Thursday, March 22, 2012

MERECIDO JALÓN DE OREJAS A FeCal... REPRENDE EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE A CALDERÓN: "LA LEY NO SE CUMPLE A CAPRICHO; ¡RESPETO A LAS INSTITUCIONES!: SILVA MEZA A CALDERÓN"

Alarmante silencio 'cómplice' del Poder Legislativo Federal --salvo notorias, honrosas y escasas excepciones-- ante bastas causales para instaurar JUICIO POLÍTICO, sin perjuicio de la iniciación de sendas indagatorias a  l@s funcionari@s adscrit@s a la administración pública federal e involucrad@s en tan vergonzoso e inconstitucional 'video-teatro-mediático-tendencioso' en total transgresión al Estado de Derecho, a través de conductas y omisiones sancionadas por la legislación criminal... 



http://www.youtube.com/watch?v=h018rMnA0pM



http://www.youtube.com/watch?v=cec34OOdnRA


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"Reprende el presidente de la Suprema Corte
a Calderón
La ley no puede cumplirse a capricho, subraya Juan Silva Meza
 
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la ceremonia del 206 aniversario del natalicio de Benito Juárez Foto Notimex.
"Secuelas de un montaje
Frente al Ejecutivo, el ministro manifiesta su repudio al abuso del poder
La ley no se cumple a capricho; ¡respeto a las instituciones!: Silva Meza a Calderón
Los jueces sólo deben sumisión a la Constitución, afirma en el 206 natalicio de Juárez

Georgina Saldierna
Periódico La Jornada
Jueves 22 de marzo de 2012, p. 5

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Juan Silva Meza, manifestó ayer su rechazo a la creencia de que la ley puede cumplirse a capricho, luego de exigir respeto a la división de poderes y a las instituciones.

Al participar en la ceremonia por el 206 aniversario del natalicio de Benito Juárez, antes de que la Corte resolviera sobre el caso Florence Cassez, subrayó su repudio al abuso de poder, que es el paso previo al autoritarismo y la impunidad.

En medio de las presiones que han recibido los ministros por el tema de la ciudadana francesa sentenciada a 70 años de prisión por secuestro, Silva Meza resaltó que los jueces sólo deben sumisión a la Constitución.

Frente al presidente Felipe Calderón, quien encabezó la ceremonia en Palacio Nacional, el presidente de la Suprema Corte resaltó: necesitamos que funcionen con normalidad las instituciones de la República. Nada justifica incumplir la Constitución y los derechos humanos. Respetemos las formas y la legalidad. Respetemos la esencia de la República, que es la legalidad.

El ministro pidió seguir la templanza y la fortaleza moral de Juárez. Entendamos que en momento difíciles y extraordinarios, debemos apegarnos a la ley, como fórmula de paz y de certidumbre, enfatizó.

Subrayó que hoy los jueces, magistrados y ministros están atentos para aplicar el nuevo marco legal en materia de amparo y de derechos humanos, los cuales exigen que el nuestro sea un país en el que imperen la justicia y la igualdad, no la arbitrariedad; justicia basada en instituciones y procesos que hagan que sea justicia de verdad.

Señaló que en el país se realiza un intenso proceso de transformación constitucional y que los integrantes del Poder Judicial atenderán el producto de esa gestación.
Foto
Felipe Calderón, jefe del Ejecutivo federal, durante el discurso que pronunció el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, en la ceremonia conmemorativa por el 206 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, celebrada en Palacio NacionalFoto Francisco Olvera
Calderón escuchó con gesto adusto el discurso del presidente de la Corte, quien aseguró que los jueces están dispuestos a ver siempre por el interés superior, a poner por delante el bienestar de todos, a corregir a costo presente las desviaciones y los abusos del poder que desborden los cauces constitucionales. Eso quiere la sociedad, eso nos manda la Constitución y eso, nada más eso, haremos.

El presidente de la Suprema Corte recordó que Juárez restauró la institución a la que hoy pertenece, que sigue obligada a ser garante de los derechos de todos y con ello, factor decisivo de la unidad nacional, mediante la aplicación respetuosa de la ley.

