
derecho de las audiencias–contemplado en el artículo 6 del proyecto original y referido a aspectos como el derecho de réplica y la participación ciudadana en los contenidos de los medios públicos–, decisión que resulta inconsistente con la afirmación de que el fin último de esta reforma es el beneficio de los ciudadanos.
El mayor riesgo que se corre con la aprobación de estas modificaciones constitucionales es que terminen por ser un vehículo para el reacomodo de los poderes oligárquicos que controlan hoy el ámbito de las telecomunicaciones, pero no para una verdadera apertura y competencia en ese sector. Es necesario demandar que en los tramos faltantes del proceso legislativo correspondiente –la discusión en el Senado de la República y la elaboración de las leyes secundarias– estas y otras fallas se atiendan y corrijan."
"Sin debate, los diputados desechan reservas presentadas
Empresarios, preocupados por la creación de nuevos organismos reguladores
http://www.jornada.unam.mx/2013/03/23/
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"Pide PRI no retrasar debate sobre Telecom en Senado"
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/03/23/13549488-pide-pri-no-retrasar-por-consigna-discusion-sobre-telecomunicaciones-en-senado
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http://www.jornada.unam.mx/2013/03/24/politica/003n1pol
R. Garduño, A. Becerril, A. Díaz y A. Jiménez"
Arnaldo Córdova: El espectro radioeléctrico en la Constitución
http://www.jornada.unam.mx/2013/03/24/
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"Reforma en telecomunicaciones para principiantes
http://www.proceso.com.mx/?p=337129
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8:51 PM - 27 Mar 13 · Details
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http://www.jornada.unam.mx/2013/03/24/politica/008n1pol
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I, II III, IV, V y VI, Partes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7: "ELLOS Y NOSOTROS. I.- Las (sin) razones de arriba." y "Para: Alí Babá y sus 40 ladrones (gobernadores, jefe de gobierno y lame-suelas)."/"ELLOS Y NOSOTROS. II.- La Máquina en casi 2 cuartillas./"Ellos y Nosotros. III.- LOS CAPATACES."/ ELLOS Y NOSOTROS. IV.- Los dolores de abajo."/ "ELLOS Y NOSOTROS. V.- LA SEXTA."/ "PD´s a La Sexta que, como su nombre lo indica, fue la quinta parte de “Ellos y nosotros”. "ELLOS Y NOSOTROS. VI.- Las Miradas. 1.- Mirar para imponer o mirar para escuchar." "Ellos y Nosotros. VI.- Miradas. Parte 2: Mirar y escuchar desde/hacia abajo." "ELLOS Y NOSOTROS. VI.- Las Miradas. Parte 3: Algunas otras miradas." "ELLOS Y NOSOTROS. VI.- Las Miradas. Parte 4: Mirar y comunicar." "ELLOS Y NOSOTROS. VI.- Las Miradas. Parte 5: Mirar la noche en que somos. (De la luna nueva al cuarto creciente)" "Protegido: ELLOS Y NOSOTROS. VI.- Las Miradas. Parte 6: ÉL SOMOS." "ELLOS Y NOSOTROS. VII.- L@s más pequeñ@s." "Protegido: ELLOS Y NOSOTROS. VII.- L@s más pequeñ@s 1. Aprendiendo a gobernar y gobernarnos, es decir, a respetar y respetarnos." "Protegido: ELLOS Y NOSOTROS VII.- L@s más pequeñ@s 2.-¿Cómo se hace?" "Protegido: ELLOS Y NOSOTROS. VII.- L@s más pequeñ@s. 3.- Las Compañeras. El muy largo camino de las zapatistas." "Protegido: ELLOS Y NOSOTROS. VII.- L@s más pequeñ@s 4.- Las Compañeras: tomar el cargo." "Protegido: ELLOS Y NOSOTROS. VII.- L@s más pequeñ@s 5.- La Paga.”
