http://www.scribd.com/doc/104537808/SUP-JIN-0359-2012
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Traicionaría a millones de mexicanos que luchan contra la
simulación y la farsa; es cierto que debemos respetar a las instituciones, pero
el problema radica en que están secuestradas por la delincuencia de cuello
blanco, dijo.
"Rechazo
México, DF. Andrés Manuel López Obrador, candidato
presidencial del Movimiento Progresista, dijo en conferencia de prensa que no
reconocerá a “un poder ilegítimo surgido de la compra del voto”. La Jornada/
Francisco Olvera" Publicado: 31/08/2012
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http://www.blogdeizquierda.com/2012/08/discurso-completo-de-amlo-desconociendo.html
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Eligio Del Awiizotl@EligioAwiizotl
@revistaproceso @la Jornada @RicardoMonrealA @SACanale @JohnMAckerman @julioastillero@lopezobrador_ ◄Independientemente de que la ...
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@revistaproceso @la Jornada @RicardoMonrealA @SACanale @JohnMAckerman @julioastillero@lopezobrador_◄ciñéndonos estrictamente a los cimientos
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@revistaproceso @la Jornada @RicardoMonrealA @SACanale @JohnMAckerman @julioastillero@lopezobrador_◄d la Teoría General del Proceso y atentos
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@revistaproceso @laJornada @RicardoMonrealA @SACanale @JohnMAckerman @julioastillero@lopezobrador_◄a los requisitos esenciales de la sentencia
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@revistaproceso @laJornada @RicardoMonrealA @SACanale @JohnMAckerman @julioastillero@lopezobrador_ ◄ la misma fue incongruente, amén de
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@revistaproceso @laJornada @RicardoMonrealA @SACanale @JohnMAckerman @julioastillero@lopezobrador_ ◄carente de motivación y exhaustividad
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@revistaproceso @laJornada @RicardoMonrealA @SACanale @JohnMAckerman @julioastillero @lopezobrador_Se puedenconsultar diversas ejecutorias
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@revistaproceso @laJornada @RicardoMonrealA @SACanale @JohnMAckerman @julioastillero@lopezobrador_◄de observancia obligatoriae inherentes
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@revistaproceso @laJornada @RicardoMonrealA @SACanale @JohnMAckerman @julioastillero@lopezobrador_◄a las ‘DiligenciasPara MejorProveer’,
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@revistaproceso @la Jornada @RicardoMonrealA @SACanale @JohnMAckerman @julioastillero@lopezobrador_ ◄entre otras…
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@revistaproceso @la Jornada @RicardoMonrealA ◄ http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis?f=templates&fn=default.htm
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@SACanale @JohnMAckerman ◄ http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis?f=templates&fn=default.htm
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@julioastillero@lopezobrador_ ◄ http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis?f=templates&fn=default.htm
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@revistaproceso @la Jornada @RicardoMonrealA @SACanale @JohnMAckerman @julioastillero@lopezobrador_ ◄Lo antes expuesto, sin perjuicio
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@revistaproceso @la Jornada @RicardoMonrealA @SACanale @JohnMAckerman @julioastillero@lopezobrador_ ◄de las graves omisiones dolosas
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@revistaproceso @LaJornada @RicardoMonrealA @SACanale @JohnMAckerman @julioastillero @lopezobrador_◄del #IFEMexico y de la #FEPADE
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@revistaproceso @LaJornada @RicardoMonrealA @SACanale @JohnMAckerman @julioastillero@lopezobrador_ ◄ http://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/presentaciones_capacitacion/materia_electoral.pdf
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@revistaproceso @LaJornada @RicardoMonrealA @SACanale @JohnMAckerman @julioastillero @lopezobrador_◄ La LGSMIME ... http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149.pdf
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@revistaproceso @LaJornada @RicardoMonrealA @SACanale @JohnMAckerman @julioastillero @lopezobrador_◄El @TEPJF_SS incurrió en dolosa omisión
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@revistaproceso @LaJornada @RicardoMonrealA @SACanale @JohnMAckerman @julioastillero @lopezobrador_◄ al no desahogar medios de probar ...
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@revistaproceso @LaJornada @RicardoMonrealA @SACanale @JohnMAckerman @julioastillero @lopezobrador_◄ Presuncionales... (MONEX y SORIANA)
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@revistaproceso @LaJornada @RicardoMonrealA @SACanale @JohnMAckerman @julioastillero @lopezobrador_◄Al no adminicular el @TEPJF_SS los di--
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Hace unos días una camioneta con el logotipo de la SCT, se apostó a las afueras de la Sala Superior (ubicada en Carlota Armero, 5000, colonia CTM, en la zona de Culhuacán, Distrito Federal), donde sesionan los siete magistrados, y con aparatos sofisticados registró ilegalmente las llamadas telefónicas, así como las discusiones del pleno sobre el expediente llamado “juicio madre”, presentado por el candidato de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador.
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"PROTESTAR HACIA ADELANTE", Lydia Cacho.
http://fideiius.blogspot.com/2012/09/protestar-hacia-adelante-lydia-cacho.html
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https://www.google.com/#hl=en&sclient=psy-ab&q=FIDEIIUS+AMLO&oq=FIDEIIUS+AMLO&gs_l=hp.3...2065.4457.0.4754.13.13.0.0.0.0.355.2515.1j7j3j2.13.0.les%3B..0.0...1c.yYGmjhNi5sE&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=7769940c5ab5a494&biw=1024&bih=640
https://www.google.com/#hl=en&sclient=psy-ab&q=FIDEIIUS+TEPJF&oq=FIDEIIUS+TEPJF&gs_l=hp.3...12080.13260.1.13483.5.5.0.0.0.0.267.710.2j2j1.5.0.les%3B..0.0...1c.JAOIjkVF8gQ&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=7769940c5ab5a494&biw=1024&bih=640
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"Discurso completo de AMLO desconociendo fallo del TEPJF #epnpresidenteimpuesto"
http://www.blogdeizquierda.com/2012/08/discurso-completo-de-amlo-desconociendo.html
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"Mediocre TEPJF: Facultades sin Magistrados"
http://revistaemet.com/nota/mediocre-tepjf-facultades-sin-magistrados/12411
Finalmente, por unanimidad, este jueves 30 de agosto, los siete magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió el desechamiento de la demanda de invalidez de la elección presidencial presentada por el Movimiento Progresista por “infundados los agravios formulados, debido a que no fueron acreditados los supuestos en los que basó su petición”.
