"El signo de
la mayoría de estos delitos es la impunidad
La
incidencia de dichos crímenes en este sexenio, similar al de Calderón
En
Coahuila, mil 808 personas no localizadas entre 2000 y 2013
En
diversos casos, funcionarios judiciales o militares son victimarios
De los corresponsales y Fernando Camacho"
"Se cometen en la mayoría de entidades, igual que las ejecuciones
extrajudiciales
Desapariciones forzadas persisten porque la impunidad es casi
total, acusan ONG
De los corresponsales y Fernando Camacho
Periódico La Jornada
Martes 18 de noviembre de 2014, p. 4
Martes 18 de noviembre de 2014, p. 4
Aunque las desapariciones forzadas y las ejecuciones
extrajudiciales suelen asociarse al gobierno de Felipe Calderón, ambos crímenes
aún se cometen hoy día de forma constante en la gran mayoría de los estados, de
acuerdo con organizaciones no gubernamentales (ONG), y esto ocurre porque los
delitos permanecen en una impunidad casi total.
El nivel de incidencia de las desapariciones y ejecuciones durante
este sexenio aún es muy parecido al del anterior, y aunque en la presente
administración se aplicó la estrategia de no hablar del problema para crear la
sensación de que éste no existía, los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa cambiaron
este escenario, según información recabada por los corresponsales de este diario
en el país. Los datos obtenidos revelan además que esos y otros episodios de
violencia hicieron que México volviera a captar la atención internacional.
Dos escándalos internacionales
Como se ha informado en estas páginas, el pasado 30 de junio al
menos 15 presuntos miembros de una organización criminal –entre ellos dos
menores de edad– fueron víctimas de ejecución extrajudicial en el
municipio de Tlatlaya, estado de México, cometida por militares, pese a que los
supuestos delincuentes ya se habían rendido y estaban desarmados.
Con base en los testimonios de tres mujeres sobrevivientes, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que aunque los soldados habían
prometido respetar la vida de los sospechosos si éstos se rendían, los mataron
luego de haberlos sometido, disparándoles cuando estaban contra la pared.
En cuanto a las desapariciones forzadas, el caso de los 43 normalistas
atacados por policías municipales de Iguala, Guerrero, el 26 y el 27 de
septiembre pasado, es uno de los que más indignación han causado a escalas
nacional e internacional.
Según las investigaciones de las autoridades, los jóvenes fueron entregados
por los policías al grupo criminal Guerreros Unidos, y aunque hay más
de 30 detenidos que han declarado, aún no son encontrados los estudiantes.
La organización Human Rights Watch manifestó que el caso de Tlatlaya es
una de las más graves masacres ocurridas en México, mientras Amnistía Internacional subrayó que las autoridades nacionales son responsables de la falta de una investigación adecuada en relación con los normalistas agredidos en Iguala.
Más allá de estos dos ejemplos, que alcanzaron gran eco mediático en semanas
recientes, en diversas entidades las ejecuciones y desapariciones son
desde hace años una constante.
Un ejemplo es Coahuila, donde según estadísticas de la Subprocuraduría para
la Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas –dependiente de la
Procuraduría General de Justicia del estado– hay al menos mil 808 desaparecidos
de 2000 a 2013.
A su vez, la asociación civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en
Coahuila documentó 321 casos ocurridos en 143 eventos entre 2007 y agosto de
2013. Hay evidencias de participación de militares o policías en al menos 34 de
ellos.
Otra entidad donde sobresale el problema es Michoacán. En los tres años
pasados se han presentado unas 200 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, por casos que involucrarían tanto a la delincuencia organizada como a
diversos cuerpos oficiales de seguridad.
No se preocupen, aquí es seguro
En Morelos ocurrieron en años recientes dos casos de desaparición
forzada en los que están presentes muchas de las características de impunidad
que rodean este delito en el país, de acuerdo con ONG.
Uno de ellos fue el de Alan Cerón Moreno, quien fue privado de su libertad el
24 de diciembre de 2011, escapó de sus captores dos días después y fue visto por
última ocasión en una agencia del Ministerio Público (MP) de Chilpancingo,
Guerrero, cuyo titular está acusado de volver a entregarlo a sus plagiarios.
La madre de Alan, Rosa María Moreno, recordó que el 26 de diciembre de 2011
recibió una llamada telefónica de su hijo, quien le avisó que estaba en una
agencia del MP en la capital de Guerrero para levantar una denuncia por la
privación ilegal de su libertad, y pidió que le mandaran dinero para regresar a
Cuernavaca.
El joven puso al teléfono a un agente del MP que dijo a la madre que el
muchacho estaba
golpeado, pero bien. Tráiganle una muda de ropa porque está muy mojado. Acá los esperamos, no se preocupen, aquí está seguro.
Pero a las 22:30 horas, cuando la familia llegó a Chilpancingo, el
funcionario les dijo que el joven se había ido un par de horas antes y no sabía
adónde.
No volvieron a saber de él, hasta que el 17 de mayo de 2012 el cuerpo de Alan
Cerón se encontró enterrado en un predio al norte de Chilpancingo. Aunque fueron
denunciados varios funcionarios, hasta el momento ningún responsable ha sido
castigado.
Tortura que lleva a la muerte
Otro caso simbólico en el que se conjuntaron la desaparición
forzada y la ejecución extrajudicial fue el del joven Jethro Ramsés
Santana, quien la tarde del 2 de mayo de 2011 fue detenido por policías
municipales cuando convivía con sus amigos en la Feria de Cuernavaca, luego de
una pelea en el lugar.
