"Réquiem a lo público
Irma Eréndira Sandoval*
La ominosa propuesta del Partido Verde Ecologista de privatizar cárceles y prisiones se inserta en la lógica rentista y depredadora de lo público que ha dejado desde hace 30 años la economía nacional en la ruina. La situación de horror que cotidianamente se vive en los centros penitenciarios y que en días pasados se manifestó con suma crueldad en la cárcel de Apodaca, Nuevo León, no se debe a su gestión pública, sino precisamente a que los gobiernos federal y locales han abdicado a la rectoría estatal en favor de actores privados y poderes fácticos. Está demostrado, además, que las prisiones privadas tienden a ser más violentas y corruptas que las públicas, operan con personal mal capacitado, de bajos salarios y con una alta rotación, lo que hace que el trato hacia los reos muestre continuos abusos a sus derechos humanos más básicos.Este tipo de iniciativas
hoy encuentran su máxima expresión en la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), firmada por Felipe Calderón el pasado 16 de enero. Esta ley implica la consolidación del proyecto neoliberal que ha gobernado el país mediante corruptas e ineficientes privatizaciones que desde los años 90 Carlos Salinas usó para dar poder a amigos, monopolizar mercados y destruir la competencia y la competitividad de la economía. Hoy la LAPP demuestra que, más allá de los diferendos electorales coyunturales, los gobiernos de PRI y PAN han compartido un solo proyecto de desgobierno nacional.
La LAPP constituye la subordinación absoluta del interés público a las directrices de los intermediarios financieros e implica la institucionalización de la deuda, la ilegalidad y la corrupción. La reforma permite el establecimiento de contratos de largo plazo (hasta por 50 años o más) con empresas privadas nacionales e internacionales para que controlen directamente la infraestructura básica y la prestación de servicios de áreas estratégicas para el desarrollo del país en materia de salud, seguridad pública, comunicaciones, infraestructura, educación, etcétera.
El antecedente de este nuevo instrumento fueron los llamados Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), mediante los cuales la Secretaría de Hacienda, aprovechando subterfugios y recovecos legales, empezó a privatizar de forma ilegal desde 2003 amplios sectores de la infraestructura hidráulica, autopistas, puentes, hospitales, centros educativos y hasta penitenciarios en diversos estados de la República. Pero este esquema no bastaba para las empresas monopólicas, porque todavía se tenían que gestionar por conducto de licencias, permisos y autorizaciones.
Con la LAPP ya no se tratará más de concesiones
, sino de coinversiones
, que exigirán menores obligaciones y compromisos con el interés público. La nueva ley asienta que a los proyectos públicos ya no les serán aplicables ni la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que incluyen controles orientados a fomentar cierto grado de transparencia y a impedir conflictos de interés. Hoy todo eso quedará sepultado.
Antes el sector público era quien determinaba la necesidad de llevar a cabo los proyectos de inversión. A partir de hoy se permitirá que el sector privado sea quien detecte las necesidades
y presente motu proprio las propuestas. Así, los proyectos financiados con los recursos públicos se instaurarán sobre la base de incentivos financiero-mercantiles, en lugar de las prioridades públicas definidas en instrumentos como el Plan Nacional de Desarrollo.
Asimismo, los nuevos contratos de coinversión
también podrán cederse (total o parcialmente) o darse en garantía en favor de terceros
. En otras palabras, áreas neurálgicas para el desarrollo del país serán literalmente apostadas en las nuevas aventuras financieras o especuladoras de los inversionistas privados.
La LAPP no fomentará mayor inversión privada en los servicios públicos, sino todo lo contrario. Bajo el nuevo esquema, el Estado podrá financiar las inversiones económicas de privados hasta en 100 por ciento, así como decretar expropiaciones en favor de empresas privadas nacionales e internacionales. Todo ello implicará regresivas reformas a la Ley de Expropiación, la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Federal de Procedimientos Civiles, entre otras. Asimismo, el pago de la deuda contraída por medio de estos proyectos será de liquidación prioritaria y obligatoria para el gobierno cada año, violentando así el poder de la Cámara de Diputados de recanalizar el gasto hacia áreas de mayor prioridad o interés social.
Otra innovación
procedimental preocupante es la relativa a los avalúos. En el pasado, para los procesos de adquisición o expropiación de los bienes necesarios para la consecución de los proyectos de desarrollo, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales era el único autorizado a emitir avalúos. Con la LAPP, la banca privada, casi completamente extranjerizada, podrá elaborar nuevos avalúos que sin duda favorecerán el interés privado y sangrarán aún más al erario.
Calderón está de plácemes porque, con el discurso de buscar equilibrar riesgos entre el Estado y los agentes económicos privados, ha logrado consolidar el proyecto neoliberal de siempre, de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Urge que los mexicanos detengamos este desfalco al interés nacional inserto en esta nueva ley, que pone en riesgo la rectoría del Estado y el desarrollo nacional.
A la memoria de mi tío Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, guerrerense del mundo.