Ante los secretarios de Gobernación, Alejandro Poiré; de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y de la Marina, Mariano Saynez, así como del presidente del Senado, José González Morfín, y familiares del Benemérito de las Américas, Juan Silva Meza dijo que una de las lecciones del juarismo es sacrificar lo que sea necesario: los intereses personales, partidistas, políticos y económicos, para así, desde la Constitución y la ley, proteger y ponderar entre todos los derechos de todos.

Expuso que en el Poder Judicial se quiere que imperen los valores y principios constitucionales. Estamos conscientes de que el valor social de largo plazo es la justicia, basada siempre en la Constitución y las leyes. Lo civilizado y lo correcto, es construir un Estado ético, limpio y justo, que no viole los derechos humanos de nadie.


"Chocan poderes Ejecutivo y Judicial por caso Cassez, en ceremonia a Juárez"

http://www.proceso.com.mx/?p=301658

"Cassez permanecerá por ahora en la cárcel, falla la SCJN"

http://www.proceso.com.mx/?p=301616
 "El proyecto de Zaldívar no alcanza la mayoría de votos
Reconocen en la SCJN anomalías en el proceso; se hará nuevo dictamen
Un ministro, legisladores y penalistas, por castigar el montaje televisivo
Jesús Aranda
La trama continúa
La francesa Florence Cassez en imagen de marzo de 2006, durante su proceso por secuestro en el Reclusorio Oriente. Abajo, los ministros de la primera sala de la SCJN: Olga Sánchez Cordero, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Arturo Zaldívar –quien presentó el proyecto de dictamen para la liberación inmediata de la sentenciada–, Jorge Pardo Rebolledo y José Ramón Cossío Fotos Alfredo Domínguez y Cristina Rodríguez"





"Secuelas de un montaje
Pospone la Corte resolver sobre el amparo a Cassez

Asignan el caso a Sánchez Cordero; sigue en prisión la ciudadana francesa

Cuatro ministros consideran que se violaron garantías de la sentenciada

Jorge Pardo vota en contra, pero califica el montaje de reprobable
Foto
Los ministros Olga Sánchez Cordero, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (presidente), José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo, durante la sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se analizó el proyecto de dicatmen sobre la solicitud de amparo que presentó la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de secuestro y sentenciada a 60 años de prisiónFoto Cristina Rodríguez
Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Jueves 22 de marzo de 2012, p. 2
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en suspenso la resolución del amparo solicitado por Florence Cassez, ya que el proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar no consiguió los votos suficientes para ser aprobado. El asunto fue turnado a Olga Sánchez Cordero, quien no tiene fecha límite para presentar un nuevo dictamen.

A pesar de que tres ministros se pronunciaron en favor de amparar a la ciudadana francesa –quien seguirá en prisión–, sólo Arturo Zaldívar y Sánchez Cordero votaron por la liberación inmediata de Cassez.

José Ramón Cossío dijo que las violaciones graves al procedimiento no eran suficientes para dejar en libertad a la acusada, propuso otorgar un amparo para efectos y que el asunto fuera enviado a un tribunal para que dictara nueva sentencia en la que no se tomaran en cuenta las pruebas y testimonios obtenidos ilegalmente.

Sancionar violaciones a la ley

Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Pardo Rebolledo votaron contra el proyecto. El primero consideró que no se justificaba que la Corte conociera y resolviera el asunto; el segundo dijo que aun cuando hubo violaciones graves al procedimiento, por tratarse de un amparo en revisión, la Corte ya no podía intervenir.

Pardo se opuso a que la acusada fuera amparada, pero señaló que el montaje televisivo –organizado por la Agencia Federal de Investigación, que encabezaba entonces Genaro García Luna– era un acto reprobable y que deberían ser sancionadas las autoridades que permitieron esa violación a la ley.

En un salón de plenos que ayer fue insuficiente para la cantidad de asistentes, el ministro José Ramón Cossío fue el primero en intervenir. Dijo que estaba en favor del proyecto, pero no de sus efectos.