El proyecto de sentencia formulado por la Comisión integrada por los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Nava Gomar, sobre el juicio de inconformidad SUP-JIN-359/2012, integró los agravios planteados por la coalición en ocho temas:
1. Adquisición encubierta de tiempos en radio y televisión
2. Uso indebido de encuestas y estudios de opinión con propaganda electoral
3. Financiamiento encubierto por conducto de Banco Monex S.A. de C.V.
4. Conceptos de agravio relacionados con el caso Soriana
5. Gasto excesivo en campaña y publicidad
6. Intervención de gobiernos federal y locales
7. Compra y coacción del voto antes, durante y después de la jornada electoral
8. Irregularidades ocurridas durante los cómputos distritales
De manera sorprendente la autoridad indicó que el Movimiento Progresista no aportó suficientes pruebas que sustentaran las acusaciones.
En el caso de la adquisición encubierta de tiempos en radio y televisión, por ejemplo, señaló: “No parece reprochable que un medio de comunicación impreso publique notas o entrevistas y determine la manera y espacio en que se reproducen”.
En este mismo tema, el boletín de prensa del TEPJF que explica la sentencia señala: “Los cuestionamientos hechos a los lineamientos generales en radio y televisión emitidos por el Consejo General del IFE fueron improcedentes debido a que el acuerdo no fue impugnado oportunamente ante la Sala Superior.”
Asimismo, indicó que “no se impugnó el acuerdo sobre el monitoreo a los programas de noticias elaborados por la Universidad Nacional Autónoma de México.”
Respecto del uso indebido de encuestas y estudios de opinión con propaganda electoral, el resolutivo correspondiente, de acuerdo con el boletín mencionado, indica que “la coalición actora no acreditó que las encuestas que señala en su demanda incumplieran con los lineamientos legales, por lo que no se puede alegar que fueran simuladas” y que “no se acredita que la finalidad de su difusión consistiera en hacer propaganda electoral a favor o en contra de un partido político o candidato”.
Con relación al financiamiento encubierto por conducto de Banco Monex S.A. de C.V., los agravios fueron desestimados porque:
“En el caso de la supuesta contratación de Frontera Televisión Network para promover la imagen del candidato Enrique Peña Nieto en el exterior, los elementos de prueba aportados no permitieron acreditar el pago de 56 millones de dólares, supuestamente ofrecidos al propietario del medio de comunicación.”
Igualmente, “en relación con la contratación de diversas empresas mercantiles a través de las cuales presuntamente se llevó a cabo la compra de 9 mil 924 tarjetas de prepago de Banco Monex, los elementos ofrecidos por la actora sólo sirvieron para probar que con ellas el PRI estableció un mecanismo de disponibilidad inmediata de recursos monetarios para ser utilizadas por las personas que el partido indicara.”
Sin embargo, el Tribunal acepta que “se tuvo por acreditada la entrega de una serie de 7 mil 851 tarjetas, a través de enlaces estatales con quienes celebraron contratos de prestación de servicios asimilables a sueldos y su distribución a miembros del PRI exclusivamente en 5 estados de la República. De ese universo, 2 mil 578 tarjetas aparecieron vinculadas a empleados del Grupo Comercial Initzio y sólo en seis casos se reconocen como beneficiarios a representantes del PRI.”
El Tribunal indica que “Con los elementos aportados, no se observó que la distribución de tarjetas se haya hecho entre los ciudadanos en general, ni que los representantes partidistas a los que se les entregaron hubiesen sido contratados con el objetivo de que las repartieran.”
Respecto del caso Soriana, en el proyecto se sentencia se declararon infundados los agravios debido a que “Se tuvo por acreditada la existencia de 5 mil 711 tarjetas de la tienda Soriana, de 11 tipos distintos, pero ello no implica que se hayan otorgado a los ciudadanos con la condición de que votaran a favor de Enrique Peña Nieto”.
“No se acreditó en autos la relación contractual entre la empresa Soriana y los 11 gobiernos estatales señalados por la coalición.”
“Las pruebas ofrecidas no son suficientes ni aptas para acreditar la relación contractual entre la empresa Soriana y la coalición Compromiso por México.”
“En autos no se acreditó que la coalición Compromiso por México haya repartido tarjetas en tiendas Soriana a fin de incrementar la votación de su candidato a la Presidencia.”
Respecto del gasto excesivo en campaña y publicidad, se declararon infundados los agravios respecto de encuestas.
Igualmente, se dice textualmente: “En el caso del financiamiento de actos relativos a un evento celebrado en el estadio Azteca, se consideró que de las pruebas aportadas no se observan elementos suficientes para vincular de manera evidente a los sujetos denunciados con las erogaciones relacionadas con la campaña presidencial, ni se evidencia que el candidato y los partidos que los postularon hayan manifestado haber hecho ese tipo de gastos.”
Con relación a la acusación respecto de la intervención de gobiernos federal y locales en el proceso electoral, a favor de enrique Peña Nieto, el Tribunal desestimó el señalamiento de una reunión de gobernadores en Toluca, pues “no hay indicios que indiquen que dicho encuentro tuvo como fin establecer un convenio o acuerdo para cubrir una cuota o cantidad de votos en cada entidad, a través del uso de recursos públicos, la presión, compra o coacción del voto”.
Además, señala el documento citado, “no se corroboró, a través de la presentación de cuatro videos, exhibidos como pruebas, el uso de una bodega de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de Veracruz, pues no es posible identificar el lugar en que se hicieron las grabaciones ni el momento en que aconteció ese hecho”.
“No se acreditó la presión y coacción del voto atribuible al gobierno de Durango a través del uso incorrecto de programas sociales.”