Los agentes municipales lo entregaron a federales y éstos a su vez a soldados
del 21 batallón de la 24 Zona Militar, quienes lo torturaron en sus
instalaciones hasta matarlo. Luego lo enterraron en un predio en Atlixco,
Puebla.
Por ese hecho fueron aprehendidos dos militares de rangos medio y bajo, pero
siguen prófugos de la justicia otros participantes en el asesinato, así como los
jefes que ordenaron la tortura y la desaparición del cuerpo.
Un episodio que también alcanzó notoriedad pública por su gravedad es el de
los hermanos José Luis y Carlos Guzmán Zúñiga, desaparecidos en Ciudad Juárez,
Chihuahua.
El 14 de noviembre de 2008, un grupo de soldados, comandados por el teniente
Mario Ancheyta Cruz, apresaron a los hermanos en el contexto de la Operación
Conjunta Chihuahua, con la acusación de que estaban implicados en los
delitos de venta de drogas y extorsión.
Como se supo después en la investigación del caso, ambos fueron torturados
durante el interrogatorio, y cuando uno de ellos perdió la vida por ahogamiento,
el capitán Javier Sánchez Aiza ordenó que
desaparecieran toda evidencia.
Por tal razón, los dos fueron llevados a un sitio del desierto donde el joven
sobreviviente a la tortura recibió dos disparos y fue enterrado junto a su
hermano.
Sin investigaciones reales
Como documentaron los corresponsales de La Jornada, una
muestra de la falta de investigación en la gran mayoría de las ocasiones es el
caso de Bárbara Reyes, joven de 16 años que desapareció en Cuautitlán, estado de
México, en agosto de 2011.
La Procuraduría General de Justicia de esa entidad ofreció en diciembre de
2012 una recompensa de 250 mil pesos a quien ofreciera datos sobre el paradero
de la adolescente. Dos meses después, las autoridades se dieron cuenta de que
habían buscado a Bárbara por más de 500 días cuando el cadáver de la muchacha en
realidad había estado en el Servicio Médico Forense durante meses.
Esa misma
falta de coordinación y resultadoshan sido evidentes en estados como Baja California Sur, donde se han documentado más de 2 mil casos de desaparición en los 20 años anteriores, con 300 averiguaciones previas abiertas, pero sin que ninguno sea resuelto, y Veracruz, donde la iniciativa de castigar este delito con 30 años de cárcel no ha ayudado a resolver los más de 700 casos registrados, muchos de ellos con probable participación de funcionarios estatales.
Ejecuciones en la impunidad
En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales –asesinatos
deliberados cometidos por servidores públicos, quienes se apoyan en la autoridad
del Estado para justificar el delito–, destaca el caso
emblemáticode Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo.
Ambos jóvenes, estudiantes con beca de excelencia académica en el Tecnológico
de Monterrey, murieron el 19 de marzo de 2010 a manos de militares, quienes los
confundieron con pistoleros durante un tiroteo en la capital de Nuevo León.
Los alumnos trataban de protegerse del fuego cruzado, y cuando trataban de
huir fueron abatidos por militares. Los uniformados les dieron el tiro de gracia
y durante horas la información oficial los calificó de delincuentes, aunque al
día siguiente el gobierno federal corrigió y tuvo que prometer una
investigación.
De igual forma se puede mencionar el asesinato de los normalistas de
Ayotzinapa Gabriel Echevarría de Jesús y Jorge Herrera Pino, muertos por
disparos de las policías federal y estatal cuando participaban en un bloqueo de
la Autopista del Sol, en Guerrero, en diciembre de 2011.
Hay otros casos en los que no se ha comprobado la participación de fuerzas de
seguridad, pero igualmente se trata de homicidios no resueltos ni investigados,
sobre todo contra líderes sociales y activistas de derechos humanos.
Entre ellos se encuentra el de los dirigentes mixtecos Raúl Lucas Lucía y
Manuel Ponce Rosas, en 2009; la líder campesina Juventina Villa y su familia, en
noviembre de 2012; Arturo Hernández Cardona y dos de sus compañeros, miembros de
la Unión Popular de Iguala, en junio de 2013, y Rocío Mesino, dirigente agraria,
en octubre de ese mismo año. Todos estos crímenes se cometieron en Guerrero.
En el norte del país destacan los homicidios de Ismael Solorio y su esposa,
Manuelita Solís, dirigentes de la organización campesina El Barzón, el 22 de
octubre de 2012 en Chihuahua; y el de Sandra Luz Hernández, quien fue asesinada
el 12 de febrero de 2012 en Culiacán, Sinaloa, cuando trataba de encontrar a los
responsables de la desaparición forzada de su hijo Édgar."
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LOS 43 NORMALISTAS DE AYOTZINAPA, A LA FECHA: DESAPARECIDOS INVOLUNTARIA Y FORZADAMENTE*, AÚN DE FACTO...
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796 días de impunidad
http://www.haberturk.com/dunya/haber/972332-sari-sacli-don-kisot
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Vuelta al mundo
Reitero: el fin de la Tecnología no debe ser su propio fin... FIDEIIUS. < https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=%22FIDEIIUS%22+el+fin+de+la+tecnologia+no+debe+ser+su+propio+fin
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Noam Chomsky: "EE.UU. es el principal Estado terrorista en el mundo"Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/85161-eeuu-principal-terrorista
10:44 AM - 18 Jun 13 · Details
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"Chávez, en la gran tradición de militares de izquierda en AL, empezando por Cárdenas"
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