Propuso que el asunto fuera turnado al tribunal colegiado que la sentenció en 2009 a 60 años de prisión, pero que no se tomaran en cuenta ampliaciones de declaraciones de Cristina Ríos Valladares (como las del 15 de febrero de 2006), cuando dijo que había escuchado durante su cautiverio la voz “de una persona extranjera de un acento muy peculiar, y cuando señaló que un comerciante de frutas que vende por su casa le dijo que ‘la mujer francesa que salió en la televisión la había visto por ahí’”.

Planteó que tampoco se tomara en cuenta cuando el Ministerio Público le puso un audio a la señora Ríos y después ésta reconoció la voz de Cassez.

Y pidió que se ignorara la ampliación de declaración del menor Christian Eladio, rendida ante el Ministerio Público el 14 de febrero de 2006, respecto a la identificación de la voz de la persona que menciona llamarse Florence Cassez, con la misma voz de la persona que me sacó sangre de mi brazo, lo anterior lo he comprobado, ya que al escuchar esta voz en los noticieros que pasan en la televisión, la reconozco....

Ni la ampliación de declaración de Christian del 7 de junio de 2006, cuando dijo que “(Israel) Vallarta le sacó la sangre, pero que él sólo dijo que ‘Vallarta fue el que dio la orden’, y que la señorita Cassez le dijo ‘aprieta el puño’, lo que le sonó raro porque no conocía el acento francés hasta ese momento”.
Cossío propuso que el tribunal dictara nueva sentencia, en la que sí se garanticen todos los elementos del debido proceso.

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia fue directo al oponerse a la concesión del amparo. Señaló que las violaciones cometidas al poner a disposición a la quejosa de manera no inmediata ante el Ministerio Público están consumadas de manera irreparable y no pueden ser objeto de pronunciamiento alguno. Y que, en todo caso, esas irregularidades, así como la tardanza en avisar al consulado francés, son aspectos de legalidad, respecto de los cuales ya se pronunció el tribunal colegiado.

En tanto, Jorge Pardo Rebolledo, el único penalista de la primera sala, confundió a muchos con su intervención. Primero, coincidió con Zaldívar en la irregularidad del montaje televisivo, en la demora injustificada para presentar a Cassez ante el Ministerio Público y en que la autoridad violó el derecho de la acusada al no avisar a tiempo al consulado francés sobre su detención, además de que dichas irregularidades debían ser sancionadas por ley.

Sin embargo, concluyó que el montaje no generó un efecto corruptor en todo el proceso penal, ni vició toda la evidencia incriminatoria contra la acusada.

Apuntó que las violaciones al debido proceso legal tampoco son determinantes como para anular la sentencia. Además, aseguró que los jueces se forman su juicio con base en el material probatorio integrado en el expediente y no por lo que ven en los medios de comunicación.

Olga Sánchez Cordero se pronunció en forma clara en favor de otorgar el amparo y la liberación inmediata de Cassez. Aclaró que la Corte no juzgaba sobre la inocencia o culpabilidad de ella, ni sobre la afectación sufrida por las víctimas. Una verdadera protección de los derechos de las víctimas pasa necesariamente por la protección del debido proceso de los inculpados, sostuvo.

Aclaró que la violación a la asistencia consular de la ciudadana francesa era suficiente para considerar que se violó el derecho a la defensa adecuada de la acusada, lo que dio lugar a un proceso dudoso, por lo que no había condiciones mínimas para juzgar el caso.

Zaldívar, último en hablar, evitó referirse a su proyecto, pero destacó el hecho de que tres ministros se hubiesen pronunciado en favor del amparo y de que hubo violaciones graves a los derechos humanos de la quejosa, aunque dos votaron por la libertad inmediata y uno por el amparo para efectos.

Aclaró que no podía apoyar a Cossío, porque el proyecto de dictamen perdería su esencia en caso de ser modificado, porque creo que tal y como se dieron las violaciones constitucionales graves a los derechos humanos de la demandante, no es viable otra conclusión que la contenida en su escrito.

Al final hubo confusión sobre el sentido del sufragio de Pardo, pero aclaró que su voto era contra el amparo, aun cuando hubo violaciones graves en el proceso penal.

Terminada la sesión, en la Corte corrió la versión de que el nuevo proyecto de dictamen será presentado a la primera sala después de las elecciones presidenciales de julio, para no politizar el asunto."