“Las pruebas aportadas no son suficientes para demostrar el uso ilegal de recursos públicos del gobierno de Zacatecas a favor de la campaña de Enrique Peña Nieto.”
En relación con la compra y coacción del voto antes, durante y después de la jornada electoral, el TEPJF también la declaró infundada.
“No se acreditaron las irregularidades denunciadas en los estados de Jalisco, Chihuahua y Durango debido a la falta de eficacia de las pruebas aportadas; la falta de vinculación entre los hechos denunciados y lo que se pretende demostrar, y se hicieron referencias genéricas”, indicó.
Asimismo, dijo: “Era necesario probar que la entrega de tarjetas telefónicas tenía como objetivo provocar que los electores sufragaran a favor de la opción política que las repartió, lo cual no se demostró.”
Y finalmente, respecto de las irregularidades ocurridas durante los cómputos distritales, se declararon infundados los siguientes agravios: “Falta de certeza en las casillas objeto de recuento, ya que no hubo razonamientos para demostrar tales aseveraciones” y “Las inconsistencias en las actas de casilla denunciadas por la presunta diferencia en la lista nominal de electores pudieron ocurrir en el asentamiento de datos, además son insuficientes para tener por acreditada una violación a la normativa electoral.”
De esta síntesis de la sentencia contenida en el boletín de prensa emitido después de la sesión del jueves, se puede concluir que el Tribunal no realizó ninguna investigación, aun teniendo la obligación de realizarla, y no se interesó ni mínimamente en resguardar el bien jurídico público, es decir las elecciones libres, auténticas y equitativas.
1. No realizó ninguna investigación, aun teniendo la obligación de realizarla.
De la propia reiteración de que el Movimiento Progresista “no aportó pruebas” o “no acreditó”, se puede concluir que la autoridad no hizo nada para obtener elementos suficientes que le hicieren negar o afirmar los hechos acusados.
La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral otorga al Tribunal Electoral, en su artículo 21, la facultad de requerir información o realizar diligencias para resolver los casos:
Artículo 21
1. El Secretario del órgano del Instituto o el Presidente de la Sala del Tribunal, en los asuntos de su competencia, podrán requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los partidos políticos, candidatos, agrupaciones, organizaciones políticas y particulares, cualquier elemento o documentación que obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación. Asimismo, en casos extraordinarios, podrán ordenar que se realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue, siempre que ello no signifique una dilación que haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o sea un obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo señalado en las leyes aplicables.
Por eso, no es válido que diga ahora que la izquierda “no probó” o “no acreditó”, cuando el Tribunal debía haberse atribuido dicha obligación. Más aún, cuando el artículo 23 confirma en carácter de obligación la suplencia de la queja en materia electoral:
Artículo 23
1. Al resolver los medios de impugnación establecidos en esta ley, la Sala competente del Tribunal Electoral deberá suplir las deficiencias u omisiones en los agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos.
2. No resguardó el bien jurídico público, es decir las elecciones libres, auténticas y equitativas.
En su análisis de agravios y su desestimación, ni siquiera refiere que el centro de la demanda del Movimiento Progresista se hallaba en los atributos constitucionales que deben tener los comicios: libres, auténticos y equitativos. Al declarar infundados los agravios no consideró necesario indicar por qué no se estaría acreditando la violación constitucional.
Tal como se preveía, el TEPJF se quedó chiquito. De esta elección no tenemos un criterio judicial de esos calificativos inscritos en el artículo 41 de nuestra carta magna, por lo que seguirán siendo deducidos por el sentido lato, o común, de los términos.
El Tribunal, en vez de actuar como instancia de última y plena jurisdicción en una materia pública, actuó como juez civil, privado.
Pareciera para los magistrados, y así lo manifestaron, que se trataba de un asunto que involucrara únicamente a dos partes en disputa en plena igualdad de circunstancias y que en tal litigio su función no fuere más que actuar “imparcialmente” como árbitro. Conflicto de intereses entre dos partes y ya.
En el derecho público, a diferencia del derecho privado, no existe un conflicto entre dos particulares. En el derecho público, por encima de cualquier conflicto planteado, se encuentra un interés general que se debe resguardar. En el caso del derecho electoral, se trata de las elecciones, con sus atributos de libres, auténticas y equitativas. Por ello, la autoridad no interviene simplemente para decir quién tiene la razón, sino para garantizar que no se afecte el interés general, el interés público. Es decir, más allá de lo que demanden las partes en litigio, la actuación de la autoridad debe mirar al interés de la sociedad. Si lo que demandan, cuestionan, prueban, ponen en duda las partes, afecta a las elecciones con sus atributos, la autoridad debe actuar para resguardarlas, independientemente de la demanda. Por eso es que cuenta con las facultades de investigar y suplir la queja. Se entiende que no es para beneficiar a una de las partes sino para resguardar el bien superior que son las elecciones.
No tuvieron esa visión los magistrados. Actuaron en función de compromisos personales con quienes los pusieron y les permiten percibir salarios millonarios. Actuaron como integrantes de clase, de facción, para quedar bien con quien puede proteger sus privilegios, no como juzgadores públicos.
En la mediocridad de su actuación, faltaron magistrados para las facultades legales electorales.
El proyecto de sentencia formulado por la Comisión integrada por los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Nava Gomar, sobre el juicio de inconformidad SUP-JIN-359/2012, integró los agravios planteados por la coalición en ocho temas:
1. Adquisición encubierta de tiempos en radio y televisión
2. Uso indebido de encuestas y estudios de opinión con propaganda electoral
3. Financiamiento encubierto por conducto de Banco Monex S.A. de C.V.
4. Conceptos de agravio relacionados con el caso Soriana
5. Gasto excesivo en campaña y publicidad
6. Intervención de gobiernos federal y locales
7. Compra y coacción del voto antes, durante y después de la jornada electoral
8. Irregularidades ocurridas durante los cómputos distritales
De manera sorprendente la autoridad indicó que el Movimiento Progresista no aportó suficientes pruebas que sustentaran las acusaciones.