http://fideiius.blogspot.com/2013/01/ellos-y-nosotros-ii-la-maquina-en-casi.html
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"PRESENTA EL EZLN AL SUBCOMANDANTE MOISÉS, PIDE QUE LO ESCUCHEN"
http://fideiius.blogspot.com/2013/02/presenta-el-ezln-al-sucomandante-moises.html
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INTERNET, ARMA DE GRUPOS PODEROSOS: ASSANGE. GOOGLE PROPORCIONA INFORMACIÓN AL GOBIERNO DE EU, QUE ÉSTE UTILIZA PARA OTROS PROPÓSITOS"
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*)
http://www.senado.gob.mx/library/sen/SM/MJ/constitucion/constitucion.pdf
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"Turnan a seis comisiones del Senado minuta sobre telecomunicaciones
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3:47 PM - 2 Apr 13 · Details
3:49 PM - 2 Apr 13 · Details
3:50 PM - 2 Apr 13 · Details
3:52 PM - 2 Apr 13 · Details
3:53 PM - 2 Apr 13 · Details
3:55 PM - 2 Apr 13 · Details
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https://www.google.com/#hl=en&sclient=psy-ab&q=FIDEIIUS+EZLN&oq=FIDEIIUS+EZLN&gs_l=hp.3...61168.62048.2.62442.4.4.0.0.0.0.188.545.0j4.4.0...0.0...1c.1.7.psy-ab.d2MlxRfAMdw&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44158598,d.b2I&fp=2e5803dbaa2c14e&biw=1024&bih=611
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http://www.jornada.unam.mx/2013/03/23/
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"Pide PRI no retrasar debate sobre Telecom en Senado"
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/03/23/13549488-pide-pri-no-retrasar-por-consigna-discusion-sobre-telecomunicaciones-en-senado
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"Profesores de la sección 22 reiteran la defensa de la educación pública
Marchan 20 mil maestros en Oaxaca contra reforma"
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/03/23/185626864-marchan-20-mil-maestros-en-oaxaca-contra-reforma-educativa---
"Busca más regular el mercado: expertos
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Negar el acceso a concesiones a las comunidades indígenas, una grave omisión
En la ley reglamentaria todavía pueden subsanarse fallas de la iniciativa, afirman
http://www.jornada.unam.mx/2013/03/24/politica/003n1pol
R. Garduño, A. Becerril, A. Díaz y A. Jiménez"
Arnaldo Córdova: El espectro radioeléctrico en la Constitución
http://www.jornada.unam.mx/2013/03/24/
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"Reforma en telecomunicaciones para principiantes
Reforma en telecomunicaciones para principiantes"
http://www.proceso.com.mx/?p=337129
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8:51 PM - 27 Mar 13 · Details
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Gobernadores de Chiapas incumplen la promesa de ayudar a su excarcelación"
http://www.jornada.unam.mx/2013/03/24/politica/008n1pol
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I, II III, IV, V y VI, Partes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7: "ELLOS Y NOSOTROS. I.- Las (sin) razones de arriba." y "Para: Alí Babá y sus 40 ladrones (gobernadores, jefe de gobierno y lame-suelas)."/"ELLOS Y NOSOTROS. II.- La Máquina en casi 2 cuartillas./"Ellos y Nosotros. III.- LOS CAPATACES."/ ELLOS Y NOSOTROS. IV.- Los dolores de abajo."/ "ELLOS Y NOSOTROS. V.- LA SEXTA."/ "PD´s a La Sexta que, como su nombre lo indica, fue la quinta parte de “Ellos y nosotros”. "ELLOS Y NOSOTROS. VI.- Las Miradas. 1.- Mirar para imponer o mirar para escuchar." "Ellos y Nosotros. VI.- Miradas. Parte 2: Mirar y escuchar desde/hacia abajo." "ELLOS Y NOSOTROS. VI.- Las Miradas. Parte 3: Algunas otras miradas." "ELLOS Y NOSOTROS. VI.- Las Miradas. Parte 4: Mirar y comunicar." "ELLOS Y NOSOTROS. VI.- Las Miradas. Parte 5: Mirar la noche en que somos. (De la luna nueva al cuarto creciente)" "Protegido: ELLOS Y NOSOTROS. VI.- Las Miradas. Parte 6: ÉL SOMOS." "ELLOS Y NOSOTROS. VII.- L@s más pequeñ@s." "Protegido: ELLOS Y NOSOTROS. VII.- L@s más pequeñ@s 1. Aprendiendo a gobernar y gobernarnos, es decir, a respetar y respetarnos." "Protegido: ELLOS Y NOSOTROS VII.- L@s más pequeñ@s 2.-¿Cómo se hace?" "Protegido: ELLOS Y NOSOTROS. VII.- L@s más pequeñ@s. 3.- Las Compañeras. El muy largo camino de las zapatistas." "Protegido: ELLOS Y NOSOTROS. VII.- L@s más pequeñ@s 4.- Las Compañeras: tomar el cargo." "Protegido: ELLOS Y NOSOTROS. VII.- L@s más pequeñ@s 5.- La Paga.”"Fechas y otras cosas para la escuelita zapatista". SupMarcos.