Francia lamenta “vivamente” resolución de la Corte

Espera que la verdad se restablezca pronto

Secuelas de un montaje
Francia deplora la resolución
Esperamos que la Corte restablezca pronto la verdad, dice la cancillería de ese país
Foto
Bernard Cassez visitó a su hija Florence en el penal femenil de TepepanFoto José Carlo González
Afp
Periódico La Jornada
Jueves 22 de marzo de 2012, p. 6
París, jueves 22 de marzo. Francia lamenta vivamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia de México de rechazar la propuesta de liberación de la francesa Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión, y espera que la verdad se restablezca pronto, indicó la cancillería.
Francia toma nota de las deliberaciones de la Corte Suprema de México. Lamentamos vivamente que tengan por efecto mantener a Florence Cassez en prisión, declaró el portavoz del ministerio francés de Relaciones Exteriores, Bernard Valero, en un comunicado.
Durante las deliberaciones, los jueces de la primera sala de la Corte aclararon ampliamente las graves irregularidades que viciaron este caso desde el comienzo y las violaciones de los derechos fundamentales de nuestra compatriota. Esperamos vivamente que la Suprema Corte pueda pronto restablecer la verdad y dar su libertad a Florence Cassez, agregó.
Las autoridades francesas permanecerán plenamente comprometidas a su lado para que su inocencia sea reconocida dentro del respeto de la justicia y de las instituciones mexicanas, concluyó."


El Ejecutivo tiene que corregir agravios
Secuelas de un montaje


El Ejecutivo debe una explicación
Muy vergonzoso, que se den casos como el de Cassez, considera AMLO
 
Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Jueves 22 de marzo de 2012, p. 4
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, aseguró que en una visión de Estado, es para México muy vergonzoso que se den casos como el de Florence Cassez, sentenciada a 60 años de prisión por secuestro.
En conferencia de prensa celebrada horas antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera dejar en suspenso la resolución del amparo solicitado por la ciudadana francesa, López Obrador consideró que este asunto ha desprestigiado a México.
En el World Trade Center manifestó que cualquiera que fuera el fallo de la Corte, éste se debe respetar y se tiene que hacer un planteamiento desde el Ejecutivo para desagraviar a ciudadanos y poner a salvo las instituciones y el Estado mexicano, porque se ha cometido un daño.
Se negó a responder si el desagravio tendría que pasar por la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En este ambiente de reconciliación no quiero adelantar más, señaló.
Corresponde al titular del Ejecutivo decidir los términos en que debería darse, pero tiene que haber algo, cualquier actitud, porque no se puede dar vuelta a la hoja así nada más.
Agregó que no se trata sólo de la resolución del Poder Judicial, sino que el titular del Ejecutivo tiene que informar sobre este asunto y tomar decisiones, porque hay un agravio a las personas, a las instituciones, al Estado y a la nación, reiteró.
López Obrador habló sobre el tema Cassez después de participar en el foro, realizado a puerta cerrada, sobre política agraria, encabezado por María Luisa Albores, su propuesta para secretaria de la Reforma Agraria, en caso de ganar la Presidencia de la República."
"Justicia impresentable
Ayer, por mayoría de tres votos contra dos, los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron la liberación de Florence Cassez –sentenciada a 60 años de cárcel por el delito de secuestro–, como proponía el dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar. Ante la negativa, la resolución sobre el amparo solicitado por la defensa de la acusada quedó en suspenso, y corresponderá a la ministra Olga Sánchez Cordero presentar, en semanas o meses próximos, un nuevo proyecto de dictamen.
Más allá del resultado de la discusión judicial de ayer, en el curso de la misma se hizo manifiesta la situación de catástrofe que atraviesa el sistema de justicia en el país. El reconocimiento, por cuatro de los cinco ministros de la primera sala, de atropellos diversos a los derechos de la inculpada durante su detención y durante el proceso en su contra es un golpe demoledor a la cadena de instituciones encargadas de procurar e impartir justicia y salvaguardar el estado de derecho: desde los funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), adscritos a la Procuraduría General de la República (PGR), que escenificaron la falsa captura de Cassez y violentaron sus derechos a la asistencia consular y a ser presentada ante el Ministerio Público, hasta los juzgadores que avalaron dicha práctica y dieron curso a un proceso judicial viciado de origen.
En un pleno estado de derecho, las irregularidades mencionadas ni siquiera habrían tenido lugar. Sólo en el contexto de una legalidad bastante imperfecta sería concebible y explicable que los atropellos cometidos por la AFI, la PGR y los jueces hubiesen pasado tantos años sin ser investigados y sancionados. Por desgracia, en el México contemporáneo las perspectivas de esclarecimiento y de castigo por estas faltas han sido nulas hasta ahora, y antes bien se ha premiado a los responsables, si se toma en cuenta el papel protagónico que ocupa el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna –quien al momento de la detención de Cassez se desempeñaba como director de la AFI–, en el gabinete presidencial y en el diseño y aplicación de la contraproducente estrategia de seguridad en curso.
Ante tal circunstancia, el mero reconocimiento por los magistrados del máximo tribunal de los vicios policiales y judiciales detectados en el caso Cassez resulta insuficiente, sobre todo porque distan mucho de ser aislados: los abusos, las violaciones a garantías fundamentales, la distorsión de pruebas, lugares y testimonios, el uso faccioso de la ley, la conversión de las procuradurías en instrumentos de golpeteo político y la fabricación de culpables forman parte de un deterioro estructural de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.
No resulta ocioso preguntarse cuántos reclusos y reclusas enfrentan actualmente sentencias derivadas de procesos tanto o más irregulares que el de Cassez, sin posibilidad de acceder a los reflectores mediáticos y a la proyección internacional que tuvo la ciudadana francesa, y qué porcentaje de la población penitenciaria del país habría podido apelar a la liberación inmediata como resultado de esas irregularidades, en caso de que el proyecto de Zaldívar hubiese prosperado.
Lo menos que cabría esperar, una vez que cuatro de los cinco ministros de la primera sala han aceptado la comisión de graves faltas de autoridades policiacas y judiciales, es que éstas sean debidamente investigadas y los responsables sancionados conforme a derecho.
Al desaseo exhibido por las deliberaciones del caso Cassez en el máximo tribunal del país ha de agregarse la inaceptable intromisión del Ejecutivo federal en los asuntos del Poder Judicial para que sus máximos exponentes rechazaran la liberación de la sentenciada. El reclamo lanzado ayer por el presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, al Ejecutivo federal, de que ese organismo está obligado a garantizar el derecho de todos y de que la ley no puede cumplirse a capricho constituye una respuesta procedente y necesaria al comportamiento del gobierno federal en lo que toca al caso comentado, pero también una contundente descalificación al desempeño de la actual administración durante el último lustro en materia de justicia.
En suma, con independencia del derrotero que tome el caso Cassez en semanas y meses próximos, la discusión de ayer dio cuenta de la descomposición de una institucionalidad que ha perdido el sentido de apego a la ley y de la moral pública, que ha quedado exhibida por su turbiedad y por las desviaciones a la legalidad con que se conduce, y que se ha vuelto un factor de desaliento y cinismo y en una faceta impresentable de México ante el mundo."
"Es una victoria para las víctimas, dice la PGR"

http://www.proceso.com.mx/?p=301675

"Justicia sin impunidad

Adolfo Sánchez Rebolledo

No fueron pocas las críticas a las declaraciones del presidente Calderón sobre la interpretación de la ley, vistas como una indebida intervención del Poder Ejecutivo para influir en la decisión que hoy, a la hora que escribo este artículo, habrá de tomar la Suprema Corte en torno al caso Cassez. Calderón exigió que no se aprovechen las rendijas de la ley para dejar escapar a los delincuentes, lo cual no es más que una sibilina referencia al proyecto de resolución del ministro Zaldívar. Ante ello, sin aludir al asunto particular, al día siguiente Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte, respondió en el acto en memoria de Benito Juárez que los jueces están dispuestos a poner por delante el bienestar de todos, a corregir, a costo presente, las desviaciones y los abusos del poder que desborden los marcos constitucionales. Dejo la mejor explicación de los detalles a los especialistas que en estos días nos han ilustrado sobre los caminos ignotos del derecho acerca del significado de la presunción de inocencia y el debido proceso, pero una cosa está clara: la Corte no discute la culpabilidad o inocencia de Cassez, sentenciada a 60 años de prisión, sino las desviaciones y abusos de poder de las autoridades que intervinieron en su detención y posterior procedimiento. De ahí la trascendencia de la sesión que está en curso.