En el caso de la adquisición encubierta de tiempos en radio y televisión, por ejemplo, señaló: “No parece reprochable que un medio de comunicación impreso publique notas o entrevistas y determine la manera y espacio en que se reproducen”.
En este mismo tema, el boletín de prensa del TEPJF que explica la sentencia señala: “Los cuestionamientos hechos a los lineamientos generales en radio y televisión emitidos por el Consejo General del IFE fueron improcedentes debido a que el acuerdo no fue impugnado oportunamente ante la Sala Superior.”
Asimismo, indicó que “no se impugnó el acuerdo sobre el monitoreo a los programas de noticias elaborados por la Universidad Nacional Autónoma de México.”
Respecto del uso indebido de encuestas y estudios de opinión con propaganda electoral, el resolutivo correspondiente, de acuerdo con el boletín mencionado, indica que “la coalición actora no acreditó que las encuestas que señala en su demanda incumplieran con los lineamientos legales, por lo que no se puede alegar que fueran simuladas” y que “no se acredita que la finalidad de su difusión consistiera en hacer propaganda electoral a favor o en contra de un partido político o candidato”.
Con relación al financiamiento encubierto por conducto de Banco Monex S.A. de C.V., los agravios fueron desestimados porque:
“En el caso de la supuesta contratación de Frontera Televisión Network para promover la imagen del candidato Enrique Peña Nieto en el exterior, los elementos de prueba aportados no permitieron acreditar el pago de 56 millones de dólares, supuestamente ofrecidos al propietario del medio de comunicación.”
Igualmente, “en relación con la contratación de diversas empresas mercantiles a través de las cuales presuntamente se llevó a cabo la compra de 9 mil 924 tarjetas de prepago de Banco Monex, los elementos ofrecidos por la actora sólo sirvieron para probar que con ellas el PRI estableció un mecanismo de disponibilidad inmediata de recursos monetarios para ser utilizadas por las personas que el partido indicara.”
Sin embargo, el Tribunal acepta que “se tuvo por acreditada la entrega de una serie de 7 mil 851 tarjetas, a través de enlaces estatales con quienes celebraron contratos de prestación de servicios asimilables a sueldos y su distribución a miembros del PRI exclusivamente en 5 estados de la República. De ese universo, 2 mil 578 tarjetas aparecieron vinculadas a empleados del Grupo Comercial Initzio y sólo en seis casos se reconocen como beneficiarios a representantes del PRI.”
El Tribunal indica que “Con los elementos aportados, no se observó que la distribución de tarjetas se haya hecho entre los ciudadanos en general, ni que los representantes partidistas a los que se les entregaron hubiesen sido contratados con el objetivo de que las repartieran.”
Respecto del caso Soriana, en el proyecto se sentencia se declararon infundados los agravios debido a que “Se tuvo por acreditada la existencia de 5 mil 711 tarjetas de la tienda Soriana, de 11 tipos distintos, pero ello no implica que se hayan otorgado a los ciudadanos con la condición de que votaran a favor de Enrique Peña Nieto”.
“No se acreditó en autos la relación contractual entre la empresa Soriana y los 11 gobiernos estatales señalados por la coalición.”
“Las pruebas ofrecidas no son suficientes ni aptas para acreditar la relación contractual entre la empresa Soriana y la coalición Compromiso por México.”
“En autos no se acreditó que la coalición Compromiso por México haya repartido tarjetas en tiendas Soriana a fin de incrementar la votación de su candidato a la Presidencia.”
Respecto del gasto excesivo en campaña y publicidad, se declararon infundados los agravios respecto de encuestas.
Igualmente, se dice textualmente: “En el caso del financiamiento de actos relativos a un evento celebrado en el estadio Azteca, se consideró que de las pruebas aportadas no se observan elementos suficientes para vincular de manera evidente a los sujetos denunciados con las erogaciones relacionadas con la campaña presidencial, ni se evidencia que el candidato y los partidos que los postularon hayan manifestado haber hecho ese tipo de gastos.”
Con relación a la acusación respecto de la intervención de gobiernos federal y locales en el proceso electoral, a favor de enrique Peña Nieto, el Tribunal desestimó el señalamiento de una reunión de gobernadores en Toluca, pues “no hay indicios que indiquen que dicho encuentro tuvo como fin establecer un convenio o acuerdo para cubrir una cuota o cantidad de votos en cada entidad, a través del uso de recursos públicos, la presión, compra o coacción del voto”.
Además, señala el documento citado, “no se corroboró, a través de la presentación de cuatro videos, exhibidos como pruebas, el uso de una bodega de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de Veracruz, pues no es posible identificar el lugar en que se hicieron las grabaciones ni el momento en que aconteció ese hecho”.
“No se acreditó la presión y coacción del voto atribuible al gobierno de Durango a través del uso incorrecto de programas sociales.”
“Las pruebas aportadas no son suficientes para demostrar el uso ilegal de recursos públicos del gobierno de Zacatecas a favor de la campaña de Enrique Peña Nieto.”
En relación con la compra y coacción del voto antes, durante y después de la jornada electoral, el TEPJF también la declaró infundada.
“No se acreditaron las irregularidades denunciadas en los estados de Jalisco, Chihuahua y Durango debido a la falta de eficacia de las pruebas aportadas; la falta de vinculación entre los hechos denunciados y lo que se pretende demostrar, y se hicieron referencias genéricas”, indicó.
Asimismo, dijo: “Era necesario probar que la entrega de tarjetas telefónicas tenía como objetivo provocar que los electores sufragaran a favor de la opción política que las repartió, lo cual no se demostró.”
Y finalmente, respecto de las irregularidades ocurridas durante los cómputos distritales, se declararon infundados los siguientes agravios: “Falta de certeza en las casillas objeto de recuento, ya que no hubo razonamientos para demostrar tales aseveraciones” y “Las inconsistencias en las actas de casilla denunciadas por la presunta diferencia en la lista nominal de electores pudieron ocurrir en el asentamiento de datos, además son insuficientes para tener por acreditada una violación a la normativa electoral.”