http://fideiius.blogspot.com/2013/01/ellos-y-nosotros-ii-la-maquina-en-casi.html
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"PRESENTA EL EZLN AL SUBCOMANDANTE MOISÉS, PIDE QUE LO ESCUCHEN"
http://fideiius.blogspot.com/2013/02/presenta-el-ezln-al-sucomandante-moises.html
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INTERNET, ARMA DE GRUPOS PODEROSOS: ASSANGE. GOOGLE PROPORCIONA INFORMACIÓN AL GOBIERNO DE EU, QUE ÉSTE UTILIZA PARA OTROS PROPÓSITOS"
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http://www.senado.gob.mx/library/sen/SM/MJ/constitucion/constitucion.pdf
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"Turnan a seis comisiones del Senado minuta sobre telecomunicaciones
Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, Comunicaciones y Transportes y Radio y Televisión la dictaminarán de forma directa, mientras que Justicia y Gobernación emitirá su opinión por escrito.
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Publicado: 02/04/2013 14:17
Publicado: 02/04/2013 14:17
México, DF. El Senado turnó a seis comisiones la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que le fue enviada por la Cámara de Diputados.
Cuatro de las comisiones, que son Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, Comunicaciones y Transportes y Radio, Televisión y Cinematografía, dictaminarán de forma directa la minuta y otras dos, que son Justicia y Gobernación emitirán sólo su opinión por escrito.
El presidente del Senado, Ernesto Cordero rechazó que se haya violado el reglamento interno del Congreso, donde se establece que sólo tres podrán dictaminar, toda vez que, dijo la Mesa Directiva tiene la facultad de remitir las iniciativas o minutas a aquellas comisiones relacionadas con el tema.
Fue a petición del coordinador del PT, Manuel Bartlett y del panista Roberto Gil que la mesa accedió a que también participen las comisiones de Gobernación y de Justicia, pero sólo para opinar ya que sus integrantes no tendrán derecho de voto en el dictamen.
Cordero reiteró que se darán su tiempo para dictaminar, aunque el coordinador perredista Luis Miguel Barbosa recalcó que la nueva ley federal de telecomunicaciones tiene que estará lista en este periodo de sesiones que concluye el 30 de abril.
Por la mañana la bancada del PRI se reunió con el secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza y con el consejero jurídico de la presidencia de la República, Humberto Castillejos.
Al final, en conferencia, Ruiz Esparza recalcó que fue una reunión muy productiva en la que se dio respuesta a las inquietudes de los legisladores priístas y del Verde y defendió que en la propuesta gubernamental, aprobada allá en la Cámara de Diputados, se haya dado al Ejecutivo federal la facultad de “opinión no vinculante” sobre el otorgamiento de concesiones en materia de telecomunicaciones.
El funcionario sostuvo que se trata de un asunto de seguridad nacional y es necesario que el presidente de la República sepa, por ejemplo quiénes son las personas o grupos del extranjero que van a invertir en México tanto en materia de telecomunicaciones como en instituciones bancarias y en infraestructura.
“Es necesario saber de dónde provienen los capitales y el ámbito de acción de ese de personas que quizás sean de Europa o de América”.
Recalcó que además de ello que esa opinión no vinculante se da en la práctica en otros ámbitos, ya que siempre se consulta a la autoridad federal sobre este tipo de temas complicados. Insistió en que ellos es útil “más que para el Ejecutivo federal, para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sepa quién es quién”."
3:47 PM - 2 Apr 13 · Details
3:49 PM - 2 Apr 13 · Details
3:50 PM - 2 Apr 13 · Details
3:52 PM - 2 Apr 13 · Details
3:53 PM - 2 Apr 13 · Details
3:55 PM - 2 Apr 13 · Details
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"Declaran víctimas en Guatemala
Ciudad de Guatemala. Una indígena declara ante un jurado, durante el juicio por genocidio contra el ex presidente guatemalteco Efraín Ríos Montt. El tribunal a cargo del caso acordó que los nombres y apellidos de esas víctimas se mantengan en el anonimato. Xinhua" (La Jornada/últimas Martes 2 de abril de 2013)
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https://www.google.com/#hl=en&sclient=psy-ab&q=FIDEIIUS+EZLN&oq=FIDEIIUS+EZLN&gs_l=hp.3...61168.62048.2.62442.4.4.0.0.0.0.188.545.0j4.4.0...0.0...1c.1.7.psy-ab.d2MlxRfAMdw&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44158598,d.b2I&fp=2e5803dbaa2c14e&biw=1024&bih=611
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