La necesidad de ganar la batalla de la percepción en la guerra contra el crimen organizado en más de una ocasión ha llevado a las autoridades a saltarse la ley para mostrarse como eficaces servidores públicos. No son infrecuentes las presentaciones públicas y las declaraciones a los medios de criminales confesos cuya exhibición altera, por decir lo menos, el debido proceso o la presunción de inocencia. La acción de las fuerzas de seguridad no se traduce, por tanto, en una explícita revaloración de la ley y en cambio fortalece la noción de que en la guerra todo se vale, aunque los resultados contradigan los derechos humanos o el apego a las normas, y en ese sentido contaminen toda la vida nacional. Investigadores como Ana Laura Magaloni han documentado que sólo una mínima parte de los detenidos son consignados, sujetos a proceso y encarcelados, por lo cual se pregunta, con razón, “si los operativos y detenciones que llevan a cabo todos los días el Ejército y la Policía Federal en distintas entidades del país no están traduciéndose en procesos judiciales a través de los cuales sea posible encarcelar a los responsables de la violencia que se vive en muchas partes del país. Si a estas personas no se les está procesando y encarcelando, ¿dónde están? ¿En qué consiste la ‘guerra’ contra el crimen? ¿Cuáles son los objetivos que se ha propuesto el Estado mexicano en esta materia?” (Reforma, 2010).

Al Presidente de la República le preocupa la impunidad, es decir, la posibilidad de que Cassez quede libre en virtud de un formalismo jurídico, de una rendija, como la definió. Al respecto, aun aceptando, como hace el editorial de La Jornada del martes, que “la anulación de la pena impuesta a Cassez, de concretarse, abonaría a la impunidad y lesionaría el derecho de las víctimas a la justicia… la responsabilidad de ello habría que ubicarla en los mandos de la corporación policial que convirtieron a víctimas y victimarios en forzados actores de la televisión privada, la cual, en connivencia con las autoridades, presentó un montaje como si se tratara de una captura en tiempo real”.

Es la violación de ese formalismo legal lo que enrareció todo el proceso, agravada por un elemento malsano bajo cualquier circunstancia: el recurso al chovinismo como fuente de certeza. El affaire Cassez devino un símbolo muy poco subliminal para intentar recrear los sentimientos bicentenarios del pueblo mexicano en la defensa contra los enemigos externos. Pero la unidad nacional así concebida es una quimera, aunque algo queda. A echarle leña al fuego acudió otro ilustre derechista en defensa de su ciudadana, invocando sin respeto alguno hacia las formalidades republicanas su propio nacionalismo atado a la causa de Cassez. Y lo que vimos en adelante no fue sino la complicación política del primer acto de impunidad. Calderón rechazó las exigencias de Sarkozy sin buscar una salida legal al problema ni tampoco reconocer el daño que ya le había causado al país la exhibición casi universal de la triste situación en la que se halla el estado de derecho en México. La necesidad de autoafirmación presidencial pudo más que las razones de Estado y la francesa (de cuya culpabilidad hay pocas dudas) se quedó a cumplir los 60 años de cárcel que le echaron encima.

El Presidente adoptó para presionar a la Corte el lenguaje de las víctimas y su apasionada defensa. ¿Habrá que recordarle hasta qué punto fue la reacción de las familias de Ciudad Juárez, o la gran movilización encabezada por Javier Sicilia, lo que puso sobre la mesa, frente a la incriminación de los muertos o el silencio de la justicia, el tema de las víctimas, la denuncia de la impunidad que lanza al anonimato eterno a la mayoría de los 50 mil cadáveres regados por el país? La impunidad, señor Presidente, tiene muchos rostros, pero no está en el proyecto del ministro Zaldívar. Veremos."

http://www.jornada.unam.mx/2012/03/22/opinion/027a1pol



  • El caso que empezó como novela televisiva deviene circo mediático





  • PGR: sigue firme la sentencia contra la ciudadana francesa




  • La PGR integró el expediente sin considerar derechos de inculpados





  • "Cassez seguirá en prisión; la SCJN pospone resolver el amparo

    Ministros desechan el dictamen de Zaldívar, pero reconocen anomalías en proceso; se hará nuevo proyecto.