De esta síntesis de la sentencia contenida en el boletín de prensa emitido después de la sesión del jueves, se puede concluir que el Tribunal no realizó ninguna investigación, aun teniendo la obligación de realizarla, y no se interesó ni mínimamente en resguardar el bien jurídico público, es decir las elecciones libres, auténticas y equitativas.
1. No realizó ninguna investigación, aun teniendo la obligación de realizarla.
De la propia reiteración de que el Movimiento Progresista “no aportó pruebas” o “no acreditó”, se puede concluir que la autoridad no hizo nada para obtener elementos suficientes que le hicieren negar o afirmar los hechos acusados.
La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral otorga al Tribunal Electoral, en su artículo 21, la facultad de requerir información o realizar diligencias para resolver los casos:
Artículo 21
1. El Secretario del órgano del Instituto o el Presidente de la Sala del Tribunal, en los asuntos de su competencia, podrán requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los partidos políticos, candidatos, agrupaciones, organizaciones políticas y particulares, cualquier elemento o documentación que obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación. Asimismo, en casos extraordinarios, podrán ordenar que se realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue, siempre que ello no signifique una dilación que haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o sea un obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo señalado en las leyes aplicables.
Por eso, no es válido que diga ahora que la izquierda “no probó” o “no acreditó”, cuando el Tribunal debía haberse atribuido dicha obligación. Más aún, cuando el artículo 23 confirma en carácter de obligación la suplencia de la queja en materia electoral:
Artículo 23
1. Al resolver los medios de impugnación establecidos en esta ley, la Sala competente del Tribunal Electoral deberá suplir las deficiencias u omisiones en los agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos.
2. No resguardó el bien jurídico público, es decir las elecciones libres, auténticas y equitativas.
En su análisis de agravios y su desestimación, ni siquiera refiere que el centro de la demanda del Movimiento Progresista se hallaba en los atributos constitucionales que deben tener los comicios: libres, auténticos y equitativos. Al declarar infundados los agravios no consideró necesario indicar por qué no se estaría acreditando la violación constitucional.
Tal como se preveía, el TEPJF se quedó chiquito. De esta elección no tenemos un criterio judicial de esos calificativos inscritos en el artículo 41 de nuestra carta magna, por lo que seguirán siendo deducidos por el sentido lato, o común, de los términos.
El Tribunal, en vez de actuar como instancia de última y plena jurisdicción en una materia pública, actuó como juez civil, privado.
Pareciera para los magistrados, y así lo manifestaron, que se trataba de un asunto que involucrara únicamente a dos partes en disputa en plena igualdad de circunstancias y que en tal litigio su función no fuere más que actuar “imparcialmente” como árbitro. Conflicto de intereses entre dos partes y ya.
En el derecho público, a diferencia del derecho privado, no existe un conflicto entre dos particulares. En el derecho público, por encima de cualquier conflicto planteado, se encuentra un interés general que se debe resguardar. En el caso del derecho electoral, se trata de las elecciones, con sus atributos de libres, auténticas y equitativas. Por ello, la autoridad no interviene simplemente para decir quién tiene la razón, sino para garantizar que no se afecte el interés general, el interés público. Es decir, más allá de lo que demanden las partes en litigio, la actuación de la autoridad debe mirar al interés de la sociedad. Si lo que demandan, cuestionan, prueban, ponen en duda las partes, afecta a las elecciones con sus atributos, la autoridad debe actuar para resguardarlas, independientemente de la demanda. Por eso es que cuenta con las facultades de investigar y suplir la queja. Se entiende que no es para beneficiar a una de las partes sino para resguardar el bien superior que son las elecciones.
No tuvieron esa visión los magistrados. Actuaron en función de compromisos personales con quienes los pusieron y les permiten percibir salarios millonarios. Actuaron como integrantes de clase, de facción, para quedar bien con quien puede proteger sus privilegios, no como juzgadores públicos.
En la mediocridad de su actuación, faltaron magistrados para las facultades legales electorales.
Lenia Batres Guadarrama - Opinión EMET"
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Eligio Del Awiizotl
La resolución del @TEPJF_SS en el juicio de inconformidad SUP-JIN-359/2012 es un rescripto a favor de la nociva y perniciosa oligarquía...
Eligio Del Awiizotl@EligioAwiizotl
CENSO @IFEMexico = 79.5 M de CC. CÓMPUTO FINAL = 50’143,616votos. http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/menuitem.92faac40ea85399517bed910d08600a0/?vgnextoid=9ddcb82ade597310VgnVCM1000000c68000aRCRD …http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/144/2012 …http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/rpcpyv10.asp …
Eligio Del Awiizotl@EligioAwiizotl
Según el TEPJF hubo 63% de VOTOS en el Proceso Electoral 2012 frente al CENSO @IFEMexico = 79.5 M de CC. CÓMPUTO FINAL = 50’143,616 votos.
Eligio Del Awiizotl@EligioAwiizotl
Pero de ese 63% de votos hubo 1'236,857 votos nulos; en consecuencia, según el @TEPJF_SS en su DICTÁMEN SOBRE CÓMPUTO FINAL, sólo considero
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Atentos dichos cálculos basados en el DICTÁMEN SOBRE CÓMPUTO FINAL del @TEPJF_SS , obtenemos los porcentajes (aprox.), que de "VOTOS
Eligio Del Awiizotl
VÁLIDOS" obtuvo cada PARTIDO/COALICIÓN, así como l@s CANDIDATOS NO “REGISTRADOS”(CNR); a saber: 39.17% PRI-PVEM; 32.40% PRD-PT y M.C.;
Eligio Del Awiizotl
Agradeceré a quien(es) se sirvan revisar dichos cálculos elaborados x este ocioso tecleador considerando las fuentes cibernéticas referidas
Eligio Del Awiizotl
La LXII Legislatura del Congreso de la Unión (MX), se compone de 628 Legislador@s: 128 Senador@s y 500 Diputad@s.http://es.wikipedia.org/wiki/LXII_Legislatura_del_Congreso_de_la_Uni%C3%B3n_de_M%C3%A9xico …
Eligio Del Awiizotl
MX: COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, LXI Legislatura: PRI 48%; PAN 28%; PRD 14%; PVEM 5%; PT 3%; NA 1%;
Eligio Del Awiizotl
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Eligio Del Awiizotl
MX EN CIFRAS: Inf. nacional, por entidad federativa y municipios: Población total al 2010: 112’336,538 habitantes.http://www.inegi.org.mx/
Eligio Del Awiizotl
Censo de Población y Vivienda 2010: http://www.censo2010.org.mx/
---"Espían a magistrados electorales
Antes de dar su fallo sobre la elección presidencial de julio pasado, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueron objeto de espionaje. El caso involucraría a servidores públicos del propio Tribunal en colusión con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que comanda Dionisio Pérez-Jácome Friscione.