* Investigadora del IIS y Coordinadora del Laboratorio Anticorrupción de la UNAM."
http://www.irmaerendira.blogspot.com Twitter: http://twitter.com/@Irma_Sandoval
"Mar 14, 2012
Mexico Politics: A Requiem for Public Control in Mexico
In the uphill climb that is combating transnational criminal organizations, Mexico faces the need to reform many of its institutions, from the penal system to the banking system, among others. But behind reforms and projects that are aimed at both the drug war and other problems in Mexico, there are political and economic interests jockeying for influence. This opinion piece by Mexico's leading expert on corruption, Irma Erendira Sandoval, outlines an important (and perhaps pernicious) development in how these reforms and projects will come to pass, with a special focus on the omnipotent presence of private business.
La Jornada: By Irma Eréndira Sandoval. "The ominous proposal of the Green Party to privatize jails and prisons has become part of the rentier and predatory logic of public services that has left the national economy in ruin over the last 30 years. The horrible daily reality that is lived in penitentiaries, which was cruelly manifested in the recent prison break and massacre in Apodaca, Nuevo León, isn’t a result of bad public stewardship. Rather, it is the fault of the federal and local governments that have abdicated the administration of these facilities and left them to the control of private actors and powerful factions. It demonstrates that private prisons tend to be more violent and corrupt than public ones and that they are operated with poorly trained personnel with low salaries and a high turnover rate. These factors lead to more abuses of the prisoners’ most basic human rights.
This type of “initiative” has found its utmost expression in the Law of Public-Private Associations (LAPP is its Spanish acronym), signed by Felipe Calderon on January 16th. This law is part of the neoliberal agenda that has governed the country through corrupt and inefficient privatizations— a type of governance that Carlos Salinas used in the 1990s to give power to his friends, monopolize markets, and destroy the competency and competitiveness of the economy. Today the LAPP demonstrates that, beyond any temporary election season disputes, the PRI and PAN have shared an agenda of national mismanagement.
The LAPP constitutes the absolute subordination of the public interest to the directives of financial intermediaries and means the institutionalization of debt, illegality and corruption. The reform establishes long-term contracts (up to 50 years or more) with private national and international companies that would directly control the infrastructure and provision of areas strategic for the country’s development. These services include healthcare, public security, communication, infrastructure, education, etc.
The precedent was a series of laws called the Project for the Provision of Services (PPS in its Spanish initials) through which the Secretary of Housing, taking advantage of legal loopholes, began to illegally privatize wide sectors of government services. Since 2003 the government has privatized highways, hydroelectric infrastructure, bridges, hospitals, education centers, and even penitentiaries throughout the country. But this system still wasn’t enough for the monopolies, which felt compelled to push for control of granting licenses, permits, and other kinds of authorizations.
The LAPP isn’t about more “concessions” but rather more “joint-ventures” which will mean even less obligations and commitments to the public interest. The new law asserts that public projects are no longer subject to the Law of Acquisitions, the Public Sector Leasing Act, the Public Works Act, nor related laws that were designed to provide for a level of transparency and to avoid conflicts of interest. All of that will be gone and buried.
Before, the public sector was responsible for determining the necessity of carrying out investment projects. Starting today it will be the private sector that will detect the “necessities” and present motu proprio its proposals. In this way, projects with financial-mercantilist motivations, which are financed by public resources, will be placed above public priorities defined in legislation like the Plan for National Development.
The new “joint-venture” contracts can also be “transferred (in whole or in part) or guaranteed in favor of third parties.” In other words, crucial areas of national development will literally be gambled on the financial and speculative adventures of private investors.
LAPP will not foment more private investment in public services; in fact, it will lead to the contrary. Under the new scheme, the state could finance up to 100% of the new investments and then issue expropriation decrees to domestic and international private companies. All of these entails regressive reforms to the Expropriation Law, the General Law of National Goods, the Federal Civil Code, and others. At the same time, the payment of debt occurred by way of these new projects will be prioritized and obligatory every year, violating the power of the House of Representatives to direct funds to areas of more pressing need and to the public interest.
Another worrisome procedural “innovation” is related to the process of valuation. In the past, the Institute of the Valuation and Administration of National Goods was the only entity that could give authorized appraisals. With the passage of the LAPP, private banks which are almost completely controlled by foreign firms, will now be able to give estimates. Without a doubt, these estimates will favor private interests at the expense of bleeding the public budget even more.
Calderon is delighted because, with the speech of looking at how to balance risks between the state and private agents, he has succeeded in strengthening the ever-present neoliberal project by privatizing gains and socializing losses. I urge that Mexicans stop the embezzlement caused by this law that puts the power of the state and national development in risk." Spanish original
Translation: Mikael Rojas, Americas Program"
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El resistirse a lo irresistible no siempre fortalece a quienes se creen irresistibles, sí, a aquell@s que ‘no mandan obedeciendo a sus mandantes’… FIDEIIUS (Fideiius).
El resistirse a lo irresistible no siempre fortalece a quienes se creen irresistibles, sí, a aquell@s que ‘no mandan obedeciendo a sus mandantes’… FIDEIIUS (Fideiius).
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