    Jesús Aranda
    Publicado: 22/03/2012 09:48

    México, DF. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en suspenso la resolución del amparo solicitado por Florence Cassez, ya que el proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar no consiguió los votos suficientes para ser aprobado. El asunto fue turnado a Olga Sánchez Cordero, quien no tiene fecha límite para presentar un nuevo dictamen.

    A pesar de que tres ministros se pronunciaron en favor de amparar a la ciudadana francesa –quien seguirá en prisión–, sólo Arturo Zaldívar y Sánchez Cordero votaron por la liberación inmediata de Cassez.

    José Ramón Cossío dijo que las violaciones graves al procedimiento no eran suficientes para dejar en libertad a la acusada, propuso otorgar un “amparo para efectos” y que el asunto fuera enviado a un tribunal para que dictara nueva sentencia en la que no se tomaran en cuenta las pruebas y testimonios obtenidos ilegalmente.

    Sancionar violaciones a la ley

    Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Pardo Rebolledo votaron contra el proyecto. El primero consideró que no se justificaba que la Corte conociera y resolviera el asunto; el segundo dijo que aun cuando hubo violaciones graves al procedimiento, por tratarse de un amparo en revisión, la Corte ya no podía intervenir.

    Pardo se opuso a que la acusada fuera amparada, pero señaló que el montaje televisivo –organizado por la Agencia Federal de Investigación, que encabezaba entonces Genaro García Luna– era un acto “reprobable” y que deberían ser sancionadas las autoridades que permitieron esa violación a la ley.

    En un salón de plenos que ayer fue insuficiente para la cantidad de asistentes, el ministro José Ramón Cossío fue el primero en intervenir. Dijo que estaba en favor del proyecto, pero no de sus efectos.

    Propuso que el asunto fuera turnado al tribunal colegiado que la sentenció en 2009 a 60 años de prisión, pero que no se tomaran en cuenta ampliaciones de declaraciones de Cristina Ríos Valladares (como las del 15 de febrero de 2006), cuando dijo que había escuchado durante su cautiverio la voz “de una persona extranjera de un acento muy peculiar, y cuando señaló que un comerciante de frutas que vende por su casa le dijo que ‘la mujer francesa que salió en la televisión la había visto por ahí’”.

    Planteó que tampoco se tomara en cuenta cuando el Ministerio Público le puso un audio a la señora Ríos y después ésta reconoció la voz de Cassez.

    Y pidió que se ignorara la ampliación de declaración del menor Christian Eladio, rendida ante el Ministerio Público el 14 de febrero de 2006, respecto “a la identificación de la voz de la persona que menciona llamarse Florence Cassez, con la misma voz de la persona que me sacó sangre de mi brazo, lo anterior lo he comprobado, ya que al escuchar esta voz en los noticieros que pasan en la televisión, la reconozco....”

    Ni la ampliación de declaración de Christian del 7 de junio de 2006, cuando dijo que “(Israel) Vallarta le sacó la sangre, pero que él sólo dijo que ‘Vallarta fue el que dio la orden’, y que la señorita Cassez le dijo ‘aprieta el puño’, lo que le sonó raro porque no conocía el acento francés hasta ese momento”.

    Cossío propuso que el tribunal dictara nueva sentencia, “en la que sí se garanticen todos los elementos del debido proceso”.

    Guillermo I. Ortiz Mayagoitia fue directo al oponerse a la concesión del amparo. Señaló que las violaciones cometidas al poner a disposición a la quejosa de manera no inmediata ante el Ministerio Público “están consumadas de manera irreparable y no pueden ser objeto de pronunciamiento alguno”. Y que, en todo caso, esas irregularidades, así como la tardanza en avisar al consulado francés, son aspectos de legalidad, “respecto de los cuales ya se pronunció el tribunal colegiado”.