Hace unos días una camioneta con el logotipo de la SCT, se apostó a las afueras de la Sala Superior (ubicada en Carlota Armero, 5000, colonia CTM, en la zona de Culhuacán, Distrito Federal), donde sesionan los siete magistrados, y con aparatos sofisticados registró ilegalmente las llamadas telefónicas, así como las discusiones del pleno sobre el expediente llamado “juicio madre”, presentado por el candidato de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador.
El recurso que se analizaba entonces es aquel con el que los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano exigían la anulación y reposición de los comicios presidenciales, y que puso muy nerviosos a varios políticos.
Así, todas las conversaciones que se sostuvieron durante uno de los días más intensos en el Tribunal fueron ilícitamente grabadas y posteriormente analizadas por presuntos servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones.
El caso no es ajeno para los magistrados, quienes habrían sido alertados por el aparato de seguridad que resguarda la Sala Superior. Los elementos de seguridad de ese órgano judicial fueron quienes descubrieron la inusual conducta del vehículo de la SCT y, sobre todo, de una de las secretarias de un magistrado del Tribunal.
A lo largo del día, la secretaria entraba y salía de la Sala Superior. Su actitud despertó las sospechas de los guardias, quienes sin que ella se diera cuenta, iniciaron un seguimiento. Descubrieron que, invariablemente, la funcionaria “visitaba” la camioneta de la SCT, para interactuar con los sujetos que se encontraban en su interior.
A pesar de la gravedad del caso, los guardias se limitaron a improvisar un operativo de “revisión”. Al interior de la camioneta descubrieron un sofisticado equipo de telecomunicaciones para intercepción de mensajes y llamadas, así como la escucha de micrófonos que habrían sido ocultados al interior de la Sala Superior para grabar las discusiones privadas de los magistrados, por lo que tras unas llamadas a sus “jefes”, procedieron únicamente a “despejar” la zona y evitar que se continuara con las labores de espionaje.
La orden que recibieron los vigilantes desde el Tribunal Electoral fue ésa: permitir que la camioneta de la SCT se fuera después de varias horas de espiar a los magistrados. Además, éstos decidieron no denunciar el hecho ante la Procuraduría General de la República, como procedía, para no generar mayor tensión respecto del fallo sobre la elección presidencial.
En sigilo, el órgano judicial separó de su cargo a la secretaria del magistrado que colaboró con los espías de Comunicaciones y Transportes. Pero tampoco procedió judicialmente en su contra.
Tensión en el Tribunal Electoral
Al interior del Tribunal Electoral es un secreto a voces que después del fallo electoral su presidente, Alejandro Luna Ramos, dejará la presidencia para que el verdadero grupo de poder de dicho órgano judicial asuma abiertamente el control total. Cansado y agobiado por las presiones políticas externas e internas, el presidente magistrado habría tomado la decisión de dejar el cargo.
Hace unos meses informamos en esta columna cómo el miedo se había apoderado del TEPJF, al punto que los siete magistrados acordaron blindar las instalaciones de la Sala Superior ante cualquier contingencia al momento de dar su fallo. El jueves de la semana pasada se confirmó la presión que diversos sectores inconformes de la población hicieron sobre el Tribunal, el cual además del blindaje de su puerta principal y ventanas, fue resguardado por elementos de la Policía Federal, que establecieron un cerco que nadie podía rebasar.
Para justificar el cuantioso gasto del blindaje en sus instalaciones de la Sala Superior, los magistrados manifestaron su preocupación por su seguridad personal, como si desde hace varios meses supieran cuál era el fallo de la elección presidencial. El área encargada del blindaje fue Protección Institucional y el gasto ascendió a unos 300 mil pesos más otros 38 mil de una “puerta acorazada” con capacidad de resistir disparos de bazucas y hasta bombas.
Pero el temor de los magistrados no quedó allí, también se autorizaron camionetas blindadas marca Gran Cherokee, con valor aproximado al 1.5 millones de pesos por cada vehículo.
Explicábamos en la entrega anterior que el abuso del dinero público en este órgano electoral permitió que a su todavía presidente, el doctor José Alejandro Luna Ramos, le asignaran para su servicio otros dos automóviles con su respectivo gasto de gasolina; un ingreso mensual neto de 250 mil pesos, mientras que los otros seis magistrados ganan 230 mil; cuentan con un seguro de separación individualizado contratado con la empresa Metlife, consistente en que el magistrado aporta 10 por ciento de sus ingresos y el Tribunal otro 10 por ciento de dinero público, y el total lo recibirá cada magistrado cuando termine su gestión.
Además, dicho órgano de “justicia” le otorga a los magistrados un seguro de vida y un seguro de gastos médicos mayores, con cero coaseguro, es decir, que cualquier gasto que genere su internamiento en algún hospital de cinco estrellas, el magistrado no desembolsará un solo centavo de sus ingresos, pues todo estará cubierto por el seguro pagado con dinero público de los mexicanos.
Como estos siete magistrados fueron los responsables del cómputo final de la elección presidencial y de calificar su “legalidad”, se otorgaron más estímulos económicos, como un “bono de riesgo” por 500 mil pesos para cada uno.
Más dinero para los magistrados: hace unos días todos los trabajadores del Tribunal recibieron un “bono de apoyo al proceso electoral”, correspondiente a uno o dos meses de salario, dependiendo del cargo del funcionario; otro bono de la misma dimensión les será entregado en las próximas semanas, nuevamente por “apoyo a las elecciones presidenciales” y, por si lo anterior fuera poco, los magistrados han dispuesto que cada cuatro meses se les pague un bono económico equivalente a un mes de salario.
Después del fallo electoral presidencial, a la población le toca ahora juzgar públicamente la actuación de estos siete magistrados. Lo anterior es sólo información adicional para tener más elementos de juicio.
*Periodista
Fuente: Contralínea 300 / Septiembre de 2012"
"PROTESTAR HACIA ADELANTE", Lydia Cacho.
http://fideiius.blogspot.com/2012/09/protestar-hacia-adelante-lydia-cacho.html
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"CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Constitución publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 5 de febrero de 1917
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 09-08-2012
Artículo 41. El pueblo ejerce su
soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia
de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores,
en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución
Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán
contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
La renovación de
los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres,
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
I. Los partidos políticos son entidades de
interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro
legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los
partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones
estatales, municipales y del Distrito Federal.
Los partidos políticos
tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones
de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público,
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto,
quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto
social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación
corporativa.
Las autoridades
electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos
políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.
II. La ley garantizará que los partidos políticos
nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus
actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los
propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
El financiamiento
público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada
elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto
durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará
conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:
a) El financiamiento público para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente,
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral
por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito
Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo
señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma
igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de
votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
b) El financiamiento público para las
actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan
Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al
cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada
partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se
elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho
financiamiento por actividades ordinarias.
c) El financiamiento público por actividades
específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al
tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en
cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que
resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los
partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de
diputados inmediata anterior.
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de
selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos.
La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus
simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido,
al diez por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña
presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia
del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.
De igual manera,
la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de
los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y
remanentes serán adjudicados a la Federación.
III. Los
partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de
los medios de comunicación social.
Apartado A. El Instituto
Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que
corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al
ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo
siguiente y a lo que establezcan las leyes:
a) A
partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral
quedarán a disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos
diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de
transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario
referido en el inciso d) de este apartado;
b) Durante
sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por
cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el
tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley;
c) Durante
las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los
partidos políticos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total
disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado;
d) Las transmisiones en cada
estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de
programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas;
e) El
tiempo establecido como derecho de los partidos políticos se distribuirá entre
los mismos conforme a lo siguiente: el treinta por ciento en forma igualitaria
y el setenta por ciento restante de acuerdo a los resultados de la elección
para diputados federales inmediata anterior;
f) A
cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se
le asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al
porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior, y
g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y
B de esta base y fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales
federales, al Instituto Federal Electoral le será asignado hasta el doce por
ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión,
conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el
Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma
igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines
propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las
entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que
por este concepto le corresponda en un programa mensual de cinco minutos y el
restante en mensajes con duración de veinte segundos cada uno. En todo caso,
las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que
determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente
Apartado. En situaciones especiales el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político,
cuando así se justifique.
Los partidos
políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras
personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.
Ninguna otra
persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las
preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos
políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la
transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el
extranjero.
Las disposiciones contenidas en los dos
párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y el
Distrito Federal conforme a la legislación aplicable.
Apartado B. Para fines electorales en las entidades
federativas, el Instituto Federal Electoral administrará los tiempos que
correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de
cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que
determine la ley:
a) Para
los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales
coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa
estará comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y
c) del apartado A de esta base;
b) Para
los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la
ley, conforme a los criterios de esta base constitucional, y
c) La
distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de
registro local, se realizará de acuerdo a los criterios señalados en el
apartado A de esta base y lo que determine la legislación aplicable.
Cuando a juicio
del Instituto Federal Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se
refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines
o los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el
tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera.
Apartado C. En la propaganda
política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de
expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que
calumnien a las personas.
Durante el tiempo
que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la
conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en
los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de
los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno
del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las
únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las
necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
Apartado D. Las infracciones
a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal
Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de
cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de
concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley.
IV. La
ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de
selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como
las reglas para las precampañas y las campañas electorales.
La duración de las
campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, senadores y
diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan
diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las
precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las
campañas electorales.
La violación a
estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral
será sancionada conforme a la ley.
V. La organización de las elecciones federales
es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo
denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la
Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que
ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.
El Instituto
Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones
y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con
órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General
será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente
y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros
del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un
Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y
funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos.
Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario
para prestar el servicio profesional electoral. Una Contraloría General tendrá
a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los
ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del
Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las
relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de
vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes
de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán
integradas por ciudadanos.
El consejero
Presidente durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez. Los
consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma
escalonada y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán
elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios,
previa realización de una amplia consulta a la sociedad. De darse la falta
absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros
electorales, el sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante.
La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.
El consejero
Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o
comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo
General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas,
culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. La retribución
que perciban será igual a la prevista para los Ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por la
Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la
forma y términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto
por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del
Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la entidad de
fiscalización superior de la Federación.
El Secretario
Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo
General a propuesta de su Presidente.
La ley establecerá
los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero presidente
del Consejo General, los consejeros electorales, el Contralor General y el
Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; quienes hayan fungido
como consejero Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no
podrán ocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro,
cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado.
Los consejeros del
Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación
de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un Consejero por cada grupo
parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la
Unión.
El Instituto
Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las
que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y
educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las
agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores,
impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los
cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y
otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo
de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los
distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación
electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las
sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los
términos que señale la ley.
La fiscalización
de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un
órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dotado de
autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos
terceras partes del propio Consejo a propuesta del consejero Presidente. La ley
desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los
procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. En el
cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los
secretos bancario, fiduciario y fiscal.
El órgano técnico
será el conducto para que las autoridades competentes en materia de
fiscalización partidista en el ámbito de las entidades federativas puedan
superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior.