    En tanto, Jorge Pardo Rebolledo, el único penalista de la primera sala, confundió a muchos con su intervención. Primero, coincidió con Zaldívar en la irregularidad del montaje televisivo, en la demora injustificada para presentar a Cassez ante el Ministerio Público y en que la autoridad violó el derecho de la acusada al no avisar a tiempo al consulado francés sobre su detención, además de que dichas irregularidades debían ser sancionadas por ley.

    Sin embargo, concluyó que el montaje no generó “un efecto corruptor en todo el proceso penal”, ni vició toda la evidencia incriminatoria contra la acusada.

    Apuntó que las violaciones al debido proceso legal tampoco son determinantes como para anular la sentencia. Además, aseguró que los jueces se forman su juicio con base en el material probatorio integrado en el expediente y no por lo que ven en los medios de comunicación.

    Olga Sánchez Cordero se pronunció en forma clara en favor de otorgar el amparo y la liberación inmediata de Cassez. Aclaró que la Corte no juzgaba sobre la inocencia o culpabilidad de ella, ni sobre la afectación sufrida por las víctimas. “Una verdadera protección de los derechos de las víctimas pasa necesariamente por la protección del debido proceso de los inculpados”, sostuvo.

    Aclaró que la violación a la asistencia consular de la ciudadana francesa era suficiente para considerar que se violó el derecho a la defensa adecuada de la acusada, lo que dio lugar a “un proceso dudoso”, por lo que no había condiciones mínimas para juzgar el caso.

    Zaldívar, último en hablar, evitó referirse a su proyecto, pero destacó el hecho de que tres ministros se hubiesen pronunciado en favor del amparo y de que hubo violaciones graves a los derechos humanos de la quejosa, aunque dos votaron por la libertad inmediata y uno por el amparo para efectos.

    Aclaró que no podía apoyar a Cossío, porque el proyecto de dictamen “perdería su esencia en caso de ser modificado, porque creo que tal y como se dieron las violaciones constitucionales graves a los derechos humanos de la demandante, no es viable otra conclusión” que la contenida en su escrito.

    Al final hubo confusión sobre el sentido del sufragio de Pardo, pero aclaró que su voto era contra el amparo, aun cuando hubo violaciones graves en el proceso penal.

    Terminada la sesión, en la Corte corrió la versión de que el nuevo proyecto de dictamen será presentado a la primera sala después de las elecciones presidenciales de julio, “para no politizar el asunto”."
    http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/03/22/94817198-cassez-seguira-tras-las-rejas


    Fallo hacia Cassez da esperanzas para posible liberación: Juppé

    "
    "Se analizará la asistencia consular a la francesa, anuncia la ministra

    Proyecto retomará legalidad de proceso: Sánchez Cordero

    La gravedad de la violación procesal sería suficiente para pedir su inmediata liberación, afirmó la impartidora de justicia, quien dijo que su postura sobre el amparo de Florence Cassez “será muy predecible”."


    "Denunciarán abogados de la francesa a García Luna ante la justicia francesa

    Tiene jurisdicción para conocer de la querella debido a la nacionalidad de la sentenciada, afirmó la defensa."


    "Adelanta ministro Cossío que votará en contra de la liberación de Cassez


    El ministro de la SCJN aseguró que mantendrá su postura de aprobar un “amparo para efectos”.

    http://www.jornada.unam.mx/2012/03/24/politica/019n2pol






    CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf


    CÓDIGO PENAL FEDERAL
    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf

    CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/7.pdf



    LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA

    CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/20.pdf


    CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf


    LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/20.pdf

    ---


    http://www.jornada.unam.mx/2012/03/22/


    "LA SUPREMA CORTE, ANTE LOS OJOS DE LA NACIÓN POR EL CASO CASSEZ: EL MÁXIMO TRIBUNAL ESTÁ DIVIDIDO" ♣
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    El resistirse a lo irresistible no siempre fortalece a quienes se creen irresistibles, sí, a aquell@s que ‘no mandan obedeciendo a sus mandantes’… FIDEIIUS (Fideiius).

    http://www.youtube.com/watch?v=O3JI-axaRF4

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