El Instituto
Federal Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de
las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos
electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable.
VI. Para garantizar los principios de
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se
establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen
esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas
etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos
políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los
términos del artículo 99 de esta Constitución.
En materia
electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o
legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto
impugnado."
https://www.google.com/#hl=en&sclient=psy-ab&q=FIDEIIUS+AMLO&oq=FIDEIIUS+AMLO&gs_l=hp.3...2065.4457.0.4754.13.13.0.0.0.0.355.2515.1j7j3j2.13.0.les%3B..0.0...1c.yYGmjhNi5sE&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=7769940c5ab5a494&biw=1024&bih=640
https://www.google.com/#hl=en&sclient=psy-ab&q=FIDEIIUS+TEPJF&oq=FIDEIIUS+TEPJF&gs_l=hp.3...12080.13260.1.13483.5.5.0.0.0.0.267.710.2j2j1.5.0.les%3B..0.0...1c.JAOIjkVF8gQ&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=7769940c5ab5a494&biw=1024&bih=640
https://www.google.com/#hl=en&sclient=psy-ab&q=FIDEIIUS+megafraude+electoral&oq=FIDEIIUS+megafraude+electoral&gs_l=hp.3...24445.27469.2.27748.20.20.0.0.0.0.382.3700.0j14j4j2.20.0.les%3B..0.0...1c.hEMA02qrpfI&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=7769940c5ab5a494&biw=1024&bih=640
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El resistirse a lo irresistible no siempre fortalece a quienes se creen irresistibles, sí, a aquell@s que ‘no mandan obedeciendo a sus mandantes’… FIDEIIUS (Fideiius).
Centro de Alerta para la Defensa de los Pueblos Investigación, análisis, documentación y denuncias sobre la injerencia y subversión contra los pueblos de América Latina
http://www.centrodealerta.org/
http://www.youtube.com/watch?v=cec34OOdnRA
http://www.cubadebate.cu/series/resistencia-palestina/
"Noam Chomsky*: Estados Unidos es el mayor terrorista del mundo..." Institute Professor and professor emeritus of linguistics at the Massachusetts Institute of Technology*
http://www.semana.com/noticias-mundo/parte-colombia-robada-roosevelt/142043.aspx
http://eligio-del-awiizotl.blogspot.com/2010/07/noam-chomsky-estados-unidos-es-el-mayor.html
http://www.chomsky.info/
http://www.cubadebate.cu/categoria/autores/eva-golinger/
http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/los-gringos-se-robaron-el-dinero-de-las-ventas-de-petroleo-en-irak/
EEUU despilfarró miles de millones de dólares del area social de Irak
http://www.aporrea.org/tiburon/n164470.html
http://www.josecouso.info/
http://eligio-del-awiizotl.blogspot.com/2010/07/httpwikileaksorg-could-become-as.html
http://www.iraqbodycount.org/
“We don’t do body counts”.- General Tommy Franks
http://www.icasualties.org/
http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2010/08/03/emplazamiento-al-presidente-de-estados-unidos/
"Hey, bad guys: If it is certain that you in God trust, you should not be afraid, just let the music play…!”.FIDEIIUS (Fideiius).
http://eligio-del-awiizotl.blogspot.com/2010/08/911-naves-que-impactaron-las-torres.html
http://www.youtube.com/watch?v=V6NVnKFyY24
http://www.youtube.com/watch?v=zyoEYCmEO_o
ACCESO AL AGUA POTABLE, DECLARADO DERECHO FUNDAMENTAL: TRIUNFO DE LA HUMANIDAD A INSTANCIA DE EVO MORALES, C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPúBLICA DE BOLIVIA…
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Perseguido por EEUU: Camarógrafo estadounidense que filmó imágenes del 11/9 enfrenta extradición
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The Washington Post: Estados Unidos es el vergonzoso suministrador de armas al narcotráfico
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*) "Tres generaciones se han echado a perder por mi culpa: Rius"
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*) "Noam Chomsky: Los cables de WikiLeaks revelan un“profundo odio a la democracia por parte de nuestra dirigencia política” “Debemos comprender -y los Papeles del Pentágono son otro ejemplo claro- que una de las principales razones del secreto gubernamental es proteger al gobierno contra su propia población”
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*) Stépahne Hessel: “No estoy aquí para testimoniar sobre lo que pasó en Chile. Estoy aquí para hablar en nombre de la evolución del derecho internacional, que siempre es demasiado lenta. Para mí este juicio representa un paso adelante porque vivimos en un mundo en el que los crímenes impunes pesan sobre la conciencia internacional” (Referida por Anne Marie Mergier en “Sentencia implacable”
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Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks"
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"En una extensa entrevista con 60 minutes, Julian Assange, fundador de Wikileaks, dice: “Somos activistas por la libertad de expresión. No se trata de salvar a las ballenas, se trata de darle a la gente la información que necesita para apoyar o no la caza de ballenas. ¿Por qué? Son los ingredientes crudos que se necesitan para hacer una sociedad justa. Sin ellos, simplemente estás navegando en la oscuridad”.- Julian Assange. (Tomado de 'La Jornada')
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Be Traist...!
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Just let the hammock swing...!
P.D.: "Agua de Coco Pa' Toch@s" *
"Once again, the cat is shaking the roof...!" *
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Universal Rights and Universal Values... But that is romantically substantive for those who try to ignore the Universal Jurisdiction and its procedures to evade justice... FIDEIIUS (Fideiius).
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Miles de simpatizantes del movimiento Ocupa marcharon del centro de Oakland a la zona portuaria. Autoridades del lugar emitieron un comunicado en el que informaron que las operaciones estaban detenidas, lo que provocó el júbilo de los manifestantes. En una decisión sorpresiva, la alcaldesa Jean Quan dio el día a los trabajadores municipales para que se sumaran a la protesta Foto Ap
David Brooks, Corresponsal
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¡Oh mujer… que tu ausencia sea mi más cercana vecina…! FIDEIIUS.
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